Vicentin. El avance del Gobierno ya genera consultas desde varias embajadas

La intervención y expropiación de la cerealera Vicentin que quiere llevar adelante el Gobierno ya despertó "preocupación" e "inquietud" en embajadas de otros países con los cuales la Argentina tiene relaciones comerciales y que se mostraron interesadas por conocer información sobre un eventual impacto en las ventas externas.

Así lo expresó Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), en declaraciones a Radio Colonia.

Según el directivo, la solución al problema de la empresa, en concurso preventivo por una deuda declarada de casi $100.000 millones, debe ser "ajena a la expropiación". En rigor, según el ejecutivo, las firmas que componen la entidad hicieron un análisis interno "desde el punto de vista de defender la división de poderes, el proceso judicial y que haya una solución económica para un problema económico".

Idígoras recordó que el negocio de las compañías que operan en el sector es un negocio donde se deben conseguir unos US$25.000 millones para prefinanciar exportaciones. En este contexto, señaló: "Muchas embajadas de distintos países, compradores, han tomado contacto conmigo para expresar su preocupación, inquietud; Brasil, Estados Unidos, Canadá, China, India, países europeos para entender qué estaba pasando".

Ante una consulta de LA NACION, Idígoras amplió: "Algunas embajadas expresaron su preocupación e inquietud porque esta intervención pueda ocasionar riesgos en el abastecimiento de granos y derivados de la molienda dado que son alimentos básicos para sus necesidades de seguridad alimentaria. Nuestro rol como cámara es brindarles información para que transmitan a sus capitales y lleven la tranquilidad necesaria que pueda permitir a todas las empresas argentinas cumplir sus embarques de alimentos".

Agregó que a los contactos desde las embajadas, no en particular de los embajadores, se les dijo que seguirán las operaciones de exportación y que "no hay riesgo alguno de que el Estado pueda obstaculizar los programas de exportación previstos". Esas mismas embajadas el mes pasado habían consultado por el impacto de la bajante del río Paraná para las exportaciones. Para más información sobre los objetivos de la expropiación se les señaló que deben consultar con el Gobierno.

Según el ejecutivo, "cualquier noticia en el mercado de granos siempre genera nerviosismo en el mercado mundial y debemos actuar rápido para atender esas dudas, porque si no enseguida se castiga el origen argentino con menores precios, menores compras y mayores garantías de bancos para otorgar prefinanciación de exportación a las empresas argentinas".

Sobre este último punto, en LN+Campo, el programa que se emite todos los sábados por LN+, Idígoras hoy expresó que desde que se empezó a hablar de la expropiación los bancos que financian comenzaron a pedir más garantías.

Por otra parte, José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, también en declaraciones a Radio Colonia fue crítico con la iniciativa para la expropiación a la empresa.

"Esa palabra expropiación suena muy mal, significa ruptura del orden jurídico, significa romper reglas de juego", señaló. "En un momento como el actual, una deuda de US$1500 millones, que la tenga que absorber un Estado con finanzas flacas y en medio de una discusión con el FMI, los bonistas, es una muy mala señal para los mercados y para el contribuyente, porque en definitiva el contribuyente, nosotros, vamos a tener que hacernos cargo de esto", precisó.

LA NACION

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