Vaca Muerta, el desafío del costo laboral y los acuerdos por productividad

Vaca Muerta volvió a ocupar un lugar relevante en las noticias y, en esta oportunidad, el tema que originó su resurgimiento fue el acuerdo por productividad firmado por los interesados directos en la operación del yacimiento, estos es, los representantes de las empresas y del sindicato de la actividad petrolera.

Además, el Gobierno no ocultó su intención en el sentido de mostrar que este acuerdo constituye un camino a seguir por los actores sociales en otras actividades donde es necesario mejorar la productividad y competitividad. Partiendo de la base de reconocer la importancia que tiene la negociación colectiva para que empleadores y trabajadores acuerden libremente las condiciones de trabajo, se exponen algunas consideraciones en el marco de la discusión sobre el alcance y el rol de estos acuerdos.

En primer lugar, resulta imprescindible ser claros sobre el objetivo de estos acuerdos, a saber: bajar el costo laboral vinculado a la producción del bien o servicio. Es un error pretender ser “políticamente correcto” y disfrazar esta finalidad. A nuestro entender, reconocer el objetivo con esta claridad meridiana tiene dos consecuencias inmediatas: por un lado, permitirá redactar cláusulas concretas, claras y operativas, sin lenguajes confusos que dificulten su entendimiento y, por el otro, servirá para establecer cuáles son los límites que hagan de esta negociación una negociación posible y razonable. Nos detendremos en este segundo aspecto que, sin dudas, es el más conflictivo.

Hemos oído comentarios y reflexiones, bien intencionados en su mayoría, que han expuesto su temor en relación a que estos acuerdos nos transporten a la flexibilidad y precarización laboral de los años 90. Escaparemos a la tentación de quedar atorados en esta discusión para señalar que, por su forma y su contenido, estos acuerdos no deberían guardar relación alguna con aquella experiencia.

Me explico. Mientras el eje de la flexibilización de los años 90 relacionó el “costo laboral” con el costo de contratar y despedir trabajadores, en esa línea encontramos los contratos de duración determinada sin indemnizaciones (conocidos como “contratos basura”) o las reducciones en las contribuciones patronales, en los acuerdos de productividad el “costo laboral” tiene que vincularse con reducir el costo de producir bienes y servicios sin afectar el nivel de empleo.

En segundo lugar, parece conveniente que se exploren alternativas un poco más imaginativas que la simple variabilización del salario a través de premios por cumplimiento de objetivos; no decimos que ello no sea importante pero parece más inteligente que la negociación sobre la productividad vaya madurando y que, durante la primer ronda de negociación se “ataquen” problemas más sencillos.

La experiencia en la actividad petrolera resulta muy interesante al punto de que la negociación se orientó a modificar aquellas prácticas de la actividad y/o condiciones de trabajo que generaban costos innecesarios. Así, por ejemplo, se revisó el pago de las horas de traslado hasta el yacimiento conocidas como “horas taxi”, el montaje de equipos durante la noche o la suspensión de tareas a causa de la velocidad del viento.

Cada actividad podrá identificar sin mucha dificultad cuáles son aquellas prácticas o condiciones de trabajo que inciden sobre el precio final del producto o del servicio. No se trata de modificar la legislación de fondo y, en la mayoría de los casos, ni siquiera de introducir modificaciones sustanciales en el convenio colectivo de trabajo de la actividad. Se trata de “abrir” los convenios colectivos de la actividad con cláusulas que permitan a los niveles inferiores de negociación tratar de acordar las correcciones que sean necesarias dentro de sus ámbitos de representación.

No es igual el impacto que puede tener una práctica distorsiva en una pequeña empresa que en una empresa grande. Ejemplos de prácticas distorsivas abundan: pago de adicionales cuando no hay tarea alguna (guardias pasivas), abusos en el crédito de horas pagas de los delegados, reducciones de jornada sin justificación o limitaciones a las tareas que pueden realizar los trabajadores según la categoría.

Se trata de volver al equilibrio que implica una relación justa entre la efectiva prestación de tareas y la remuneración por ese trabajo. Se trata de poner una mirada crítica sobre aquellas prácticas que han distorsionado esta relación eliminando aquellos “beneficios” que, en definitiva, han puesto en riesgo la estabilidad misma de los empleos. Se trata de poner inteligencia, voluntad y coraje en esta tarea.

Abogado, socio de Adrogué, Marques, Zabala & Asociados