El presupuesto 2020 envejeció antes de nacer

En menos de dos meses y sin ser discutido, quedó desvirtuado el proyecto de ley de presupuesto nacional para 2020 que el gobierno de Mauricio Macri había enviado al Congreso a mediados de septiembre. No solo por la evidente desactualización de sus supuestos macroeconómicos (PBI, inflación, tipo de cambio nominal, etc.), sino porque en 2019 el monto total del gasto público habrá de superar en casi 10% al previsto para el próximo ejercicio, el primero bajo la gestión presidencial de Alberto Fernández.

Esta realidad descoloca declaraciones públicas del presidente saliente y del entrante sobre la perspectiva fiscal. También abre varios interrogantes en el plano interno y en torno de la futura renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores privados, ante la virtual ausencia de crédito interno y externo para financiarlo y la insuficiencia de reservas del Banco Central para pagar los vencimientos de 2020.

Según cálculos del Estudio Broda, el DNU dictado por Macri dos días después de las elecciones (que amplió el actual presupuesto en $695.000 millones) eleva el gasto total de este año a $5,02 billones, un monto 9,9% más alto que el proyectado para 2020 ($4,56 billones) y torna irrelevante el proyecto. Dicha ampliación se divide en partes similares entre el mayor pago de intereses de la deuda ($337.000 millones) y un aumento del gasto primario ($358.000 millones).

Así, el déficit primario de 2019 (sin intereses) equivaldría por lo menos a 1,1% del PBI (entre $235.000 y $285.000 millones). El desequilibrio se explica en cuatro quintas partes por la menor recaudación en términos reales, debido a la recesión y a las medidas electoralistas de alivio impositivo y tarifario adoptadas en agosto-septiembre.

Por consiguiente, este año no se cumplirá con el "déficit cero" mencionado varias veces por el Presidente, incluso después de las elecciones, como herencia a favor del próximo gobierno. Ni tampoco con la meta de 0,5% del acuerdo con el FMI suspendido de hecho.

Para 2020 el proyecto de presupuesto deberá ser reformulado según la política fiscal que establezca el aún incierto programa económico de Alberto Fernández. Pero también por necesidad y urgencia: sin una definición de gastos, ingresos y resultado fiscal, con un sendero para los próximos años, no será posible iniciar una negociación seria sobre la reestructuración de la deuda pública.

Aunque la agenda legislativa prevé su tratamiento en los últimos diez días de diciembre, la perspectiva de aprobarlo dependería de un acuerdo político previo entre el nuevo oficialismo y la oposición macrista. De lo contrario, promete ser uno de los grandes debates del verano en el Congreso, con sesiones extraordinarias hasta fines de enero.

Una de las cuestiones claves también es precisada por Miguel Ángel Broda, quien afirma que la herencia fiscal deja una inercia que el año entrante podría elevar el déficit primario de 1,1% a 2,8% del PBI si el nuevo gobierno dejara todo como está. Su estimación indica que la indexación por la inflación pasada del gasto previsional (jubilaciones y planes sociales) aportaría 0,6%, aun si se desaceleraran a 35/40% anual en 2020 y otro 0,6% las devoluciones a las provincias de recursos nacionales coparticipados, dictadas por la Corte Suprema por la baja de Ganancias e IVA a alimentos y de los aportes que hasta 2015 recibía la Anses. A esto suma 0,3% por la merma de ingresos de capital (rentas del Tesoro depositadas en el BCRA) y 0,2% por menor carga tributaria y mayores subsidios dispuestos durante la campaña electoral.

Con este panorama por delante, la hora de la verdad para renegociar la deuda será cómo cierran las cuentas fiscales y cómo financiar el desequilibrio, de lo cual dependerá en buena medida el comportamiento de la actividad económica.

Un análisis del Cippec sobre el proyecto presupuestario, elaborado por Ricardo Carciofi, Pablo Carreras Meyer y Martín Rapetti, indica que en 2020 habrá un pico de vencimientos de capital por 9% del PBI, mayormente con el mercado y con instrumentos bajo legislación local, de los cuales 60% son en pesos. A su vez, los vencimientos del período 2022-2023 se concentran en el préstamo stand-by del FMI, que totaliza otro 6% del PBI.

