El Gobierno se protege de los embargos

Una vez más los argentinos recibieron un llamado a la tranquilidad de parte de sus gobernantes. Esta semana, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, afirmó que los bienes del país están resguardados de la amenaza de embargos pedidos por acreedores extranjeros, un riesgo creciente desde que el sábado pasado se dio vía libre a los reclamos en Estados Unidos.

Se retiraron reservas del Banco Central (BCRA) que estaban depositadas en bancos de Nueva York, se repatriaron fondos del Banco Nación que estaban en su sucursal neoyorquina y están pagándose los sueldos de funcionarios en el exterior con depósitos en la Argentina o enviándoles el dinero en la llamada valija diplomática, que goza de inmunidad. El avión presidencial evita los aterrizajes en países donde los tenedores de bonos han pedido embargos, como Alemania. La Fragata Libertad también esquiva esos puertos.

El Ministerio de Economía les paga en la Argentina a los tenedores extranjeros de Boden, cuyos vencimientos se abonan con regularidad porque se trata de deuda emitida tras la cesación de pagos de diciembre de 2001. Se trata de una diversidad de medidas que este gobierno y los anteriores han practicado con sigilo, pero que ya han sido advertidas por los bonistas que demandan al país en tribunales foráneos.

Un vocero de Economía afirmó que la Argentina no oculta sus bienes y participa del proceso judicial de discovery (descubrimiento) con los acreedores en Estados Unidos para informarles de los bienes sujetos al litigio. Un técnico del ministerio se negó a revelar cómo el Gobierno esquiva los embargos porque "avivaría" a los demandantes.

La Argentina viene protegiendo activos desde agosto de 2001, cuando el entonces presidente, Fernando de la Rúa, y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, negaban la posibilidad de default. En aquel entonces Cavallo le ordenó al entonces presidente del Banco Central, Roque Maccarone, que transfiriera reservas desde la sede neoyorquina del Deutsche Bank al Banco Internacional de Pagos (BIP) de Basilea, Suiza.

Las reservas están resguardadas por la inmunidad soberana, incluso en Estados Unidos, pero la Argentina prefirió abortar el riesgo de que un juez las embargara aduciendo que en realidad no pertenecían al BCRA, sino que eran recursos del Ejecutivo. Por eso, las envió al BIP, donde sólo hay reservas de los bancos centrales de todo el mundo y, de ese modo, no se dejó lugar a la confusión. "Nosotros tratamos de que no nos metan en reservas dinero que es del Gobierno", admitieron fuentes del Central.

Así fue cómo la autoridad monetaria retiró todas las reservas que tenía en Nueva York, en el Deutsche Bank, el Citibank y la Reserva Federal (banco central norteamericano), antes del default y en los primeros meses posteriores, según fuentes de los acreedores. Algo se trajo a Buenos Aires. "Es un fraude insolventarse a propósito", advirtió el abogado de tenedores de bonos en Estados Unidos. "Por eso vamos a pedir a Thomas Griesa (el juez de Nueva York que atiende las demandas contra la Argentina) que considere los bienes que el país tenía antes del default y deje sin efecto las transferencias a Basilea", agregó.

En el BIP ha pasado a concentrarse alrededor del 80% de las reservas del Banco Central, pero la operación ha tenido su costo. En Basilea se paga un 0,125 punto porcentual menos de tasa de interés que en los bancos privados de Estados Unidos. Por lo tanto, se perdieron $ 130 millones de rendimiento en los últimos dos años.

La administración Kirchner está depositando en la Caja de Valores local los dólares por los vencimientos de los Boden y los tenedores del exterior así lo prefieren para asegurarse el cobro. Economía ya está pensando cómo les pagará a los acreedores que acepten el canje de la deuda en default por nuevos bonos. Una opción consiste en enviar el dinero a un fideicomiso de los acreedores. "Dicen que el fideicomiso es un vehículo y está fuera del patrimonio del deudor", explica el abogado de los tenedores.

A los organismos multilaterales se les paga en la Argentina o en el BIP. Uno de los pocos embargos se concretó en Italia contra una partida reducida del crédito de 75 millones de euros al Gobierno para las pymes.

Por Alejandro Rebossio

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