Cómo quedaron las jubilaciones y el bono con la nueva ley que votó el Senado
El ingreso más bajo subiría un 16,4% y para quienes no reciben bono la mejora sería de 7,2%; se busca cubrir la inflación de enero de 2024, pero sin considerar las pérdidas de los años previos
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La sanción del proyecto de ley que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria reconfigura los ingresos mensuales de millones de beneficiarios del sistema previsional. La nueva norma, impulsada por la oposición y aprobada por una amplia mayoría en el Senado, establece aumentos automáticos tanto en los haberes mínimos como en el bono previsional, con efecto inmediato.
La particularidad es que el gobierno de Javier Milei ya anunció que vetará la norma. Por eso, su aplicación es incierta.
Con esta ley, la jubilación mínima pasa de $309.000 a $331.000. Es un incremento del 7,2%, que se aplica de manera retroactiva desde julio. A ese monto se suma un nuevo bono previsional que reemplaza al vigente: hasta ahora era de $70.000, pero el nuevo texto lo eleva a $110.000. En consecuencia, el haber total de quienes perciben el ingreso mínimo asciende a $441.000 mensuales.
La actualización no es solo puntual. La ley establece que el bono también será ajustado mensualmente de acuerdo con la inflación, junto con los haberes. De esta manera, se incorpora a la dinámica del sistema una herramienta que, hasta ahora, se otorgaba por decreto y de forma discrecional.
El texto también incorpora una cláusula de prórroga por dos años para la moratoria previsional. Esto permitirá que continúe vigente la posibilidad de jubilarse para quienes no hayan completado los 30 años de aportes requeridos. Esa herramienta beneficia especialmente a mujeres que desarrollaron tareas de cuidado sin haberes registrados en el sistema formal.
Además, la fórmula aprobada establece que las jubilaciones seguirán actualizándose por inflación, medida a través del índice de precios al consumidor (IPC). Pero también introduce una mejora adicional: en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre se sumará un porcentaje adicional equivalente al 50% de la variación del índice de salarios (RIPTE) por encima del IPC, si es que este indicador lo supera.
Con estos ajustes, un jubilado que cobra el haber medio —hoy en torno a los $900.000— pasaría a percibir aproximadamente $964.800. Los haberes máximos se elevarían de $2.081.261 a cerca de $2.231.111. Se estima que los cambios tendrán un costo fiscal adicional de entre 0,2% y 0,3% del PBI en lo que resta del año.
Aunque el Poder Ejecutivo anticipó que vetará la ley, su sanción abre un nuevo capítulo de tensión política. Si las cámaras del Congreso logran reunir los votos necesarios para rechazar ese veto, la norma quedará firme.
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