Dos números sobre el futuro del dólar encienden la chispa que el Gobierno debe apagar
El traspié cambiario demoró los planes de Milei con respecto a la inflación, su principal bandera en el inicio de la carrera electoral; las nuevas joyas del Estado que saldrán a la venta y los nuevos desafíos que enfrenta la segunda etapa del plan
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LA NACIONPablo Fernández Blanco
Casi toda la discusión actual sobre la economía se encendió con una chispa provocada por la fricción de dos números que marcan qué pasará con el dólar. La planilla del ministro Luis Caputo indica que el último día de mayo próximo debería costar $1099,4, pero el mercado consideraba a mediados de la semana pasada que saldrá $1172. Ese número se estiró hasta los $1177 anteayer. Esos $78 de diferencia muestran que hay agentes que esperan un salto de 7% para el quinto mes del año con respecto a la previsión oficial.
No es gran cosa para un país acostumbrado a los sobresaltos, pero la novedad atrapada en esa cuenta es que algo cambió en los últimos días. A fines de febrero pasado, las operaciones para mayo se cerraban en $1125, de manera que la expectativa devaluatoria era menor. Y si se va un poco más allá en el tiempo, se nota cómo el equipo económico había logrado sacarse de encima la sombra del dólar en el tramo final de 2024.
El gobierno de Javier Milei se encuentra frente a una disyuntiva propia del folclore cambiario argentino, que en algún momento acecha a quien ocupe el poder. El plan oficial requiere que el dólar esté planchado para contener la inflación y le reporte, dicho de forma esquemática, los votos que necesita en octubre para aumentar su base de sustentación política y continuar con las reformas que alejen al propio fantasma del dólar.
En el mismo recorrido, convalida un tipo de cambio que resulta barato para muchos. Eso, a su vez, hace que cada vez menos gente quiera venderle sus divisas al Banco Central y que el deporte preferido de la city sea sacarle dólares a la entidad monetaria.
La profundización de esa tendencia dejó una marca en las reservas del Banco Central. Desde el viernes 14, cuando se aceleró el proceso, vendió más de US$1600 millones. Es decir, la entidad encargada de defender al peso redujo su margen de maniobra.
La implementación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es el único elemento a la vista para desandar ese proceso adverso. Por eso, Caputo aceleró el anuncio del dinero adicional que llegaría al país tras el visto bueno de la directora gerente de la entidad, Kristalina Georgieva.
La comunicación del ministro ocurrió luego de que el equipo económico y el propio presidente Javier Milei asumieran que el movimiento del dólar en marzo le había dado un empujón a los precios que se notarán en las próximas mediciones. Es una pausa en el proceso de desinflación que mostró hasta aquí la Casa Rosada. El dólar rasguñó el trofeo de La Libertad Avanza.
La gestión de Caputo convive con problemas propios y heredados. El campo liquidaba unas 300.000 toneladas diarias de grano hasta el lunes 17 de marzo. Luego, bajó a 20.000 toneladas por día. Se podría decir que hay un freno total. El viernes anterior, el 14, habían comenzado los ruidos que iniciaron la saga de ventas de reservas del Banco Central.
La correlación entre la liquidación de granos y la percepción del campo sobre el futuro del dólar es sorprendentemente lineal. El equipo comandado por Caputo lo tiene claro desde su trabajo anterior, en el gobierno de Mauricio Macri.
Emisarios oficiales extendieron consultas extraoficiales al sector en los últimos días. La pregunta, prolija y sin la vehemencia de la gestión de Alberto Fernández, busca averiguar cuánto va a liquidar el productor en las próximas semanas, según la información que tienen distintas terminales del campo. Señalan a Federico Furiase, director del Banco Central (BCRA) y colaborador de Caputo en el Ministerio de Economía, como el encargado de los sondeos.
Hay allí una pulseada que no está resuelta. El Gobierno insiste en que la baja de retenciones para la soja —pasaron del 33% al 26%— regirá solo hasta el 30 de junio próximo. El campo tiene el recuerdo de Sergio Massa, que siempre decía que no, pero hacía que sí cuando se le planteaban situaciones similares.
Pesan sobre el Gobierno, también, cosas con las que no tuvo nada que ver. Se estima que hay más de US$6000 millones contenidos en pago de dividendos de grandes empresas que por el cepo cambiario no pueden sacar el dinero del país para pagarles a sus accionistas.
La rigidez argentina llevó a una flexibilización en las conductas de las empresas, que con los años se fueron haciendo más permeables, como dicen en una sociedad de bolsa, a soluciones “creativas” para sacar plata. Hay, sin embargo, una lista bastante definida en manos de las autoridades de compañías que no tomaron ninguna de esas opciones y piden una alternativa.
De manera informal se les consultó si aceptarían un bono del Tesoro para resolver el problema. Al menos en la primera parte del año, según pudo saber LA NACION, varias de ellas rechazaron la propuesta.
La solución a esta montaña de divisas que buscan salir del país estará escrita en el próximo acuerdo con el FMI. La alternativa de volver a colocar un bono está presente.
Hay ejemplos de operaciones similares. Central Puerto es una de las grandes generadoras de energía de la Argentina. Sus accionistas son las familias Miguens (exQuilmes), Escassany (Grupo Galicia) y Guillermo Reca (exMerrill Lynch). Los dos últimos son especialistas en temas financieros, al igual que una parte importante de los accionistas minoritarios y el gerenciamiento de la empresa. De esa inspiración surgió un mecanismo que utiliza este gigante de la energía y otras compañías en un contexto de cercenamiento cambiario.
