El Gobierno prepara un expediente para licitar la terminal de ómnibus y terminar con el “Zar de Retiro”
Publicó una iniciativa privada que presentó un grupo empresario encabezado por el fondo que es dueño de Havanna; Néstor Otero tiene la concesión vencida desde 2015
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LA NACIONDiego Cabot
Mientras Néstor Otero mira cómo se cae su monumental negocio de concesionario de la estación ferroviaria de Once, el Gobierno avanza con otro golpe al “Zar de Retiro”. El Ministerio de Economía ya anotó un proceso de iniciativa privada para entregar la terminal de ómnibus de Retiro a un nuevo grupo empresario.
Formalmente, lo que sucedió es que se publicó en el registro oficial de iniciativas privadas un proyecto presentado por un grupo empresario liderado por Inverlat Investment, la compañía dueña de Havanna que encabezan, entre otros, Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai.
Junto a esta compañía, que acaba de quedarse junto a un consorcio de empresas con la central hidroeléctrica Alicurá, están Service Trade -del grupo inmobiliario Narváez, especializados en remates-, Inversiones Peirod -de los empresarios Javier Peire y Matías Rodríguez- y BV Investment, una sociedad que tiene poco más de un año y está integrada por los socios del estudio de abogados Carballo.
El grupo inversor es liderado en este proyecto por Peire que, además de ser parte de Inversiones Peirod, es parte de la división de nuevos negocios de Narváez. Estos empresarios son los únicos con experiencia en el manejo de un terminal, ya que alguna vez explotaron la de Tucumán.
Sin embargo, más allá de la decisión aparente del Gobierno de acelerar con una nueva concesión, la polémica se instaló en medio del Ministerio de Economía. Hace más de un año, puntualmente el 18 de junio de 2024, se formó el expediente EX2024-63935493, que contenía una iniciativa privada titulada “Obra de remodelación, transformación, puesta en valor, operación y explotación comercial del centro de transporte de ómnibus de pasajeros de Retiro y sus usos anexos”. Recién el 5 de noviembre último, la propuesta se anotó en el Registro Nacional de Iniciativas Privadas.
La duda que tienen otros interesados en la explotación es por qué el Gobierno eligió el camino de la iniciativa privada, un mecanismo que le entrega una enorme ventaja a quien la presentó. Este tipo de esquemas suele utilizarse para proyectos que hayan requerido un trabajo técnico y, sobre todo, una originalidad respecto de lo que existía.
En ese caso, no hay nada nuevo más que refaccionar lo existente y construir alguna otra instalación reluciente, como por ejemplo la llamada “víbora”, una estructura semicircular que rodea el predio actual y que incorpora espacios como jardines y lugares de espera. Todos los proyectos que alguna vez rondaron Retiro van por el mismo camino: poner en valor la estación, construir un hotel y mejorar los servicios. De ahí que una iniciativa privada, entregarle una ventaja en la licitación (tiene un 10% de preferencia frente a otras presentaciones y la posibilidad de igualar a la ganadora siempre que no supere el 15%) hace prácticamente imposible competir al resto. Ahí la polémica.
“Lo que sucede es que esto no es un proyecto de concesión, sino una revalorización y rediseño de un espacio urbano”, dijo una fuente del consorcio cuando LA NACION le preguntó sobre el punto de la discordia.
El camino a recorrer por el expediente aún es largo. Una vez inscripto -ya lo está- y terminado el trámite en el Ministerio de Economía, el Poder Ejecutivo debería declarar de interés público el proceso y, posiblemente en el mismo acto, delegar el diseño, la puesta en marcha de la licitación y el llamado a concurso. Como se dijo, en ese punto, el que la presentó competirá con una ventaja (10% en el precio y la posibilidad de empatar la mejor oferta).
La propuesta de este grupo empresario, cuyo nombre de fantasía es Terminales del Milenio, dice que “propone una reconfiguración funcional y programática que incorpora nuevas actividades y servicios orientados a optimizar el rendimiento operativo, mejorar sustancialmente la experiencia del usuario y fortalecer la inserción urbana del conjunto, buscando reposicionar la Estación de Transporte de Ómnibus de Retiro (ETOR) como un nodo clave dentro del sistema metropolitano y nacional de transporte”.
El grupo propone una inversión de US$79 millones para la puesta en valor más la construcción de un hotel, un centro de convenciones, dos edificios de oficinas, un importante espacio para el área logística (sobre todo para el creciente negocio de las encomiendas), la readecuación de espacios comerciales y lugares de coworking.
El plazo que ofrecen para ejecutar las obras es de 60 meses, en seis períodos anuales de nueve meses de trabajo y tres de suspensión de obras por picos de demanda. Si bien el canon a pagar se definirá en la licitación, le han puesto un piso de $100 millones por mes, con un plazo de concesión de 30 años.
El Gobierno también podría no tomar la iniciativa privada y, en ese caso, llamar a una licitación tradicional y que cada cual se presente con un proyecto propio. Otro de los puntos que aún se espera es ver qué impedimentos podrían surgir de la licitación. Por caso, si los grupos dueños de las empresas de transporte de ómnibus podrían o no presentar su oferta.
Actualmente, el estado de la terminal es poco menos que de abandono, especialmente los alrededores. De hecho, desde hace tiempo, una estación de servicio de YPF está cerrada. Lo paradójico es que la compañía petrolera aún mantiene y paga el canon de alquiler del lugar. Otero, el “Zar de Retiro”, embolsa todos los meses un alquiler por un espacio que está clausurado con unos paneles metálicos. Sucede que la petrolera de mayoría estatal no la quiere tener abierta, ya que la estación de servicio no cumple con los estándares mínimos de las otras bocas de expendio de la firma. Pero, como no quiere perder el espacio a manos de una competidora, prefiere pagarle a Otero el alquiler y esperar que el asunto se defina.
Paso a paso
Todo empezó el año pasado, en junio, cuando se presentó la carpeta. En los primeros pasos, hubo una fuerte observación sobre el contenido, sobre todo en seis puntos sobre la factibilidad técnica y económica. Entre otras, la presentación no detalló las obras, como tampoco los servicios previstos en la operación, así como tampoco de los asociados. No hubo evaluación social ni ambiental, ni tampoco factibilidad técnica.
Las observaciones siguieron. La principal fue que no se declaró el importe que se pagará en concepto de canon, no se detallaron las fuentes de ingresos ni de financiamiento, y no se consignó el flujo de caja previsto, entre decenas de indefiniciones. Finalmente, este año hubo más detalles.
De acuerdo a un resumen de ese borrador, el predio pasaría a contar con 89.112 metros cuadrados, de los cuales 17.931 serán destinados a locales comerciales; 8213, para oficinas; 13.365 se usaría para salas de coworking y espacios VIP; 28.919, para encomiendas, que además tendrán 50 dársenas propias para el negocio de carga, además de 80 para ómnibus. Finalmente, el hotel tendrá 8543 metros cuadrados, el centro de convenciones, 1878, y el estacionamiento, que será cubierto, llevará su capacidad a 400 vehículos.
En la estación anida una de las vergüenzas administrativas más contundentes de la Argentina. Allí, desde hace casi 10 años, el “Zar de Retiro” construyó un mito viviente: le podrá contar a sus nietos que a él no lo sacó Carlos Menem, Néstor Kirchner, Cristina, Mauricio Macri y tampoco Alberto Fernández. Aún no se conoce el último capítulo de la zaga, pero al menos podrá ufanarse de que también le arrebató, al menos dos años, a la gestión del presidente Javier Milei.
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