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El "tarifazo" tan temido
Con el frente externo más despejado, para la economía se avecinan meses complicados por tarifas, inflación, salarios y déficit fiscal
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LA NACIONNéstor O. Scibona
El gobierno de Mauricio Macri buscó aprovechar el éxito político que significó la rápida sanción de la ley que este mes permitirá poner fin al default parcial de la deuda y reabrir el acceso al crédito externo, para remover otro escollo pendiente en el frente interno. La fuerte suba simultánea que duplica y hasta cuadruplica las tarifas de servicios públicos (transporte, agua, gas, que se suma a la ya aplicada en electricidad) apunta básicamente a achicar la abultada cuenta de subsidios que presiona sobre el déficit fiscal. Pero, además, a concentrar su impacto inflacionario en el trimestre abril-junio, para poder mostrar tasas mensuales decrecientes en el resto del año. De ahí que el ministro Alfonso Prat-Gay haya anticipado que no habrá nuevos ajustes en lo que resta de 2016.
Aunque los incrementos son directamente proporcionales al fenomenal atraso tarifario real heredado de la era K (una de las principales causas de inflación reprimida, junto con el atraso cambiario de los últimos años), la Casa Rosada debió asumir el costo político del "tarifazo", que fue título de casi todos los medios. Precisamente el que buscó evitar durante años el kirchnerismo, a costa de catapultar los subsidios como segundo rubro en importancia del gasto público (detrás de las jubilaciones) y transformarlos en un virtual derecho adquirido, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Aquí, sólo el mayor número de votantes explica que hayan sido beneficiados con tarifas entre dos y seis veces más bajas que en el resto del país.
En esta materia, el Gobierno optó por abandonar el maquillaje kirchnerista (ocultar el abaratamiento artificial de tarifas con subsidios indiscriminados e insostenibles) y reemplazarlo por cirugía selectiva. Pero no logró evitar problemas de coordinación, comunicación y oportunidad.
El más notorio es que los aumentos acentúan el deterioro del salario real de los últimos meses, especialmente en los trabajadores de ingresos medios para abajo por más que no paguen Ganancias. Como los servicios públicos no son de uso optativo, cada aumento equivale en la práctica a pagar otro impuesto en detrimento del consumo de otros bienes. Es cierto que la "tarifa social" cubre parcialmente a los sectores más vulnerables (jubilados con haber mínimo, beneficiarios de la AUH, empleados domésticos, etcétera), sobre todo ahora que la pobreza se ubica en 34,5% según la UCA. Y que, en pesos, los aumentos promedio en cada servicio pueden significar gastos extras de $ 200 a $ 300 mensuales, equivalentes a una compra mínima en supermercados, o individualmente a dos kilos de asado, tres docenas de facturas, ocho botellas de cerveza o dos entradas de cine sin promociones. El problema es que todo suma: estos precios ya sufrieron subas y deben pagarse con los sueldos de 2015. Aquí hubiera sido preferible acordar un aumento a cuenta de paritarias o bien anticipar las negociaciones colectivas para evitar presiones adicionales.
Por otro lado, la suba del gas natural recaerá ahora sobre los mayores consumos invernales, con lo cual será más difícil alcanzar el ahorro mínimo de 15% para reducir el impacto de las nuevas tarifas (de 50 a 20%, según las categorías), por más que el pago de facturas pase a ser mensual (con lectura bimestral de medidores) como ya ocurre con la electricidad. Como contrapartida se simplifica el cuadro tarifario en tres categorías y se elimina el cargo por gas importado vigente desde 2008. En el GNC, el precio promedio para las estaciones de servicio pasará de $ 1,00 a 3,20 por metro cúbico (220% más).
Además, los ajustes tarifarios involucran otros efectos menos visibles. Uno es que, pese a su magnitud porcentual, en general no alcanzan a cubrir los costos (por ejemplo, ahora llegarían a 46% en colectivos y a menos de 20% en trenes), tampoco auditados debidamente en los últimos años. Por ende, los subsidios para compensar la diferencia se reducen, pero no desaparecen, y en parte se reorientan hacia la "tarifa social". En el caso del gas se incluye a unas 350.000 familias con una bonificación de 100% en el costo del fluido. También se mantiene el Plan Hogar, que transfiere fondos a 2,8 millones de personas sin acceso a redes para la compra de garrafas de gas licuado. De todos modos, el Ministerio de Energía prevé para 2016 un ahorro en subsidios a la oferta mayorista (productores) y demanda (importación vía Enarsa) del orden de 4000 millones de dólares anuales con respecto a los 6218 millones de 2015.
Otro es que la nueva suba de 6% en naftas y gasoil difícilmente sea la última del año, ya que todavía no compensa la última devaluación dentro del esquema vigente desde 2015 de ajustarlos en función del dólar. Así incrementa los costos del transporte de pasajeros, cargas y producción agrícola, además de transferir ingresos de los automovilistas al sector petrolero, debido al precio sostén interno 50% más alto que el internacional para apuntalar la actividad y el empleo.
En otras palabras, el proceso de readecuación de tarifas, reducción o quita de subsidios todavía está lejos de ser completado. De hecho, las subas de la electricidad y el gas natural son a cuenta de la revisión tarifaria integral dispuesta por el kirchnerismo hace ocho años, y que ahora se dispuso completar para fines de 2016 y comienzos de 2017, respectivamente. Para más datos, un informe elaborado por el Ceres (Universidad de Belgrano) indica que las actuales tarifas eléctricas (promedio con subsidios) en el AMBA para un consumo residencial de 300 kWh, todavía resultan 34% más bajas que las de Córdoba y Santa Fe. Y que la Argentina mantiene, junto con Venezuela y Paraguay, las tarifas residenciales, comerciales e industriales más bajas de la región en términos de dólar, aunque esto obedece, en parte, al fuerte aumento del tipo de cambio a partir de diciembre de 2015.
En lo inmediato, el impacto de la suba de tarifas agregará -por única vez- no menos de 2 puntos a la inflación de abril y en los meses siguientes es previsible un traslado parcial a precios. Para contrarrestarlo, el gobierno de Macri se dispone a apurar la devolución del IVA (10,5%) en las compras de productos de la canasta alimentaria que realicen los sectores más vulnerables y un régimen de promoción del primer empleo, con reducción de costos laborales. Aun así, el efecto sobre paritarias del sector privado y público, así como su repercusión sobre el déficit fiscal, se mantiene con final abierto.
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