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Correo: crisis en la obra social
La Justicia procesó a sus directivos por presunta administración fraudulenta
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La jueza María Romilda Servini de Cubría dictó el procesamiento de los responsables de la Obra Social del Personal de la Empresa Nacional de Correos (Ospec) por el delito de administración fraudulenta. Los procesados son Héctor Alberto de Inés, que se desempeña como delegado normalizador de la Ospec, nombrado durante el gobierno de Fernando de la Rúa; Sergio da Silva, actual director administrativo de la obra social; Ernesto Conde, jefe de auditoría médica, y Alicia Rossini, directora de prestaciones médicas de la Ospec.
LA NACION intentó hablar con los procesados, pero no contestaron las reiteradas llamadas telefónicas. El procesamiento fue dictado el 16 de diciembre pasado y fue confirmado por la jueza María Romilda Servini de Cubría a este diario.
Ospec es la primera obra social de la Argentina, fundada en la década del 30. Llegó a tener 75.000 afiliados, pero luego afrontó la situación que afrontaron todas aquellas obras sociales atadas a procesos privatizadores: la cantidad de afiliados disminuyó, al tiempo que creía el número de jubilados: hoy tiene alrededor de 26.000 afiliados, según los datos de la Superintendencia de Salud. De éstos, el 35 por ciento son jubilados.
Ospec es de las pocas obras sociales que todavía dependen del Estado, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud. En 1997, con la privatización del Correo Argentino, la obra social quedó bajo la órbita estatal, lo que generó las protestas de los sindicatos, que querían su administración.
Consultado el superintendente de Servicios de Salud, Rubén Torres, a cargo de la regulación de las obras sociales, sobre la permanencia de los funcionarios procesados al frente de la Ospec, dijo que "la ley es clara: sólo se puede destituir a personas que han sido condenadas, no a aquellas que están procesadas". Sin embargo, admitió que "es criticable desde el punto de vista ético" y destacó: "Vamos a esperar que la Justicia dictamine sobre la culpabilidad de los implicados".
Ospec se encuentra encuadrada bajo lo que la ley de obras sociales llama "proceso de crisis", aplicable a aquellas que atraviesan dificultades financieras o prestacionales. La obra social entró en concurso de acreedores en febrero de 2001, pero el año pasado alcanzó un acuerdo para refinanciar sus deudas. El abogado defensor de los acusados, Jorge Michelini, dijo a LA NACION que "los hechos fueron tergiversados", en función de una "interna sindical".
En el Correo Argentino hay al menos cuatro sindicatos: dos postales -Federación Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt), presidida por el veterano dirigente Ramón Baldassini, y Foecoop, una división de la anterior, cuyo principal dirigente es Carlos Rossi, que está de licencia porque asumió en el directorio del nuevo Correo Argentino. Además, están el sindicato que agrupa a los telegrafistas y el de los empleados jerarquizados.
El Gobierno le quitó la concesión del Correo al grupo Macri en noviembre de 2003. La semana pasada, el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció la decisión de no licitar nuevamente el servicio, que quedará bajo la órbita estatal.
Lo que dice la causa
La causa, que cayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1, de la doctora Servini de Cubría, se inició en 2003 a raíz de una denuncia presentada ante el ombudsman nacional, Eduardo Mondino, por un empleado de Correo Argentino, por presuntas irregularidades en el manejo de la obra social que afectarían el normal desenvolvimiento de las prestaciones médicas y sociales.
El denunciante es Rubén Darío Olivieri, secretario de prensa de Foecyt y titular del sindicato en la provincia de Corrientes, que reclamó ante el ombudsman por la falta de prestaciones de la obra social. Ante esto, Eduardo Mondino realizó una investigación preliminar y, según fuentes de la Defensoría, "corroboró que existía la posibilidad de que hubiere no sólo irregularidades de tipo administrativo, sino conductas eventualmente delictivas".
En la causa 13.030/03, a cuyo texto tuvo acceso LA NACION, se imputa a los acusados haber omitido velar por los intereses de la obra social, "permitiendo que en su perjuicio se hubiere contabilizado un conjunto de obligaciones abusivas o apócrifas". Se enumeran una serie de pagos que Ospec habría hecho a proveedores que, para la Justicia, son irregulares. "La maniobra que se tiene aquí por probada consistió entonces en la adulteración total o parcial de la facturación de empresas existentes en el mercado vinculadas con la salud, para su posterior pago espurio por importantes montos", dice el escrito de la causa.
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