Concesión de rutas: el Gobierno quiere romper con “el club de la obra pública” y dará un fondo “anti kuka” de garantía

El próximo lunes 8 de septiembre, a las 13, el Gobierno espera abrir los sobres con las ofertas para la primera concesión del mantenimiento de rutas nacionales hecha con financiamiento privado en un largo tiempo, tal como adelantó LA NACION.

Se trata de la “ruta del Mercosur”, principalmente la RN° 14, una de las más transitadas del país, ya que funciona como punto de entrada para el tráfico comercial proveniente de Brasil. El trayecto a concesionar comienza cerca de Campana, en la provincia de Buenos Aires, y finaliza en Paso de los Libres, Entre Ríos. Son 741 kilómetros de camino.

“Hay mucha expectativa por la concesión de rutas. Es un tema que preocupa a todos porque el estado de los caminos no es bueno. La empresa que presente la oferta más baja por el cobro de peaje será la que gane la licitación”, contó Martín Maccarone, secretario de Infraestructura, en el streaming oficialista Carajo.

Sin embargo, tanto en el sector de la construcción como en el financiero creen que el Gobierno terminará prorrogando el plazo hasta después de las elecciones legislativas de octubre. “A 60 días de una elección, ¿alguien pondría el gancho en un crédito a 10 años? Si [el Gobierno] se afianza por mucho es una señal, si se afianza por poco es otra. Hay que esperar”, dijeron en una entidad bancaria, que aclaró que “la plata es de los ahorristas”.

El principal riesgo está vinculado al repago de la obra, que se realizará a través del cobro de peaje, una vez que los trabajos estén finalizados. Maccarone explicó que podrá dividirse en tramos y que el valor del peaje aumentará proporcionalmente según el avance del proyecto. No obstante, el historial del Estado en materia de congelamiento de tarifas encarece el costo del financiamiento.

Para mitigar ese riesgo, Maccarone señaló que, junto con las licitaciones, el Gobierno ofrecerá como garantía el fideicomiso público Fogar –Fondo de Garantías Argentino–, creado en el año 2000, originalmente como herramienta para facilitar el acceso al financiamiento de pymes y emprendedores.

“Son concesiones a 20 años, y la pregunta que hacen todos los inversores es quién me asegura que no van a cambiar el valor del peaje o congelarlo una vez que la obra esté terminada, como ocurrió en el pasado. Por eso, el Gobierno ofrecerá una garantía. El Fogar le asegurará al inversor que, si el Estado modifica la tarifa o no la actualiza según lo previsto, se le devolverá el préstamo que haya tomado para invertir en las rutas”, explicó el funcionario. “Es un fondo anti kuka”, dijeron en el streaming Carajo.

Al momento, solo se publicó una circular que mencionó al Fogar como fondo de garantía la semana pasada, pero no hubo más detalle. La idea del Gobierno es que sea un fondo de garantía para los bancos, no para el concesionario, y que cubra solo decisiones unilaterales hechas por el Estado, pero no factores externos como una intervención de la Justicia, como un amparo que impida los aumentos de peajes.

Maccarone adelantó que la licitación incluirá una novedad: se elimina el requisito de que las empresas constructoras deban presentar antecedentes técnicos para participar. Es decir, cualquier empresa podrá ofertar, incluso si no pertenece al rubro de la construcción.

“Se puede presentar cualquier empresa. Con esto rompemos con el club de la obra pública. Antes, para presentarse, había que tener antecedentes y demostrar que habían construido obras similares a las que se licitaban. Como siempre se presentaban los mismos, era fácil que se pusieran de acuerdo y se repartieran las rutas”, dijo Maccarone.

Ahora, aseguró, podrían participar compañías de distintos sectores. “Mercado Libre o Cargill, si quieren, pueden hacerlo”, señaló.

Para eso, la Secretaría exigirá un seguro de caución. Si la empresa adjudicada no realiza los trabajos comprometidos en la licitación, el Estado cobrará ese seguro, que será equivalente al 30% del valor total de la obra.

“El control de quién puede llevar a cabo la obra lo hará el privado: la compañía de seguros evaluará si la empresa es apta y, si así lo considera, le otorgará el seguro para participar de la licitación. De esta forma, abrimos el mercado a cualquier interesado”, detalló. El secretario, sin embargo, no mencionó los efectos negativos que generaría la falta de avance de obra.

Por otro lado, el Gobierno está evaluando aplicar modelos que ya se utilizan en otros países: destinar parte de los ingresos por peajes de rutas altamente transitadas a cubrir los costos de mantenimiento de rutas menos rentables. “Estamos analizando que, en autopistas como la Riccheri, que son muy rentables, se puedan destinar fondos para realizar obras en rutas donde no se justifica el cobro de peajes”, dijo Maccarone.

Estos se debe a que el 75% de las rutas nacionales del país no tienen el volumen suficiente de tráfico para repagar las obras. Por eso, por ahora, el Gobierno buscará concesionar 9300 km, el 20% de la red vial nacional —alrededor de 40.000 km—, por donde circula el 80% del tránsito del país.

En primer lugar, se licitará la ruta 14, y unos 15 días después, se lanzará la licitación de otros 4500 kilómetros, y más adelante se sumarán 4000 kilómetros adicionales, correspondientes a rutas del noroeste argentino. “Para fin de año vamos a tener adjudicado el 100% de las rutas”, se entusiasmó el secretario, aunque el sector privado miran con mayor cautela.

Por Sofía Diamante

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