El Ministerio de Hacienda abandona el Tribunal Fiscal

El anteproyecto de Presupuesto elaborado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas para 2017 prevé un fuerte recorte en gastos de personal del Tribunal Fiscal de la Nación. La medida podría tener un impacto considerable en el desenvolvimiento del organismo, perjudicando por igual a los contribuyentes y la recaudación fiscal.

Las penurias del Tribunal Fiscal son palpables a simple vista: de las 21 vocalías, 10 están vacantes; el exiguo personal que asiste a los vocales está contratado y aspira a marcharse tan pronto pueda conseguir algún trabajo mejor, desalentado por los magros salarios y las nulas posibilidades de incorporación a la planta permanente; las oficinas están pobladas de muebles viejos, pilas de expedientes y un equipamiento informático vetusto. Para complicar el cuadro, el Tribunal arrastra un largo conflicto con el personal, que se muestra hastiado de la precarización laboral que padece desde hace tiempo. Transcurren así los días y las semanas con paros parciales o totales sin solución aparente a la vista.

Creado en 1959 bajo la presidencia de Arturo Frondizi, el Tribunal Fiscal de la Nación es el único tribunal nacional especializado en materia tributaria y aduanera.

Para su creación se tuvieron en cuenta como modelos el Tax Court de los Estados Unidos y el Tribunal Fiscal de México. Cuando los contribuyentes apelan las liquidaciones de tributos y multas generadas por la Dirección General Impositiva o la Dirección General de Aduanas, éstas quedan en suspenso y no pueden cobrarse hasta que se pronuncie el Tribunal.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas siempre fue reticente a la hora de destinar recursos humanos, técnicos y financieros al Tribunal, y mucho más generoso con las agencias recaudadoras de la AFIP. Quizá porque la AFIP recauda impuestos y el Tribunal controla la legalidad de los actos de los entes recaudadores.

Hay actualmente en el Tribunal litigios por $ 50.000 millones de pesos, y se estima que un 65% de los importes perseguidos por el fisco podría ser confirmado. Pero cuantos menos recursos humanos y materiales se asignen al Tribunal, mayores serán las demoras en resolver las causas. Diariamente ingresan muchos más expedientes de los que un vocal puede resolver en un día, con lo que ninguna causa termina antes de los cinco años, y no es por falta de voluntad de los funcionarios, sino por la terrible carencia de recursos. Una realidad que perjudica a todos, porque el contribuyente tiene derecho a un proceso sin indebidas dilaciones, y el fisco a cobrar sus créditos cuando la sentencia es favorable a sus pretensiones.

El Gobierno haría bien en aumentar la partida presupuestaria del Tribunal para que pueda pronunciarse en el menor tiempo posible. Pero esto no ocurrió y probablemente tampoco vaya a ocurrir en el futuro. Para peor, los contribuyentes deben pagar una costosa tasa del 2,5% sobre el monto de cada litigio que inician, si aspiran a que el Tribunal revise su caso. Si la tasa fuera mayormente destinada a reforzar la planta, mejorar los sueldos del personal administrativo y equipar técnicamente al Tribunal, la justicia administrativa podría funcionar razonablemente bien. En definitiva, para eso se paga. Pero por desgracia los fondos son desviados hacia otras necesidades, incluyendo el pago de estímulos pecuniarios al personal de aduana e impositiva.

Traspaso

El Poder Ejecutivo debería traspasar el Tribunal a la órbita del Ministerio de Justicia. Hay buenas razones para ello. El Tribunal debe resolver litigios en los que una de las partes es la AFIP, organismo que depende del mismo ministerio que rige los destinos del Tribunal. Si bien no es del todo imposible mantener la independencia cuando se es juez y parte, las consecuencias no siempre son gratuitas cuando las sentencias desagradan a la AFIP. Prueba de ello es el estado actual en que se encuentra el Tribunal.

Indudablemente, la tutela efectiva de los derechos de los contribuyentes aconseja su traslado a un ambiente donde no se mida ni recompense la importancia de un organismo por la cantidad de dinero que recauda, sino por el grado de acatamiento a las leyes, la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Ese lugar es hoy el Ministerio de Justicia.

El autor es abogado, especialista en derecho aduanero y comercio exterior. Miembro fundador de la Academia Internacionalde Derecho Aduanero