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Capital de riesgo: emprendedores en peligro
La nueva administración impulsa una serie de medidas y normas que atentan contra el surgimiento y el desarrollo de las startups
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En las últimas semanas, y a través de diferentes organizaciones y medios, diversos sectores del emprendedurismo argentino levantaron quejas ante medidas de la nueva administración nacional que consideran nocivas para el ecosistema local, como la suspensión momentánea del régimen de Ley de Economía del Conocimiento, el parate del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (Fondce) y el incesante interés del presidente de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, por investigar a las Sociedades Simplificadas de Acciones (SAS), el tipo más utilizado por emprendedores en los últimos años, por considerarlas en la mayoría de los casos vehículos offshore para la evasión impositiva.
Tales decisiones del Gobierno son vistas por referentes de la escena startup como retrocesos inmediatos a políticas de Estado que, por casi unanimidad, el Congreso aprobó tres años atrás en un paquete conocido como ley de emprendedores (salvo el régimen de conocimiento, que fue tratado separadamente). Banderas que el macrismo erigió para buscar confirmar una de sus promesas de campaña: "Un país de 40 millones de emprendedores".
El interés de la IGJ de suspender momentáneamente la inscripción de SAS fue la gota que rebalsó el vaso y llevó a la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) a emitir un comunicado, en el que puso de manifiesto algunos datos propios: desde marzo de 2017, cuando fue aprobada la ley de emprendedores, se crearon 20.000 empresas con estos vehículos, con más de 47.000 puestos de trabajo directos registrados. En paralelo, en 2019 y 2020 fue el tipo societario más elegido por las pymes, con el 50% de las firmas constituidas.
Mientras que la anulación del registro online todavía está en carpeta, la IGJ ya comenzó su estrategia: mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial del 11 de marzo, comenzó a exigir -en el caso de que aplique- un capital inicial más elevado y anuló la posibilidad de fijar un objeto múltiple para esas sociedades. En ASEA dijeron que antes de esa decisión "cualquier persona que quería abrir una SAS podía hacerlo con un capital inicial equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles". Y agregaron: "Con la nueva resolución, la IGJ está habilitada para exigir un monto muy superior en función del criterio que aplique el funcionario de turno".
Para Nissen, de las 14.000 SAS que se constituyeron en Buenos Aires (donde posee jurisdicción para controlar), una pequeña minoría fue de emprendedores. También, dice tener un "buen legajo" de casos de SAS que tras constituirse con el capital mínimo a los días estaban gastando cientos de miles de dólares en inversiones. "Queremos que los emprendedores tengan beneficios societarios", dijo, aunque dejó entrever que no será con esta modalidad.
Según confirmaron desde la gestión porteña, actualmente el sistema SAS sigue funcionando, ya que el Poder Ejecutivo no dictó una orden para detenerlo mediante el Boletín Oficial. Para Nissen, Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Emprendedores (Sepyme) no están en desacuerdo con su avanzada. "Me consta que consideran importante que la IGJ tenga que intervenir", dijo. Aunque, en un requerido anonimato, un especialista en sociedades, que usualmente asesora a emprendedores, salió de reuniones informales con funcionarios de Producción en las que éstos expresaron su enojo con la postura de Nissen. "Básicamente porque genera peleas innecesarias que no ayudan en el difícil contexto que vive el país hoy", agregó.
Paralelamente, el 13 de marzo el senador del Frente de Todos por Oscar Parrilli presentó un proyecto de ley para suspender por 180 días la constitución e inscripción de las SAS. En la propuesta también pidió el "traspaso inmediato" del registro digital al "libro o libros de registro que disponga la autoridad de contralor". En Capital Federal, Nissen.
En respuesta a estas ideas, Alejandro Ramírez, responsable de Políticas Públicas de ASEA, dijo que los libros contables de las SAS, al ser escritos de manera digital y a través de tecnología Blockchain, brindan "absoluta transparencia e inviolabilidad en la gestión de la información". En contraparte, Nissen comentó que no está en desacuerdo con la digitalización, pero pidió control de la Justicia: según sus declaraciones, la IGJ solo puede ver las sociedades una vez constituidas. Por el momento, la suspensión del registro online supondría una vuelta al papel, codiciado por ciertos contadores para "dibujar con mayor facilidad" los libros contables, según comentaron fuentes especializadas a LA NACION.
