Cuánto puede ayudar el litio a las exportaciones argentinas

Piensen en un país de Sudamérica que sea promercado, atractivo para los capitales extranjeros y que ofrezca estabilidad política para inversiones a largo plazo. La mayoría pensará en Chile. Pero si hablamos del negocio de la minería del metal de litio, componente esencial de las baterías que usan los celulares y autos eléctricos, el país en cuestión no es Chile, sino su disfuncional vecina, la Argentina, más conocida por su inflación de tres dígitos y sus disputas con el Fondo Monetario Internacional. Pero ahora los funcionarios argentinos han emprendido una ofensiva de seducción en Washington y Londres, donde llegaron con mensaje entusiasta: el sector de la minería está abierto a los negocios.

La transición del mundo hacia las energías renovables o “verdes” hizo del litio uno de los metales más buscados del planeta. En lo que va del año, el precio internacional del carbonato de litio, la materia prima usada en las baterías de iones de litio, se disparó de un promedio previo quinquenal de US$14.000 la tonelada a más de US$80.000 la tonelada. Según la consultora Benchmark Mineral Intelligence, el incremento en las ventas de autos eléctricos impulsará la demanda de carbonato de litio a 2400 millones de toneladas para el año 2030, en comparación con las 600.000 toneladas comercializadas este año. El problema es que la oferta no da abasto. En todo el mundo hay en funcionamiento apenas 10 minas con capacidad de producir litio de grado de batería, puntualiza Daisy Jennings-Gray, de Benchmark Intelligence. Todo eso implica que la carrera global de competencia por el litio ya arrancó. Y Argentina podría salir ganando.

Casi dos tercios del litio del planeta se encuentran en las áridas mesetas andinas que se extienden entre Argentina, Chile y Bolivia, una región conocida como Triángulo del Litio. Las mayores reservas del mundo las tiene Bolivia, que todavía no ha logrado poner en marcha su producción: el Estado boliviano es dueño de todo el litio y las empresas solo pueden explotarlo mediante un acuerdo previo con la empresa pública Yacimientos de Litio de Bolivia. La volatilidad política y la falta de conocimientos técnicos tampoco han ayudado.

Chile supo ser la superpotencia mundial de litio, pero en 2017 fue superado por Australia, que se convirtió en el principal proveedor a nivel mundial. Ahora Chile representa el 26% del suministro global. Allí también el litio es propiedad del Estado, que distribuye los contratos entre empresas privadas, sobre todo Albemarle y SQM, que dominan la industria. En 2016 y 2018, el gobierno chileno renegoció sus contratos e introdujo nuevas reglas que obligan a las empresas a vender internamente hasta el 25% del metal a precios por debajo del mercado, para incentivar la industria local. Además, las regalías que percibía el Estado chileno estaban atadas a los precios globales, que pueden ser volátiles. Las empresas mineras también acordaron aportar parte de sus ganancias a proyectos de desarrollo en las comunidades donde operan, para generar eventualmente puestos de trabajo y para aplacar las protestas de ambientalistas y activistas locales. Aunque parezcan razonables, esas medidas pueden haber hecho que algunos inversores extranjeros miraran del otro lado de los Andes…

En Argentina, por el contrario, el litio no es considerado un recurso estratégico, y el Estado interviene muy poco en su manejo. Además, la Constitución le otorga a las 23 provincias del país el derecho de administrar los minerales presentes en su territorio y otorgar concesiones a empresas privadas. Una ley de 1993 concede exenciones impositivas a las mineras y establece que sus emprendimientos no pueden ser objeto de nuevos impuestos por un período de 30 años a partir de la fecha en que presenten un estudio de factibilidad ante el gobierno nacional. Además, en Argentina las regalías mineras tienen un tope del 3%, mientras que en Chile van del 7% al 40%.

