El caso YPF: año clave para la definición de una condena millonaria contra la Argentina
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York debe decidir si confirma, revoca o reduce la sentencia que condenó al país a pagar más de US$16.100 millones por la estatización de la petrolera
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LA NACIONSofía Diamante
El fallo puede ser inminente, aunque no se espera antes de fines de marzo. Este año se definirá el rumbo del juicio por la expropiación de YPF, un proceso que comenzó en 2015 y que tuvo un fallo adverso para el Estado argentino en 2023, cuando la Justicia estadounidense lo condenó a pagar una indemnización superior a los US$16.100 millones. Ahora, el caso transita su etapa decisiva en los tribunales de segunda instancia.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York tiene tres alternativas: confirmar la sentencia de primera instancia, revocarla o reducir el monto de la indemnización fijada.
En octubre pasado se llevó a cabo una audiencia de 96 minutos, en la que los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson escucharon los argumentos de los abogados del Estado argentino, de YPF y del fondo Burford —que adquirió los derechos para litigar contra el país tras la quiebra de las empresas Petersen—. Durante la audiencia, los magistrados formularon preguntas a las partes, aunque no tienen un plazo establecido para emitir su decisión. De todos modos, se espera que el fallo se conozca a lo largo de este año.
En la primera instancia, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, determinó que el Estado argentino violó el estatuto de YPF durante la estatización de 2012, al no respetar los derechos de los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park. En consecuencia, ordenó al país pagar la compensación correspondiente, aunque eximió de responsabilidad a la propia petrolera.
En la apelación, la defensa argentina presentó tres argumentos con el objetivo de revertir la sentencia o, en el peor de los escenarios, lograr una reducción significativa del monto indemnizatorio.
El primero de ellos —planteado por tercera vez ante la Justicia estadounidense— sostiene que el juicio debió tramitarse en la Argentina. Ese argumento ya había sido presentado durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, y ahora vuelve a ser central bajo la administración de Javier Milei, que lo considera la vía más sólida para revertir el fallo de primera instancia.
Según la defensa, corresponde que sea un tribunal argentino el que determine qué norma tiene mayor jerarquía: la ley de expropiación, que permitió al gobierno de Cristina Kirchner estatizar el 51% de YPF, o el estatuto de la compañía, que obliga a quien adquiere más del 15% de las acciones a lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas.
“Generó mucho entusiasmo que, durante la audiencia, la Cámara prestara especial atención a los argumentos sobre cuál debía ser la jurisdicción competente para tratar el caso, aunque uno de los tres jueces del tribunal, Chin, ya había fallado en 2019 que debía tramitarse en Estados Unidos”, dijo Manuel Alderete, abogado asociado al estudio Saravia Frías y exjefe de Gabinete de la Procuración durante el gobierno de Macri.
El segundo argumento es de carácter técnico y apunta al derecho societario, administrativo y público argentino. En este punto, el Estado sostiene que la jueza Preska interpretó erróneamente la normativa local aplicable al caso.
Si los jueces no aceptaran ninguno de estos planteos, la defensa presentó un tercer argumento orientado a reducir el monto de la condena. Según el derecho procesal estadounidense, la indemnización debería calcularse con el tipo de cambio vigente al momento de la sentencia —en 2023— y no al del incumplimiento, ocurrido en 2012. De aplicarse este criterio, la compensación se reduciría de más de US$16.100 millones, más intereses, a unos US$4.920 millones, de acuerdo con los cálculos del Estado argentino.
Además, la Cámara deberá pronunciarse sobre la situación de YPF, luego de que Burford apelara la parte del fallo que exculpó a la compañía y la desligó de responsabilidad en la estatización.
En caso de tener un fallo contrario, todas las partes tienen una última posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, según advierten abogados que siguen de cerca el caso, es poco probable que el máximo tribunal acepte revisar el expediente.
Otras derivaciones
Más allá de la cuestión de fondo, durante el proceso surgieron otras derivaciones vinculadas al reclamo de los demandantes para cobrar la indemnización. A diferencia de lo que ocurre en la Argentina, en Estados Unidos la sentencia de primera instancia no se suspende automáticamente cuando se apela: es el juez quien decide si concede o no esa suspensión.
En ese marco, la jueza Preska ordenó que el Estado argentino pague mediante la entrega de las acciones de YPF que tiene en su poder, una decisión que fue apelada por la defensa del país. El caso llegó así al Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, donde se prevé que en marzo se realice una nueva audiencia ante un panel de tres jueces distinto del que analiza la cuestión de fondo, para escuchar los argumentos de ambas partes.
“Es probable que este proceso no se resuelva antes que el tema de fondo. Ambas cuestiones son muy relevantes y tienen implicancias sistémicas para la soberanía de todos los Estados extranjeros, no solo de la Argentina. Preska pretende ordenarle a un país extranjero transferir a Estados Unidos activos de su propiedad que están fuera de su territorio, como las acciones de YPF, una medida sin precedentes en la jurisprudencia estadounidense. Es por eso que los gobiernos de nueve países han presentado escritos amicus respaldando a la defensa argentina, incluyendo al propio gobierno estadounidense, que advirtió que la orden de Preska infringe su ley de Inmunidad Soberana en dos escritos presentados durante las presidencias de Biden y Trump”, explicó Sebastián Soler, exviceprocurador durante el gobierno de Fernández.
En paralelo, avanza un segundo frente: el proceso de discovery solicitado por los demandantes para identificar bienes embargables. En ese marco, requirieron información con el objetivo de determinar si YPF, Enarsa, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas o el Banco Central pueden ser considerados alter ego del Estado argentino. Para sostener esa hipótesis, deben probar que el Estado ejerce un control cotidiano y tan intenso sobre la gestión de esas entidades que su funcionamiento resulta indistinguible del de un ministerio.
Con ese objetivo, los demandantes solicitaron el acceso a correos electrónicos y mensajes de chat de alrededor de treinta funcionarios y exfuncionarios. Sin embargo, entre los involucrados, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno, se negaron a entregar esa información.
Ante esa negativa, los demandantes presentaron la semana pasada un escrito ante la jueza Preska para denunciar al Estado argentino por desacato. La defensa oficial, en tanto, responderá con una presentación prevista para el próximo 19 de febrero.
Por último, se desarrolla un tercer proceso vinculado a la presentación realizada por la ONG Acción Republicana para Argentina (RAFA), encabezada por Fernando Irazú. La organización solicitó la suspensión del avance de la causa, al sostener que el Departamento de Justicia de Estados Unidos debería investigar presuntos hechos de corrupción relacionados con el ingreso del Grupo Petersen como accionista de YPF. Preska rechazó la intervención, pero la ONG apeló la decisión y se espera que el planteo sea resuelto en una segunda instancia.
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