Cuánto cobraban Cristina Kirchner y Amado Boudou por sus jubilaciones de privilegio
La expresidenta y su exvice percibieron, en un mes y en mano, más de $21,8 millones y $8,1 millones, respectivamente; el Gobierno dio de baja las dos asignaciones de CFK y revocó la del exfuncionario condenado por corrupción; el detrás de escena de los reclamos cruzados
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LA NACIONSilvia Stang
En noviembre de 2024, el último mes en el que gozaron de asignaciones de privilegio por los cargos que ocuparon, la expresidente de la Nación Cristina Kirchner y el exvicepresidente Amado Boudou percibieron, en términos netos (hechos los descuentos), montos de $21.828.203,92 y de $8.153.816,49, respectivamente, según datos a los que accedió LA NACION a través del procedimiento de acceso a la información pública. En montos brutos, las dos prestaciones de CFK sumaron ese mes $35.255.297,73 ($19.645.844,41 por la asignación propia y $15.609.453,32 por la pensión por fallecimiento de Néstor Kirchner), en tanto que la de Boudou fue de $10.284.481,56.
En el listado de exfuncionarios y familiares (viudas y una hija) que cobran estas prestaciones correspondiente a diciembre, Cristina y Boudou ya no figuran. En tanto, en octubre la expresidenta había cobrado en mano $16.694.938,26, cifra correspondiente a un importe bruto de $27.137.149,52, y quien la secundó ejerciendo la vicepresidencia percibió una prestación neta de $7.448.794,70 (en bruto, $7.916.356,47).
En el caso de Cristina Kirchner, la prestación incluía un “adicional por zona austral”, porque la exfuncionaria había declarado tener domicilio en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. En septiembre último, por ejemplo, ese plus liquidado en las dos prestaciones sumó $5.960.861, según consta en los recibos de las asignaciones, cuyas copias se incluyeron en la presentación administrativa hecha ante la Anses en noviembre, para reclamar contra la baja de las dos prestaciones dispuesta por el Gobierno tras una condena judicial contra la exfuncionaria.
Una de esas prestaciones era la asignación vitalicia por haber sido presidenta y la otra, la pensión por ser la viuda de un expresidente (más allá de la decisión del actual gobierno de dejar de liquidar ambos pagos, la ley 24.018, que regula estos beneficios, establece que es incompatible el cobro de una asignación de expresidentes y una pensión de manera simultánea, y sobre ese tema hay una causa aún abierta en la Justicia).
Anoche, el Ministerio de Capital Humano informó que, como era previsible, la Anses rechazó los recursos administrativos presentados por ambos exfuncionarios contra las medidas por las cuales se anularon los pagos.
En el caso de CFK, ambas prestaciones de privilegio se dieron de baja. En el caso de Boudou, en cambio, se revocó el otorgamiento de la asignación vitalicia, razón por la cual ahora se intentará que la Justicia disponga la devolución de todo lo cobrado. Se consideró que, por haber estado el exvicepresidente condenado por la Justicia al momento del otorgamiento del alta del beneficio, ese acto administrativo nunca debió haber ocurrido.
Los recursos presentados ante la Anses contra la quita de los beneficios constituyen, en rigor, el paso previo al inicio de un litigio, por lo cual ahora es esperable que comiencen a tramitarse causas en la Justicia.
Denuncia por presunta estafa
Además, desde el organismo previsional que dirige Mariano de los Heros, informaron que hoy se presentó una denuncia penal por “los presuntos delitos de estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica”, dado que declaró domicilio en zona austral y lo habría hecho “a fin de poder cobrar un suplemento dinerario a sus asignaciones de privilegio”.
Según pudo conocer LA NACION, la denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, a cargo del juez Julián Daniel Ercolini. De todas maneras, es probable que el expediente no sea tratado finalmente allí, según señalaron fuentes cercanas a la gestión, porque se trata de una causa que tiene conexidad con otra precedente.