La decisión de Nissen afectará exclusivamente a Capital Federal, ya que las otras dos jurisdicciones que aplican SAS, Mendoza y Córdoba, tienen sus propias inspecciones. "En Mendoza podrían instalarse nuevas empresas", comentó Federico Colonnese, director de Emprendedores de esa provincia, quien de paso lanzó la invitación: "Por lo menos, tendríamos reglas claras. Eso es muy importante para los emprendedores". Tanto Córdoba y Mendoza, por el momento, aplican sistemas de inscripción híbridos que constan de una parte en papel y otra digital.
Desde el gobierno porteño, el director General de Emprendedores, Juan Pedro Corica, dijo que la ley que instituyó las SAS pasó por el Congreso y fue aprobada casi por unanimidad. "La votaron todos los sectores políticos. Lo vemos muy mal y no entendemos por qué esta vuelta atrás", agregó. Por su parte, Nissen destacó que la IGJ no puede tocar la ley pero sí puede reglamentar el tema SAS, dado que está en la órbita del organismo.
A la espera
Llamó la atención que el comunicado de ASEA no llevara la firma de la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (Arcap), que reúne a los principales inversores de Argentina. El perfil bajo de la entidad, cultivado hace varios meses, se mantiene a la espera de una reunión con Mariela Balbo, recientemente nombrada subsecretaria de Emprendedores, quien no accedió a los pedidos de entrevista por parte de LA NACION.
El motivo principal de la charla será el Fondce, el fondo de $1000 que el gobierno de Mauricio Macri anunció para emprendedores en noviembre de 2017 (al tipo de cambio en ese entonces, cerca de US$60 millones) para coinvertir con fondos y aceleradoras, y que desde el cambio de gestión está detenido. Según datos oficiales, fueron realizados desembolsos por US$25 millones en la anterior gestión.
El gobierno actual, destacan inversores con contratos ya firmados con Fondce, no tiene interés en defaultear los compromisos asumidos. "Nos dicen que nos quedemos tranquilos, que lo que ya está comprometido se cumple", añadieron desde firmas de capital de riesgo, aunque esgrimieron preocupación porque desde hace meses los montos están parados, mientras que los costos de mantenimiento de un fondo de capital de riesgo no se detienen. "Se nos pidió que no presentemos inversiones", dijeron, e inmediatamente dejaron en claro que para un fondo de venture capital eso es algo imposible, ya que el dinero que tienen no es propio, sino que deben responder por él ante los LPs (limited partners), con quienes se comprometen a realizar inversiones en un plazo determinado.
Por estos días, estas firmas continúan realizando inversiones, aunque con modalidades algo enrevesadas. "Por ejemplo: si invierto US$1 millón, tengo que hacerlo mediante dos notas convertibles. Una, de US$600.000, es la mía, y la otra, de US$400.000, del Fondce; la última es una cedible que le doy al gobierno una vez que me gire el dinero", explicó un jugador del sector.
Una de las razones de la tardanza de los pagos es que aún no fue elegida la nueva secretaría técnica -una especie de comité asesor- que debe aprobar los casos que eleva la Secretaría de Emprendedores (Sepyme) junto con los fondos de inversión. Tal demora se debe en parte a que los miembros del comité pertenecen a diferentes ministerios del Estado, aseguraron cercanos a esos procesos.
Si bien el Gobierno no se expidió formalmente sobre el tema, inversores con información directa de la Sepyme dieron cuenta de que el propósito no es realizar un segundo capítulo del Fondce a futuro, aunque sí hablaron de un fondo más pequeño para empresas en estadios más tempranos y de tinte más productivista.
