El sistema de AFJP tiene el 75% de sus fondos dependiendo de pagos del Estado, y para los aportantes aparece un futuro lleno de preguntas

Les puede faltar mucho tiempo, les puede faltar no tanto tiempo. Lo cierto es que hoy, millones de argentinos -los que tienen la suerte de tener un trabajo formal, claro está- se preguntan qué pasará con ellos y con su nivel de vida cuando su edad supere las seis décadas y llegue el momento de retirarse de la vida laboral. O al menos, para ser más realistas, muchos se preguntan, sin tanta expectativa, si vale la pena que todos los meses se les descuente compulsivamente un porcentaje de su salario o bien se les obligue a separar algo de sus ingresos de autónomos para destinar dinero a ese futuro al que ven tan incierto como lo es la propia Argentina.

Los que optaron por confiar su dinero a una cuenta de ahorro manejada por una Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) vieron que gran parte de los recursos fue a parar a manos de un Estado que terminó por declararse en cesación de pagos con algunos de sus compromisos. Con tal situación, los ahorros jubilatorios parecen parados en medio de un puente, con la época de la convertibilidad en la orilla abandonada y sin saber exactamente qué es lo que los espera del otro lado.

Varios de los analistas consultados por LA NACION no prevén un inevitable futuro catastrófico, e incluso quienes se opusieron a la reforma previsional de 1994 hoy creen en la necesidad de garantizar que el dinero aportado esté cuando llegue el momento de cobrarlo. Todos advierten, sin embargo, que el tema es preocupante y que la respuesta a los interrogantes que hoy plantea el sistema están, más que en el régimen en sí mismo, en el modelo de país que la sociedad y el gobierno que ella elija opten por tener.

Los responsables de las AFJP y algunos consultores y economistas destacan que la actualización que tuvieron los fondos de las cuentas previsionales durante 2002 logró ganarle a la inflación y, por tanto, estarían manteniendo el poder adquisitivo. Y agregan que el beneficio lo están viendo ya quienes se están jubilando, que, a diferencia de los beneficiarios de reparto, tienen actualización en sus haberes (ver página 2). Eso sí, es muy probable que esas placenteras vacaciones de hombres y mujeres maduros en un lugar paradisíaco que mostraban las primeras publicidades de las AFJP no sean justamente en el Caribe ni mucho más allá de las fronteras argentinas. Es una conclusión que, al fin y al cabo, vale para todos los trabajadores, que vieron derrumbarse sus salarios en términos de dólares.

Son varios aspectos a los que cabe referirse si se pretende analizar qué futuro le aguarda al régimen de capitalización, que cuenta con poco más de 9 millones de afiliados, aunque no llegan a los 3 millones los que aportan regularmente.

Una primera cuestión por ver es qué ocurrirá con los activos que hoy tiene el fondo administrado. Otro tema por evaluar es las reformas normativas que tendría el régimen (ver recuadro). Y un tercer punto es cuál sería, de ahora en más, el mejor destino que podría asignarse al dinero de los actuales aportes.

El primer tema admite un repaso de lo que ocurrió el año pasado, cuando los afiliados, luego de ver que durante 2001 el saldo de su cuenta caía y caía, de repente se revalorizó de forma tal que, en los últimosmeses, la rentabilidad anualizada del sistema superó el 80 por ciento.

En gran medida, eso se dio por efecto de la pesificación a 1,40 peso por dólar y la actualización por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que impactó sobre casi toda la deuda pública en poder de las AFJP. Básicamente, esa deuda está bajo la modalidad de los préstamos garantizados que otorgó el Estado en canje por otros títulos, cuya depreciación había provocado la caída de los fondos en 2001.

En parte, la deuda había sido comprada por sus rendimientos atractivos. En parte, por medidas compulsivas como la que, por unos meses, obligó a las AFJP a comprar Letras del Tesoro con dinero que estaba en plazos fijos.

Por la redolarización

A casi un año de esa disposición, las firmas no se resignan a quedarse con los préstamos garantizados en pesos. En la Unión de AFJP, entidad que preside Carlos Peguet, titular de Consolidar, insisten en que harán lo posible por lograr que la deuda vuelva a dólares, tal como fue tomada.

"Tenemos una gran incógnita por el tema de reestructuración de la deuda, porque nuestra propuesta no obtuvo respuesta", señala Jorge Saumell, vicepresidente de la Unión y titular de Arauca Bit. La iniciativa, que meses atrás discutieron las AFJP con el equipo económico, implica un reconocimiento de la deuda en dólares por parte del Estado, a cambio de prorrogar los vencimientos y reducir sustancialmente la tasa de interés del 7% que tiene gran parte de los préstamos garantizados. En total, las AFJP tienen en cartera algo más de $ 25.300 millones en esa inversión, sobre un fondo acumulado total de $ 38.700 millones.

Según las administradoras, es primordial preservar los valores en moneda dura, básicamente porque se trata de administrar recursos a largo plazo,y por tanto, no interesa tanto recuperar liquidez en poco tiempo como tener activos con respaldo.

Pero nada indica que la redolarización les dé a los fondos capitalizados un mayor valor en el presente, entre otras cosas, porque habría diferencias en la forma de registrar la deuda y y porque, eventualmente, podría haber quitas de capital.