Según se sostuvo desde la Anses, “la Bonificación de Zona Austral no se trata de una prestación de naturaleza previsional, sino que el derecho a su cobro está generado exclusivamente por la residencia efectiva o radicación real” en determinadas zonas del país, mientras que “es de público y notorio conocimiento que su residencia [por Cristina Kirchner] estuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período de cobro de ambas asignaciones”.
La decisión de dejar de pagar las asignaciones
A mediados de noviembre último y mediante la resolución 1092, la Anses dio de baja las dos asignaciones que estaba cobrando CFK. El pago de una de ellas, en rigor, había sido suspendido durante la gestión presidencial de Mauricio Macri (bajo el argumento de una incompatibilidad marcada por la ley que regula estas asignaciones en particular, la 24.018), y había sido repuesta en marzo de 2021 por la entonces directora ejecutiva de la Anses y militante cercana a CFK, Fernanda Raverta.
La decisión del gobierno de Javier Milei fue comunicada un día después de conocerse la confirmación de la condena, por parte de la Cámara de Casación Penal, que determinó que la expresidenta fue “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Pocos días después y con la resolución 1103, se revocó la asignación que se le había otorgada en junio de 2020 a Boudou, condenado por “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública”, con sentencia confirmada aquel mismo año por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fallo de primera instancia contra el exfuncionario, quien también estuvo a cargo de la Anses y del Ministerio de Economía en gestiones kirchneristas, llegó en agosto de 2018, en tanto que en julio de 2019 la condena fue confirmada por la Cámara de Casación Penal, y en diciembre de 2020, por la Corte Suprema. El beneficio, que en 2018 y bajo la presidencia de Mauricio Macri había sido denegado por la Anses, entonces conducida por Emilio Basavilbaso, fue dado de alta en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández y de CFK.
Al igual que la expresidenta, el exfuncionario presentó un recurso a la Anses pidiendo la restitución del beneficio, algo que le fue negado. El organismo no solo rechazó la solicitud, sino que anunció que iniciará acciones judiciales tendientes a la recuperación de los montos cobrados hasta ahora, algo que ya se había anticipado, en virtud de que dispuso no la baja de la asignación, sino una revocación del acto administrativo que se la concedió.
Es decir, se entendió que, dado que había condena por corrupción al momento del alta, nunca debió haberse puesto al pago la asignación mensual. Según los argumentos del Gobierno, “Boudou no cumple con el único requisito exigido para conceder el privilegio: honorabilidad, mérito y buen desempeño”, ya que para las asignaciones de la ley especial no se exige ni una cierta edad, ni años de aportes, ni permanencia en el cargo.
Los motivos
La ley 24.018 no hace referencia, en rigor, a la existencia de condenas judiciales como un motivo para la quita de las asignaciones previstas para expresidentes y exvicepresidentes. El artículo 29 de esa norma indica, en realidad, que los beneficios no tienen alcance para exfuncionarios removidos de sus cargos tras un juicio político por mal desempeño de sus funciones.
Dada esa causal, la interpretación que hizo en noviembre la Anses, según lo entonces comunicado, es que la asignación de privilegio “deviene jurídicamente incompatible para quien haya cometido un delito en ejercicio de la función pública, en perjuicio del Estado Nacional”. Se toma así el “mal desempeño” como razón, aunque no haya existido en ninguno de los casos la remoción de los cargos mencionado por la ley.
En los considerandos de la resolución 1103 se menciona que tomó intervención en el tema la Dirección General de Prestaciones Centralizadas de la propia Anses, y no hay referencia a un dictamen de la Procuración del Tesoro, como sí ocurrió en otros casos en los que se tomaron decisiones sobre este tipo de pagos. Por ejemplo, en el caso de la suspensión de una de las asignaciones de privilegio de Cristina Kirchner, que se resolvió en 2016, y que derivó en que la expresidenta iniciara un juicio en 2017 para reclamar el pago de ambas prestaciones millonarias a la vez.
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