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Un camino bastante arduo
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LA NACIONCristian Mira
Un camino bastante arduo tendrá la dirigencia rural para modificar la decisión política del Gobierno de descargar el ajuste de la macroeconomía sobre los sectores productivos. Lo comprobaron los dirigentes de las entidades rurales del NOA y del NEA, organizados en una mesa regional, que se reunieron el martes pasado con el ministro de Agricultura, Luis Basterra.
Del encuentro se fueron con las manos vacías. Ni segmentación de los derechos de exportación ni compensaciones en los fletes por la distancia a los puertos aparecieron en el menú de posibles soluciones. Los ruralistas del NOA y del NEA advirtieron que la producción de granos esas regiones tendrá los números en rojo con el actual nivel de presión impositiva.
Mientras tanto, se suceden las concentraciones y asambleas en diferentes puntos de la región pampeana. Quienes tienen oídos atentos por haber transitado climas similares notan un malestar creciente de los productores que no están alineados a las entidades. Una de las reacciones que se percibe es el rechazo a la actitud de la dirigencia política a protegerse a sí misma del ajuste.
Es la sensación de que el esfuerzo recae siempre sobre quienes producen. Un documento de la Mesa de Enlace de Córdoba lo expresó así: "es imprescindible que el Estado se comprometa a achicar los costos de la política y bajar el gasto público. Mientras se agobia a los sectores productivos con una mayor presión tributaria, no se observan señales ni voluntad política de reducir los gastos en los tres poderes del Estado, tanto nacionales, provinciales como municipales".
En ese contexto, los ruralistas advierten sobre los riesgos que sobrevenga una catarata de aumentos impositivos como sucede en la provincia de Buenos Aires tras el incremento del inmobiliario rural. Los municipios se suman con las subas de las tasas viales y el gobierno bonaerense tiene las puertas abiertas al revalúo.
Ese paquete impositivo provoca reacciones en cadena, como el aumento de Ingresos Brutos a la mercadería que pasa por los puertos de la provincia de Buenos Aires. Aunque en la negociación legislativa se logró bajar el aumento propuesto de 100% a 50%, esa sobretasa afectará a la producción: desde los insumos que se importan e ingresan por el territorio bonaerense, como los fertilizantes, hasta la exportación de granos. El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, por ejemplo, calculó que tendrá un costo extra de US$12 millones de dólares por el aumento. No hay que ser adivino para darse cuenta que los "costos extra" caen en cascada hacia el primer eslabón de la producción. Esta historia se sabe cómo termina.
Además de lo que se hizo, está lo que "no se hizo". El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, explicó que se mantiene la alícuota de ingresos brutos (IIBB) sobre las ventas del agro, "cuando según el cronograma acordado en el marco del acuerdo fiscal en 2020 el sector debería de haber pasado a estar exento, lo que hubiese tenido un impacto a la baja sobre los precios de los alimentos". Una oportunidad perdida para que los consumidores de menores recursos accedan en mejores condiciones a los alimentos. Los que tienen más recursos económicos -con una menor proporción de sus ingresos dedicados a la alimentación- no son los principales afectados.
En la retórica del oficialismo -que la oposición acompañó con votos- se habló de "sectores concentrados" en referencia a quienes poseen un campo de 2000 hectáreas. "¿Un campo de cría del sudoeste de la provincia de Buenos Aires que tiene esa superficie del que se puede sacar $35.000 por mes es un sector concentrado?", se preguntaba un productor de la región.
Otros interrogantes que muchos se formulan en momentos del aumento de la presión impositiva es si podría prosperar en la Justicia una demanda contra los derechos de exportación. El abogado y consultor Andrés Domínguez explica que la jurisprudencia de la Corte Suprema no es favorable al respecto.
Cuando declaró su inconstitucionalidad -en una causa iniciada por una empresa pesquera en 2002- lo hizo porque el Ejecutivo no tenía la autorización del Congreso para aumentarlos. Ahora, por la norma votada hace unas semanas, sí lo tiene. Y es más, sigue vigente la potestad de incrementarlos. En cualquier momento podría llevar a la soja del 30 al 33% y el trigo, maíz y girasol del 12 al 15 por ciento. Que no la haya hecho ahora no significa que no pueda hacerlo.
El Gobierno puede argumentar que la devaluación provocó una mejora de los precios de la producción. Sin embargo, en el mediano plazo, los costos también aumentan. En un contexto en el que todavía no hay un plan inflacionario sino apenas un congelamiento de algunas variables para que la situación no empeore, en el mediano plazo puede haber una caída de la producción si las condiciones no cambian. Confiar en una mejora circunstancial de los precios internacionales puede servir para el corto plazo, pero no para volcar la balanza hacia lo que el país necesita: más inversiones, producción y exportaciones.
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