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El problema de la economía informal
Por Nadin Argañaraz Para LA NACION
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La economía informal es un fenómeno que tiene importantes implicancias en el crecimiento económico y en el desarrollo social de un país. Lo primero que se plantea en las discusiones es que condiciona la financiación del Estado y deteriora el sistema de incentivos en los que se desenvuelve la actividad privada.
El objetivo de esta columna es profundizar sobre las características, causas y consecuencias de la informalidad. En particular interesa señalar que es un problema global, de interés creciente y que está llevando a los gobiernos del mundo a implementar políticas con la meta de que afloren las actividades sumergidas.
La economía informal comprende no sólo actividades ilícitas, sino también a los ingresos no declarados generados en la producción de bienes y servicios lícitos.
Si se pretende una definición, la economía oculta o informal es aquella que comprende a toda actividad económica que, en general, estaría sujeta a impuestos si fuera declarada a las autoridades tributarias. Además, existe una fuerte relación entre la economía informal y el empleo irregular.
En el mundo
La medición de la economía informal es una tarea difícil por su propia naturaleza. Uno de los investigadores que más ha contribuido a este proceso de estimación ha sido Friedrich Schneider, que ha recopilado estimaciones para un amplio número de países.
Encuentra que la informalidad es un problema que afecta a todos los países, que existen diferencias entre los desarrollados y el resto, y que en todos los casos se observa un crecimiento del fenómeno en las últimas décadas.
El tamaño promedio de la economía informal (como porcentaje del PBI oficial) en el periodo 2002/03 fue para los países de la OCDE del 16,3% (Estados Unidos, 8,4%; Japón, 10,8%, y Alemania, 16,8%). Para los países de América latina del 43,4% (Argentina, 28,9%; Brasil, 42,3%, Chile, 20,9%; México, 33,2%). Para los países africanos el promedio fue del 43,2%; para los asiáticos, del 30,4%, y para los países en transición, del 40,1%.
Los estudios empíricos realizados encuentran evidencia de que en países con tasas impositivas relativamente bajas, con menos y buenas leyes, y donde se respetan y se hacen cumplir las disposiciones jurídicas, tiende a ser menor la magnitud de la economía informal.
Y el crecimiento observado en la economía informal responde, entre otros motivos, a que la carga impositiva y los aportes a la seguridad social son cada vez mayores, junto con el aumento que se ha producido en las restricciones al mercado laboral formal.
Una mayor informalidad implica una mayor evasión y un menor rendimiento de los impuestos. Para solucionar esto se tienen dos opciones. La primera es formalizar la economía y la segunda es elevar la presión tributaria sobre el sector formal.
La opción fácil y de corto plazo es la segunda, cuyas consecuencias son un crecimiento de la economía informal. Esto puede hacer necesario aumentar nuevamente la presión tributaria sobre el sector formal y así se ingresa en un círculo vicioso.
Los estudios realizados también muestran que los factores institucionales cumplen un rol fundamental en la explicación de la economía informal. La actividad económica informal tiende a ser más reducida en países donde las instituciones gubernamentales son sólidas y eficientes.
Una economía muy reglamentada, unida a una administración débil y discrecional de la ley, constituye un terreno particularmente fértil para las actividades informales y representa las condiciones ideales para que prospere la corrupción.
En síntesis, en un país que dispone de un aparato gubernamental con baja corrupción y adecuada regulación, los costos de situarse en el sector informal son más altos, puesto que el gobierno cumple con su función de regresar mediante bienes y servicios los impuestos a sus contribuyentes y, paralelamente, la probabilidad de ser detectado en infracción es más alta.
Por lo tanto, es posible la existencia de países con alta recaudación o carga fiscal, pero bajo o mediano nivel de economía informal. Esta es la situación que reina en los países nórdicos.
Por el mismo razonamiento se espera que los países con alto nivel de corrupción y un pobre sistema de regulación, no puedan mantener un alto nivel de recaudación y que esto se vea reflejado en una baja carga tributaria efectiva, que no necesariamente significa una baja carga tributaria legal sobre el sector formal de la economía.
La existencia de una economía informal tiene costos sociales importantes. El conocimiento por parte de los ciudadanos de las prácticas de la economía sumergida y sus efectos, desalienta los comportamientos responsables, distanciándolos de las instituciones públicas e induciéndolos a un creciente ocultamiento de la actividad económica.
El uso de recursos para "ocultarse" por algunos y para detectarlos por parte del Estado es claramente un despilfarro de recursos para la economía.
Solución posible
Que la informalidad sea un problema no implica que cualquier política que se diseñe para atacarla sea buena. Debe quedar claro que la solución no es permitirla, sino mejorar la legislación para inducir a los agentes económicos a operar en un marco formal. Los incentivos juegan un rol clave.
Con respecto a los trabajadores, la informalidad implica una precarización y desprotección de su situación en el mercado laboral.
Además, una economía informal significativa puede restar fiabilidad a las estadísticas oficiales sobre desempleo, población económicamente activa, ingresos y consumo, entre otras cosas. Las políticas y los programas diseñados en el marco de estadísticas no fiables pueden resultar inadecuados.
Resulta claro por qué la informalidad es un problema que está preocupando de manera creciente a los gobiernos del mundo. Es cierto que la erradicación total de la economía informal es algo imposible a corto plazo y puede implicar un elevado costo social si se aplican medidas surgidas de un diagnóstico incorrecto sobre la naturaleza del problema.
Pero reconocer esto en nada justifica la convivencia con la economía informal, pues sus efectos sobre el crecimiento y el desarrollo económicos exigen que se adopten políticas para la prevención, afloramiento y sanción de la economía sumergida.
Que sea un problema mundial no es excusa para que un país no encare de manera independiente un ataque integral para combatirla. Pero, como casi siempre ocurre, el objetivo tiene que estar centrado en lograr resultados sólo en el largo plazo.
- El próximo domingo: el columnista invitado será Luciano Laspina.
Por El autor es presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea.
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