Por su parte, Broda estima que para que la relación deuda/PBI no siga creciendo se necesitaría a mediano plazo un crecimiento económico del orden del 2% anual, un superávit fiscal primario del 2% del PBI y reducir el costo promedio de la deuda a aproximadamente 6% anual, con una reestructuración preventiva y amigable que evite caer en default.

Todo esto explica por qué Alberto Fernández afirmó en México que su futuro gobierno tiene voluntad de pago, pero no estará en condiciones de hacerlo si la economía no crece. Un calco de los discursos de Néstor Kirchner en 2003/2004. También que el FMI debe "asumir su responsabilidad" por la fuga de capitales y que no aumentará la deuda con el organismo. La respuesta del Fondo fue que está listo para iniciar conversaciones cuando conozca su programa económico, mientras retiene el desembolso pendiente por US$5400 millones.

Estos argumentos tienen una doble lectura. Por un lado, el presidente electo no admitió ni admitirá que su amplio triunfo en las PASO fue el disparador de la última corrida cambiaria, que terminó de desbarajustar las modestas proyecciones macroeconómicas de este año y condujo finalmente al cepo hard, del que será difícil salir mientras no se vuelva a acceder a los mercados externos de crédito. Por otro, si bien el FMI podría ampliar su asistencia a la Argentina con un crédito de facilidades extendidas, implica reformas estructurales (tributaria, previsional, laboral) que Fernández no está dispuesto a aplicar.

Aun así, un aval del Fondo a la futura política económica es clave para facilitar la negociación con los acreedores privados, probablemente con quitas, para asegurar la sustentabilidad de la deuda. Una tasa de interés de 6% anual en dólares sería más que aceptable por fondos de inversión externos, en un mundo con tasas muy bajas e incluso negativas.

Puertas adentro el problema viene por el lado fiscal y monetario. Con un gasto social (jubilaciones, pensiones y planes) indexado y equivalente al 63% del total de la administración nacional, el volumen es tan grande que minimiza cualquier otro rubro. Pero justamente esta realidad requiere una austeridad ausente en la dirigencia política. El propio Macri no se privó de agregar una nueva "capa geológica" a la poblada estructura administrativa, como lo reveló otro informe del Cippec (GPS del Estado) publicado ayer por la nacion, aunque el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, lo criticó "por falta de rigor comparativo".

Y Fernández no solo promete crear nuevos ministerios, sino que afirma no preocuparse por aumentar el gasto público si se trata de asegurar derechos, que suelen ser masivos frente a obligaciones selectivas.

La pregunta es cómo y quién financiará el mayor gasto, con alta presión tributaria y un tercio de la economía en negro. El DNU de Macri autorizó además el financiamiento del BCRA al Tesoro (vía adelantos transitorios) hasta $400.000 millones para cubrir el rojo primario, aprovechando que la cantidad real de dinero se encuentra actualmente en el nivel más bajo desde 2012 después de un año de restricción monetaria.

Pero el riesgo de reactivar a full la "maquinita" de imprimir pesos sin respaldo no está despejado, a juzgar por declaraciones de políticos y sindicalistas del Frente de Todos. Por caso, la diputada electa Fernanda Vallejos, que semanas atrás adhirió públicamente a la teoría de que "un Estado soberano en términos monetarios no necesita pedir dinero prestado porque lo puede crear", es una de las candidatas a presidir la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda. Más allá fue otro Fernández (Roberto, veterano titular de la UTA), cuando aconsejó "darle a la maquinita para meter plata en el mercado y devaluar después de un año".

La emisión monetaria puede ser una herramienta válida, en dosis razonables, si aumentara la demanda de dinero. Pero ahora ocurre lo contrario, cuando todos buscan desprenderse de pesos, que al final terminan en el dólar. Este problema fue descripto por Juan José Llach y Martín Lagos en un libro editado hace pocos años y cuyo título es toda una definición: El país de las desmesuras. Raíces del retraso argentino.

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