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Sequía y política: el engañoso atajo de encontrar culpables externos
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LA NACIONCristian Mira
La pérdida de más del 40% de la cosecha de granos, según lo previsto para el comienzo de la campaña agrícola, tiene un efecto directo en toda la cadena productiva. La dimensión de esta crisis, de la que no se conocen antecedentes inmediatos, golpea no sólo a productores y empresas sino también a contratistas, transportistas, distribuidores, aplicadores y comercios, entre otros.
A los números globales que dieron a conocer las Bolsas de Comercio de Rosario y de Cereales de Buenos Aires, se suman los del impacto local. Uno de ellos es el informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba de esta semana, que estimó una merma productiva de 21 millones de toneladas de granos. Es decir que, sobre los 41 millones de toneladas que se pensaban obtener en Córdoba, se proyecta un volumen de 20 millones de toneladas.
La cifra, en términos de ingresos, representa unos US$7700 millones menos que generará el campo en esa provincia. El trabajo, elaborado por el economista Gonzalo Agusto, sostiene que ese monto equivale a unos 64.400 departamentos de un dormitorio en Nueva Córdoba, “uno de los barrios donde el valor del metro cuadrado es uno de los más caros de la ciudad capital de la provincia”, a 172.000 camionetas 4x4 doble cabina o a 11.300 cosechadoras. “En este sentido, una producción menor a la potencial implica 660.000 viajes menos en camión hacia los distintos centros de transformación o el puerto”, destaca.
En cuanto al impacto sobre el fisco provincial, el informe de la BCCA sostiene que implica que habrá una baja de ingresos por más de $10.800 millones, lo que equivale a “dos nuevas maternidades provinciales equipadas o 3430 viviendas sociales”.
Se suman otros datos, según la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas, el trabajo de los aeroaplicadores cayó un 50% en la zona núcleo. Los contratistas, en tanto, calculan por ahora una merma de 30% en sus servicios.
La tentación de buscar culpables externos a esa situación es muy grande. Lo hace el presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuando enumera los males que enfrentó en su administración, como la pandemia del coronavirus, la guerra en Ucrania y ahora la sequía. Le falta sumar la gripe aviar.
Pero esa tentación omite la incapacidad del Gobierno para enfrentar las crisis con medidas que, en vez de ahogar a la producción, la incentiven. Tras la invasión rusa, hubo un salto de los precios internacionales de los granos y de los fertilizantes que hacían temer una crisis alimentaria global. Aunque Ucrania fue afectada, más tarde los valores de las commodities se estabilizaron y los precios de los fertilizantes retrocedieron. ¿Qué hizo el gobierno argentino? Subió los derechos de exportación al complejo oleaginoso y creó un fideicomiso para sostener los precios de la harina y el pan que no cumplió con su propósito. A eso se sumó su política de “volúmenes de equilibrio”, eufemismo para controlar con cupos las exportaciones de trigo y maíz. Y, frente a la necesidad de obtener divisas para evitar otra clásica crisis cambiaria, recurrió al artificio del “dólar soja” que alteró la comercialización de la oleaginosa. Para la ganadería, además, dispuso el cierre abrupto de las exportaciones y luego lo limitó a siete cortes. Fue una señal negativa que, como había ocurrido en el primer gobierno kirchnerista, no consiguió bajar el precio de la carne en el consumo interno. Ahora, frente a la monumental sequía, el Gobierno apenas atisba anuncios de ayuda que no parece resolver el problema de fondo. El principal es la exacción que lleva adelante vía los derechos de exportación, mal llamados retenciones.
Crisis como la sequía o las eventuales inundaciones tienen un impacto menor cuando hay una estructura que reconoce el valor de la moneda, hay estabilidad financiera, una presión impositiva razonable y un Estado que acompaña a la producción, no que la ahoga.
Los grandes países productores y exportadores han enfrentado contingencias climáticas similares -Estados Unidos o Australia, por ejemplo- y las han sobrellevado porque el Estado no tiene como propósito de corto plazo capturar la renta del agro. Pero no hay que irse tan lejos ni tomar ejemplos de países ya desarrollados. Los vecinos Uruguay y Paraguay también han padecido en diferentes momentos crisis por sequías o inundaciones y sus gobiernos tienen reglas estables que les permitían a sus sectores productivos recuperarse de los golpes climáticos.
Las excusas, se sabe, no hay que buscarlas afuera.