Todos esos factores fueron seduciendo a los inversores y atrayendo capital. Actualmente, en Argentina hay unos 40 proyectos de litio en diferentes etapas de exploración, más que en cualquier otro país del mundo. El banco de inversiones JPMorgan Chase prevé que para el año 2027, Argentina habrá superado a Chile como el segundo mayor productor mundial de carbonato de litio. Y para el año 2030 Argentina podría estar suministrando el 16% del litio del mundo, frente al 6% en 2021. En marzo, el gigante minero anglo-australiano Rio Tinto adquirió la mina de litio de Rincón, Salta, por 825 millones de dólares, y la minera surcoreana Posco está invirtiendo 4000 millones en otro proyecto de extracción.

Las que están especialmente interesadas por el litio de Argentina son las empresas chinas. En julio, el megaproductor chino Ganfeng Lithium anunció la comprar una planta de casi 1000 millones de dólares. La mala gestión macroeconómica de Argentina —el país tiene una docena de tipos de cambio diferentes y una inflación anual que se acerca al 100%— desalienta a muchas empresas occidentales, pero para las empresas chinas “es un asunto más estratégico que económico”, apunta Carlos Freytes, de Fundar, un grupo de expertos argentino. “Tiene que ver con una ambición geopolítica: quieren garantizarse el suministro”. Según los datos recopilados por Fundar, de los nueve proyectos de litio en Argentina que están más cerca de la etapa de producción, seis involucran empresas chinas.

Las leyes mineras de Argentina se aprobaron durante una breve ventana de reformas de libre mercado, son difíciles de modificar porque la Constitución delega el poder en las provincias, que son las que controlan el Senado. Y los gobernadores de las tres provincias del noroeste argentino que tienen reservas de litio —Salta, Catamarca y Jujuy— no tienen miedo de enfrentarse al gobierno. En octubre, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que estaba en conversaciones con Bolivia y Chile para crear una “OPEP del litio” para fijar los precios regionales del metal, los mandatarios provinciales se quejaron y la propuesta se estancó. Los gobernadores esperan que la inversión extranjera pueda impulsar el crecimiento de sus provincias. La proyección de máxima del Banco Mundial es que la producción y el procesamiento de litio podrían aumentar en un 10% el PIB y los ingresos fiscales de esas provincias.

Sin embargo, también hay otros problemas. Para empezar, podrían recrudecer los conflictos con las comunidades indígenas que viven en las tierras donde se extrae el litio. Esos conflictos ya retrasaron varios proyectos en Bolivia y Chile, y terminaron con el cierre de minas de otros minerales en Argentina. Un estudio realizado en Chile en 2019 reveló que la minería de litio profundizó la sequía en las zonas aledañas, lo que a su vez enfureció a los residentes locales. Además, las bajas tasas de regalías mineras que se paga en Argentina podría implicar que la mayoría de las ganancias terminen en bolsillos extranjeros, y no en las arcas del Estado, lo que podría generar una reacción política negativa. “Es lisa y llanamente un saqueo”, dice Enrique Viale, abogado ambientalista de Buenos Aires. El 10 de noviembre, la Cámara de Diputados del Congreso argentino debatió una ley que, de aprobarse, podría imponer controles ambientales más estrictos a los humedales, incluidos los terrenos en los que se construyen las minas de litio. La ley se propuso por primera vez hace una década, pero fracasó debido a la oposición de las provincias y los grupos de presión mineros.

Finalmente, los políticos argentinos podrían empañar el entusiasmo de los inversionistas. La petrolera estatal YPF se ha diversificado recientemente hacia la exploración de litio, así que el gobierno nacional podría verse tentado de darle acceso privilegiado, por encima de las empresas privadas. Además, la aplicación de mayores controles a las exportaciones podría frenar la producción. “Ningún sector por sí solo pueda rescatar a Argentina de su parálisis”, señala Benjamin Gedan, del grupo de expertos Wilson Centre. Pero en un país económicamente disfuncional, la industria del litio sigue siendo, por ahora, una rara luz de esperanza.

Traducción de Jaime Arrambide.

The Economist

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