"Aspiramos a tener una opción de canje de deuda sin quitas en el capital", destaca Saumell, quien advierte que, en cuanto termine la feria judicial de enero, las AFJP tienen previsto ir a la Justicia para reclamar que se declare inconstitucional el decreto 471, que pesificó los préstamos. Sin embargo, varios analistas creen que si las administradoras entran en una renegociación de la deuda, algo que podrían hacer volviendo a los títulos que antecedieron a los préstamos, difícilmente sean tratadas en forma diferencial respecto de otros acreedores.

El consultor Daniel Marcú, de Towers Perrin, Marcú y Asociados, sostiene que las administradoras hacen lo que deben cuando reclaman la redolarización. Sin embargo, evalúa que la cuestión de fondo no es insistir en que el sistema garantice un valor dólar. "El único parámetro que permite un análisis lógico y racional es si los ahorros mantienen su poder adquisitivo", enfatiza. Y hoy por hoy, agrega, eso sí se cumple en los papeles, dada la alta tasa de crecimiento que tuvieron. La actualización que se aplicó provocó que la deuda pública que hasta finales de marzo de 2002 estaba valuada en $ 15.100 millones, ahora se registre por $ 29.200 millones.

Según Marcú, para evaluar la performance de las AFJP, la mejor vía sería definir una canasta de consumo del jubilado, para ir evaluando qué pasa con el poder adquisitivo de los fondos "en la Argentina, que es donde va a vivir el jubilado".

"Si lo miramos en dólares, la discusión es otra; pero podemos observar el poder de compra de los fondos", coincide el secretario de Seguridad Social, Alfredo Conte Grand, quien señala que es necesario disminuir las posiciones que tienen los fondos previsionales en deuda del Estado. Cuando comenzó el régimen, recuerda, se había permitido invertir hasta el 50% en ese ítem, "algo que era necesario, aunque no deseable", para que el sector de reparto pudiera cumplir con las obligaciones con sus jubilados.

"Hay que asumir que los dólares no están y que en última instancia lo que interesa es preservar el valor adquisitivo", sentencia Héctor Valle, economista de la consultora FIDE.

La cuestión más de fondo aún es en qué medida y cuándo, en todo caso, el Estado pagará. "Yo no especularía con que pueda haber una nueva quita; el pago se va a cumplir si la sociedad es capaz de tener un gobierno disciplinado que honre sus deudas", advierte Juan Luis Bour, economista jefe de FIEL. En la opinión de Bour, hay un escenario -quizá no el más probable- de redolarización de los activos del fondo, "pero el Gobierno tratará de evitarlo".

El economista Marcelo Lascano, del grupo Fénix, no oculta su oposición a la forma en que se encaró la reforma previsional que creó a las AFJP. Sin embargo, advierte que se impone "un severo análisis no ideológico de qué hacer con el sistema".

"Los bonos públicos son virtualmente incobrables, pero hay que preservar el dinero de los que confiaron en el sistema", declara, al tiempo que advierte que los números deberían sincerarse, admitiendo que los títulos valen mucho menos que el valor de registro, teniendo en cuenta a cuánto cotizaron los prestámos en las pocas transacciones existentes.

Sea como fuere, es muy probable que pase bastante tiempo -algunos estiman dos años- antes de encontrar la respuesta final que despeje la incertidumbre sobre los bonos.

"Como muchos aportantes son jóvenes, pueden esperar a recuperar el valor de los fondos; habría que lograr un enfoque actuarial que permita que quienes no van a reclamar ahora beneficios, puedan mantener el valor del activo", analiza Lascano.

Con el tiempo, la cuantía de los ahorros acumulados también dependerá de qué destino se les dará a los recursos que van llegando.

Fondos para la producción

El economista Carlos Pérez, de la Fundación Capital, aporta su análisis: "A los bancos no les interesa mucho el plazo fijo de las administradoras, porque ahora son muy volátiles; la inversión en valores extranjeros (títulos que cotizan en el exterior) va a llegar pronto al límite admitido del 10% y en cambio, las participaciones son mínimas en fideicomisos para financiar la actividad", explica, para agregar que este último es el destino esperable de los fondos.

No son pocas las voces que promueven el uso de los recursos del régimen en el financiamiento de la economía real. Bour advierte, sin embargo, que no hay que obligar al sistema a poner el dinero en alguna inversión en particular. "Las AFJP van a invertir en lo que dé rentabilidad", señala, al tiempo que coincide con directivos de las administradoras, pero también con Conte Grand y economistas como Héctor Valle, en que es deseable que no se alimente más el financiamiento al Estado.

Los responsables directos de las áreas de inversión, si bien coinciden en el objetivo de promover la actividad, ponen un pie en el freno a la hora de medir expectativas. "Al tener el 75% del fondo inmovilizado por la deuda del Estado, la liquidez del sistema es acotada y por eso no podríamos volcar todo a fideicomisos", afirma un directivo del sector.

Por otra parte, todavía no se desarrollaron muchos instrumentos que el sistema considere viables. Hasta ahora, se invirtió en dos fideicomisos organizados por el HSBC y el Deutsche Bank, para dar crédito a productores rurales y a la actividad petrolera, y se espera que se concreten operaciones por entre $ 600 millones y $ 700 millones.

El camino para esas inversiones se va abriendo y, según Pérez, las expectativas mejoran porque este año se incrementarán los aportes.

Hasta ahora, la cautela prevaleció y fue la inversión en títulos extranjeros, que mantienen el valor en dólares, la única que avanzó, y hoy tiene una participación en la cartera de casi el 9 por ciento. Con tanta incertidumbre y lecciones del pasado, más vale un poco de moderación.

Por Silvia Stang

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