Como consecuencia del contexto de retracción económica, fondos de venture capital ya dejan de mirar con el mismo interés a la Argentina. NXTP Labs, confirman allegados, no es la única firma elegida por el Fondce que viró su atención hacia otras latitudes. En junio, Cristobal Perdomo, fundador de Jaguar Ventures (otro de los elegidos por Fondce), solía decir que buscaría ubicar hasta US$10 millones en compañías locales en un plazo de tres años. Por estos días las proyecciones para el país no son de esas magnitudes.
Otros inversores con nuevos proyectos piensan mirar a la región, pero con estructuras armadas en Uruguay. Así como otros jugadores del sector, debido a los cambios en bienes personales, en parte, ya cruzaron el charco para manejar sus portafolios desde ese pais vecino.
Tales cambios de timón son réplicas de la estrategia que desde hace años aplica uno de los dos fondos latinos más importantes, creado por los ex MercadoLibre Hernán Kazah y Nicolás Szekasy, que presta la mayor parte de su interés a Brasil, donde compite con el fondo local Monashees, a pesar de que realiza apuestas desperdigadas en alguna compañía local, siempre y cuando sus ganancias no dependan solo del mercado argentino.
A pesar de que se sentían más representados por Macri y la gestión de su secretario de Emprendedores y Pymes, Mariano Mayer, el grueso de los inversores festeja que en el Ministerio de Producción hayan desembarcado alguien como Matías Kulfas y su segundo en el área, Guillermo Merediz y no un funcionario más cercano al líder social Juan Grabois, quien días atrás se despachó en Twitter contra el modelo startup. Escribió: "El 'emprendedorismo' es la receta de los ricos y sus ONG para culpar a los pobres de sus propios padecimientos. Sin inversión pública, organización comunitaria y derechos socio laborales no hay justicia social, solo filantropía neoliberal".
Por su parte, el grueso del equipo de Mayer se desmembró: mientras que algunos decidieron irse por cuenta propia, otros fueron invitados formalmente a hacerlo. Hoy, el ex funcionario trabaja en el armado de su consultora, mientras que en paralelo prepara un fondo de capital de riesgo orientado a estadios tempranos junto con el emprendedor Tomás Pierucci, antes fundador de Bluesmart -confeccionaba valijas inteligentes- y por estos días despidiéndose de un puesto corporativo madrileño en Glovo.
Referentes de fondos de inversión de capital consideran que no hablan el mismo idioma con la nueva administración nacional. Ya lo habían entendido el pasado noviembre, cuando durante un encuentro en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (presidida en ese entonces por el actual ministro de Educación, Nicolás Trotta), el hoy presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Nicolás Peirano, antes de aclarar que no quería que Argentina fuera una fábrica de software, se quejó en más de una ocasión de "los fondos de afuera que vienen a descremar al ecosistema".
Como argumento contrario, inversores locales dan cuenta de que más del 90% de sus fondos son del exterior, y que sin ellos no podrían realizar su trabajo, ya que el dinero proveniente de Argentina es de inversores ángeles o corporaciones con montos pequeños. "El actual Gobierno no cree en el venture capital como una herramienta para impulsar el emprendedorismo. Va a priorizar la rama productivista, no a las startups tecnológicas del estilo Silicon Valley", dijo un jugador del sector. Mientras que un colega suyo enfatizó en la necesidad de explicarle al Gobierno que el capital de riesgo no es timba financiera, sino una inversión productiva para que los emprendedores crezcan. Aunque, por el momento, concuerdan, la atención estará puesta en otras cosas. O como varios asintieron en términos geográficos: menos Palermo, más San Martín.
Marchas y retrocesos
Un proyecto que quedó en suspenso
- 20 nuevas empresas: Son los miles de sociedades simplificadas de acciones (SAS) que se crearon desde 2017 cuando fue aprobada la ley de emprendedores, impulsada por el gobierno de Mauricio Macri.
- 47 empleados: Son los miles de puestos de trabajo directos registrados que se crearon en los últimos tres años a partir de la entrada en vigor de la ley de emprendedores.
- 14 concentración: Son los miles de SAS que se constituyeron en Buenos Aires, la jurisdicción que concentró el mayor número de nuevas sociedades surgidas al amparo de la ley de emprendedores.
