Una diputada militante de La Cámpora impulsa un impuesto del 10% a agroquímicos y fertilizantes

Una diputada del Frente de Todos, con el acompañamiento de otros pares del mismo espacio político, presentó un proyecto de ley para gravar con no menos de un 10% a los agroquímicos y fertilizantes “no orgánicos”. Su objetivo: fomentar con lo recaudado un fondo de promoción para la agroecología.

Se trata de Florencia Lampreabe, militante de La Cámpora como señala en Twitter y legisladora por la provincia de Buenos Aires, que presentó el proyecto de “Ley de Promoción de la Agroecología”. Lo hizo con las firmas adherentes de Leonardo Grosso, Marisa Uceda, Tanya Yanet Bertoldi, Juan Manuel Pedrini, Juan Carlos Alderete, Leila Susana Chaher, Eber Albano Perez Plaza y Aldo Adolfo Leiva.

En la iniciativa en el artículo 1 propone declarar de “interés público, nacional y estratégico el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica, tanto en estado natural como elaborado, con el objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria, contribuyendo al cuidado del ambiente y generando beneficios que mejoren la calidad de vida de los/as habitantes de la República Argentina”.

Entre otros puntos, el proyecto dice que sus objetivos son “velar por la protección del derecho a un ambiente sano consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional”, “velar por la protección del derecho a la salud de los habitantes de la Nación”, “velar por la protección del derecho a la alimentación de los habitantes de la Nación consagrado en el artículo 11 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, “promover la soberanía alimentaria”, entre otros puntos.

La diputada habla en su iniciativa, por ejemplo, de “fomentar la incorporación de prácticas agroecológicas, apoyar los procesos de transición a sistemas de producción agroecológicos y fortalecer los sistemas ya existentes”, “ampliar los sistemas de producción de base agroecológica, tanto en ámbitos rurales, como periurbanos y urbanos, incluyendo diversos tipos de unidades de producción”. También menciona el impulso a estos productos y el uso de tecnologías que vayan en ese sentido.

Impuesto

Después llega al punto de la creación del “Fondo Nacional de Promoción de la Agroecología”. Allí sostiene que ese fondo se nutrirá, entre otros aportes, del 0,25% “de lo recaudado por derechos de exportación de soja, maíz, trigo y sus respectivos productos derivados”.

Y en su artículo 11 señala: “Establécese el impuesto a los fitosanitarios y fertilizantes no orgánicos cuya alícuota será fijada por el Poder Ejecutivo Nacional de manera progresiva de acuerdo a su clasificación por nivel de toxicidad y la cual no podrá ser menor al diez por ciento (10%) del valor del producto. Para aquellos fitosanitarios y fertilizantes no orgánicos importados el valor de la alícuota establecida por el Poder Ejecutivo Nacional se duplicará”.

En el articulo 14 busca la creación del Registro Nacional de Productores/as Agroecológicos/a y en el 19 el Programa de Promoción de la Agroecología. Ese programa deberá “garantizar líneas de crédito y financiamiento para acceder a tierras, herramientas e infraestructura destinadas a transicionar hacia la producción agroecológica”, “garantizar la disponibilidad y acceso a bioinsumos, biopreparados y otros productos naturales, a través del fomento a la investigación, registro, comercialización y producción de los mismos”, por ejemplo.

El proyecto de ley propone como autoridad de aplicación a la cartera de Agricultura junto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En la iniciativa presentada dice “Ministerio” de Agricultura, pero hoy es Secretaría. La autoridad de aplicación administrará el Fondo Especial de la Agroecología y ejecutará el Programa de Promoción de la Agroecología.

Entre agroquímicos y fertilizantes, el mercado total en la Argentina mueve más de US$5000 millones. Gran parte de los fitosanitarios son “banda verde”, que no representan riesgos siguiendo sus indicaciones. Todos los productos son aprobados por el mismo Estado vía el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).