La última información que envió Central Puerto a la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre su pago de dividendos indica que cancelaría el 89,5% de sus compromisos abonando con la entrega de bonos globales de la Argentina en dólares. Eligió a los muy populares GD30, GD35 y dos versiones del Bopreal. Es decir que, ante la dificultad del acceso a los dólares, saldó sus deudas con deuda del país que se puede vender en dólares afuera.
La apuesta por la estabilidad del dólar está encima de cualquier otra en el contexto de a carrera electoral de 2025. El impulso político de Milei está dado principalmente por el progresivo control de la inflación desde una situación muy adversa por el legado de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.
El dólar le podría quitar parte del brillo al triunfo sobre los precios. El Gobierno tiene claridad sobre esa relación. Por eso, administra las cargas durante el camino.
La Casa Rosada volcó hacia esa causa una parte importante del organigrama del Estado, más allá del propio equipo económico. Lo sabe, por caso, el superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, que les pide a clínicas y hospitales que “ayuden” al Gobierno moderando la suba de precios, pese a que el sector está desregulado y atraviesa una crisis compleja.
El problema no es solo económico, sino político. El potencial traslado a precios de la presión cambiaria le agregará tensión a la inflación y le restará aire a La Libertad Avanza en su carrera, por ahora sin sorpresas, por los votos necesarios para continuar con las reformas. Ese interrogante llega en un momento de inflexión: Milei sorprendió a todos cumpliendo la parte más radical de sus promesas de campaña. Pero en su hoja de ruta le resta, todavía, hacer reformas duraderas y profundas, cuyas dificultades son más fáciles de superar con la construcción de un poder más amplio que surge de las urnas.
Con el ajuste más grueso completo, el Gobierno se encuentra con la complejidad de quien debe hacer un trabajo más fino. Hay escenas de la vida estatal cotidiana que así lo muestran. A mediados de la semana pasada, Pedro Daniel Cavagnaro, interventor en Casa de Moneda, la empresa pública que hasta hace poco fabricaba billetes, exteriorizó sus avatares al frente del trabajo que le ordenó Diego Chaher (a cargo de las firmas del Estado) por pedido expreso de Santiago Caputo.
Caputo y Chaher decidieron avanzar con la liquidación y disolución de la fábrica de hacer billetes, pero hay problemas para cumplir con ese mandato porque la compañía aún tiene contratos vigentes. Una muestra de esa incomodidad se ve en los autos nuevos que circulan por el país. Casa de Moneda dejó de fabricar las chapas patentes, por lo que los vehículos andan con una identificación precaria en papel.
Cavagnaro quiere cumplir con los contratos, pero no tiene el dinero para comprar los insumos que necesita porque la empresa que maneja está en rojo y nadie en el Tesoro quiere mandar plata.
La liquidación de empresas públicas tiene otros problemas prácticos. El equipo de Santiago Caputo busca cederle la producción de estampillas a ARCA, la exAFIP, por ejemplo, pero el organismo que maneja Juan Pazo le respondió a Casa de Moneda que no puede hacerse cargo de ese proceso industrial. Deberá seguir buscando alguien que quiera hacer su trabajo.
La confianza del establishment en el programa es clave para que Milei consiga otros objetivos que se propuso desde el inicio del Gobierno. Enarsa, que maneja Tristán Socas, reclutado por el asesor Caputo, pondrá a la venta en los próximos dos meses la participación del Estado en las centrales San Martín y Belgrano, ubicadas en Santa Fe.
Será un paso audaz para desandar la historia que le gusta al Presidente. Esas centrales se empezaron a hacer en el año 2005 con fondos que el gobierno de Néstor Kirchner le debía al sector privado. Como Kirchner no pensaba pagarle, logró que las firmas invirtieran en ellas mediante las presiones de Julio De Vido (ministro de Planificación) y su incondicional Roberto Baratta. Este último parece hoy haberse reciclado: evoca su experiencia en la gestión pública durante el kirchnerismo para conseguir contratos de asesoramiento en energía en países de la región.
¿Cuánto podría recaudar el Estado mediante esa operación? La respuesta a esa pregunta vuelve a involucrar al dólar, los precios y las necesidades políticas del Gobierno para sostener el programa económico. El mercado calcula que cada una de esas centrales puede valer unos US$150 millones, muy lejos de los casi US$600 millones que costó su construcción. Su presente devaluado tiene que ver con el deteriorado marco del negocio.
El Gobierno podría recaudar más si mejoraran las condiciones. Es lo que intenta hacer. La secretaria de Energía, María Tettamanti, les envió semanas atrás una nota a todas las empresas del sector mediante sus respectivas cámaras. Invitaba a firmas como Pampa Energía (Marcelo Mindlin), Edenor (Vila, Manzano y Filiberti), Edesur (la dueña es la italiana Enel), Genneia (Brito) e YPF Luz, por caso, a hacer recomendaciones para la normalización del mercado y su adaptación progresiva a los nuevos criterios definidos por Economía.
Los ejecutivos más viejos lo ven como un regreso a los años 90, pero con el agregado de mejoras que el mundo fue acumulando desde esos años y no llegaron a la Argentina por el tabique regulatorio que representó el kirchnerismo. La normalización de los servicios públicos es un termómetro apropiado: comenzó apenas llegó Milei al poder y llevará más tiempo del que ya pasó de mandato. Ninguna transformación profunda avanza sin la convalidación electoral permanente de quien la promueve.
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