Canjear depósitos por bonos no es la solución
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El nuevo intento del Gobierno de solucionar el goteo de dinero en efectivo del corralito por medio de un nuevo plan Bonex es un grave error, pues viola claramente los derechos adquiridos por los depositantes.
Es falso que no existen alternativas, como sostienen muchos analistas. Desde Exante hemos propuesto una alternativa claramente superior, la que no sólo hemos hecho pública ya en febrero sino que además la hemos puesto detalladamente en conocimiento del ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, y de las autoridades de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) en marzo último.
El fallo de la Corte Suprema de febrero no declaró inconstitucional el "corralito" en su "versión Cavallo", sino sólo en su "versión Duhalde". La primera no violaba la ley 25.466 de intangibilidad de los depósitos, aprobada por el Congreso en agosto y promulgada por el Ejecutivo en setiembre de 2001. Sólo restringía la salida de efectivo, pero no tocaba ni la disponibilidad, ni los montos, ni la moneda, ni el plazo de los depósitos pactados.
El verdadero "campo de concentración" financiero del gobierno de Duhalde es el que, a juicio de la Corte, violó esa ley, porque reprogramó los plazos de los depósitos a término y modificó la moneda de origen de los pactados en moneda extranjera, todas ellas medidas expresamente prohibidas por la ley.
El canje por bonos que ahora pretende el Gobierno es igualmente inconstitucional. Y no es, como cree el Gobierno, asimilable al plan Bonex de 1989, que sí fue avalado por la Corte a partir del famoso fallo del caso Peralta.
Aquel canje se aplicó sólo a los depósitos en australes en el sistema financiero, que en ese momento eran los mayoritarios, pero no a los pocos depósitos en moneda extranjera que existían. La entonces flamante ley 23.758, que regía sólo para los depósitos en moneda extranjera contenía un artículo (el 5°), que terminó siendo la base de nuestra propuesta de ley de intangibilidad de los depósitos que consideraba las condiciones pactadas entre depositantes, deudores y bancos un "derecho adquirido" de las partes, inmodificable por parte del "poder público" en ninguna circunstancia.
El caso Peralta no sirve como antecedente de un plan Bonex versión 2002 como el que promueve el Gobierno, pues la ley de intangibilidad de los depósitos vigente ahora protege todas las imposiciones que fueron realizadas hasta su suspensión transitoria, ocurrida el 6 de enero de 2002. Este intento puede generarle al Gobierno un segundo papelón judicial, en el que esta vez estarían acompañados por el Congreso.
Otras consideraciones
Antes de llegar a esta gravísima situación institucional, debe considerarse una alternativa como la que proponemos.
Deben volver a autorizarse las cuentas corrientes y cajas de ahorro en dólares. En ellas podrían depositarse los montos que resulten beneficiados por los amparos judiciales. Los beneficiarios podrán utilizar esos montos dolarizados dentro del corralito, con las restricciones que existen desde diciembre último.
Se solucionaría de inmediato el problema de liquidez sistémica que originan los amparos. Hoy, al no disponer de instrumentos bancarios en dólares, las entidades se ven en la obligación de cumplir con los amparos en efectivo, único instrumento con el cual los depositantes pueden reencontrarse legalmente con los dólares que les corresponden. Con nuestra propuesta, en cambio, los amparados quedarían también dentro del corralito, aunque en cuentas a la vista en dólares de las que podrían disponer libremente.
Es cierto que la otra parte del problema de liquidez del sistema, la que depende de la autorización a retirar efectivo de las cuentas a la vista en pesos, seguirá siendo una amenaza.
Pero si se consumase el Plan Bonus 2002 para los depósitos a plazo fijo reprogramados, los depositantes en cuentas a la vista entenderán de inmediato que son ellos los próximos candidatos a un plan Bonex 2002 "fase II" que les canjee sus tenencias; así sólo se logrará incentivar aún más la salida de recursos del sistema.
Además, se debe resolver un problema patrimonial grave. Mientras que los depósitos fueron pesificados a $ 1,4, los amparos obligan a devolverlos a la cotización de mercado, pues se remiten a un fallo que declara inconstitucional esa pesificación.
La diferencia es un aumento del subsidio concedido a los deudores pesificados que no es cubierto por el Fisco, como sí lo fue la diferencia original entre el peso por dólar que paga el que tomó un crédito y el peso con cuarenta que el banco le reconoce al depositante.
El Estado debería darle al banco títulos por la diferencia de cotización vigente al momento de pago de cada amparo. Podrían utilizarse los nuevos Bonus en dólares.
Hay un problema que, en cambio, se terminaría de profundizar con nuestra propuesta. Lamentablemente no tiene una solución agradable, pero debe encararse de una vez. Los depositantes que obtengan sus amparos en cuentas a la vista en bancos considerados insolventes los transferirán a otros considerados más seguros. Esto obligará a tratar la situación de las instituciones con problemas, poniendo en marcha un proceso de intervención o liquidación.
Si bien esto no resulta simpático, debe comprenderse que proteger a algunas pocas entidades fue la causa que llevó al corralito, nos sumió en el actual "campo de concentración financiero" y nos condujo a la debacle.
El conjunto de la banca debe reaccionar en favor de una salida que preserve los derechos de los ahorristas, quienes no tienen por qué pagar los subsidios que otorgó el Gobierno ni sus errores de política económica.
Pensar que un nuevo Plan Bonex salvará al sector financiero es una estrategia de cortísimo alcance. La banca ha sido injustamente acusada por una parte de la opinión pública de ser la causante de los males del corralito. El culpable fue el Estado, que se endeudó irresponsablemente, devaluó innecesariamente y decidió obligar a los ahorristas en dólares a subsidiar a los deudores en dólares pesificados.
Con el tiempo, esto se comprenderá y la opinión pública puede volver a recuperar su confianza en los bancos. Pero si se consuma el nuevo plan Bonex, la complicidad de la banca será difícil de refutar y el prestigio del sector quedará fuertemente lesionado.
Los autores son economistas y director y miembro de la consultora Exante, respectivamente.
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