Cortes: “Infraestructura muy tensionada”, el Gobierno defiende su gestión en medio del apagón masivo
El incidente dejó sin suministro eléctrico a 4,4 millones de personas en el pico del evento, en una jornada con temperaturas cercanas a los 40 grados; el ENRE analiza sanciones a la distribuidora
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LA NACIONSofía Diamante
En una jornada en la que el termómetro se encamina a rozar los 40 grados y quedar muy cerca del récord histórico para diciembre de 1995, el sistema eléctrico volvió a exhibir su fragilidad. Un apagón en la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejó sin suministro a más de un millón de hogares.
La falla se produjo a las 0.55 de este miércoles en la subestación eléctrica Bosques (a menos de 9 km del centro de Florencia Varela), operada por Edesur, y se propagó a otras subestaciones de la distribuidora tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el sur del conurbano bonaerense. En el pico del incidente, alrededor de 4,4 millones de personas quedaron sin electricidad.
“Personal técnico de la compañía acudió en forma inmediata a la zona y los trabajos iniciales permitieron que, a la 1.59, se recuperara el servicio para el 20% de los clientes afectados, mientras que, a las 4.26, quedaban 40.000 clientes sin suministro vinculados al evento, el 4% de los inicialmente afectados”, informaron desde la distribuidora.
“Edesur agradece al personal que trabajó durante toda la madrugada para restituir el suministro en tiempo récord y pide disculpas a los clientes por las molestias ocasionadas”, agregaron.
Desde el Gobierno señalaron que se realizó un seguimiento en tiempo real del evento y que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) detectó “una cantidad significativa de cables operando por encima del 100% de su potencia nominal, así como transformadores con niveles de cargabilidad alarmantes, lo que evidencia una red altamente exigida y con escaso margen operativo”.
“Se trata de una falla en instalaciones bajo responsabilidad de Edesur, en un contexto de infraestructura muy tensionada, lo que refuerza la necesidad de las exigencias y controles que el regulador viene realizando sobre la distribuidora”, indicaron fuentes oficiales a LA NACION.
En materia tarifaria, durante 2025 las tarifas eléctricas acumularon una suba del 19% en el AMBA, por debajo de la inflación estimada del 31% para ese período. En 2024, en cambio, los aumentos habían sido considerablemente mayores: en promedio alcanzaron el 268%, muy por encima del índice general de precios, que fue del 118%.
Desde diciembre de 2023, los incrementos promedio suman 339%, en un contexto de tarifas deprimidas tras años de congelamientos, lo que derivó en un sistema con bajo nivel de inversión. Para enero está confirmado una suba de 2,5%.
“El ENRE está ahora en la subestación Bosques, donde se produjo el incidente. Explotó un transformador de corriente que provocó la caída de líneas de 220 kV. Ese transformador actúa únicamente en protecciones. Se va a investigar la causa y el ENRE actuará en consecuencia, sancionando a la empresa si así lo amerita”, explicaron desde la Secretaría de Energía.
El Gobierno ejerce la función de regulador sobre las distribuidoras eléctricas únicamente en el AMBA, a través del ENRE. En el resto del país, el control está a cargo de los gobiernos provinciales.
“A través del ENRE se ejerció supervisión, exigencia y sanción sobre Edenor y Edesur. Solo en 2025, el ente aplicó 108 sanciones por un total de $53.750 millones: 45 sanciones por $41.393 millones a Edesur y 63 sanciones por $12.357 millones a Edenor. Estos montos se acreditan automáticamente a los usuarios en las liquidaciones”, señalaron desde el Ejecutivo.
Además, la Secretaría de Energía informó que envió una nota técnica al ENRE para aplicar los planes de verano 2025–2026 y solicitó reforzar especialmente el de Edesur, que presenta mayores riesgos operativos, con más subestaciones y redes exigidas, menos cuadrillas por usuario y falta de definiciones claras en los tiempos de reposición del servicio.
“En paralelo, fuera del segmento de distribución, el Gobierno avanzó en lo estructural: un plan nacional de ampliación del transporte eléctrico con más de US$6000 millones de inversión privada y una novedosa licitación de almacenamiento de energía en baterías en el AMBA, ya adjudicada, que implica más de US$500 millones de inversión privada y comenzará a aportar capacidad en unos 12 meses”, indicaron en la Secretaría de Energía.
Esta semana, además, el Poder Ejecutivo publicó un decreto para avanzar con la concesión de obra pública destinada a la construcción de nuevas líneas de alta tensión que abastezcan a los principales centros de consumo del país.
Sin embargo, dado que el Ministerio de Economía busca evitar comprometer recursos fiscales, el Gobierno trabaja desde hace casi dos años en el diseño de una licitación que permita a las empresas acceder a financiamiento, pese al antecedente de congelamientos tarifarios que marcó las últimas dos décadas.
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