En 2022, la Argentina seguirá condenada a la inflación

La Argentina está condenada a la inflación. No importa lo que ocurra el 14 de noviembre de este año y cuál sea el resultado final de las elecciones legislativas. Los precios seguirán subiendo en 2022.

Este año es todo represión de precios. Pero, más allá del rezago de la emisión monetaria, de la brecha cambiaria, los precios congelados y de la recuperación de los servicios tras la pandemia, se abren dos escenarios de cara al año que viene.

Si el Gobierno continúa pisando el dólar, las tarifas y otros precios, como en la actualidad, se resentirán las exportaciones, la inversión, la calidad de los servicios y de los bienes producidos, y a mediano plazo habrá desabastecimiento de productos y escasez de oferta. Es un camino pedregoso hacia la estanflación.

Si, en cambio, el Frente de Todos avanza vía shock o con la sangría propia del gradualismo en una actualización para “normalizar” la economía y sus precios relativos, está claro -como enseña la historia reciente, a diferencia de lo que pensaba el Banco Central (BCRA) en tiempos de Mauricio Macri- que también habrá más inflación.

Ningún gobierno -sea del signo que sea- podrá salir del círculo vicioso al que se volvió a ingresar en 2007 sin generar un salto de los precios antes de comenzar a lograr una solución definitiva. Por eso, la política juega un papel trascendental en esa primera colina a subir. Pero también lo hace, luego, a la hora de hacer sustentable la solución. La inflación es un fenómeno monetario de mediano plazo generado por políticos que gastan más de lo que tienen por dos vías: emiten deuda (Macri) o emiten pesos (Fernández-Fernández). La solución no es magia; la halló Israel en 1985: pacto social-institucional para bajar el déficit.

Los precios son un mal estructural argentino. El talentoso economista jefe de la consultora Arriazu Macroanalistas, Fernando Marengo, suele sacar de su galera dos datos sombríos, pero que explican la película que desencadenó en la actual decadencia. En los últimos 70 años, la inflación anual promedio de la Argentina fue de 65%. Si se eliminan los períodos de hiperinflación, ese promedio es de 40% por año.

Sólo hubo un par de años seguidos de baja inflación, en la convertibilidad (y algunos otros desperdigados por la historia), que tuvieron dos de los tres condimentos para mantener sin saltos bruscos los precios: estabilidad del tipo de cambio oficial y freno al desborde de emisión. Irónicamente, el tercer condimento lo aportó la pandemia en 2020: la flexibilidad a la baja de los salarios -acuerdo UIA y CGT- ante las crisis para amortiguar el desempleo.

Martín Guzmán falló en su objetivo macroeconómico de que la inflación fuera 29% este año. No lo ayudaron los precios internacionales, pero menos lo respaldó la política, que desbarajustó la confianza que buscaba crear en los actores económicos y le echó combustible al componente inercial. Tras el “Affaire Basualdo” por las tarifas de los servicios públicos, entró en modo supervivencia. Pero en los últimos días se vio su peor versión: en una universidad se sacó el traje de técnico y se puso el de político. Allí cambió su diagnóstico sobre las causas que generan la inflación y culpó a los empresarios por los aumentos para satisfacer al kirchnerismo. No tienen liderazgo; no se alinearon, acusó.

El ministro de Economía podrá decir que la inflación anualizada del primer semestre, de 70%, pasó en el segundo a estar más cerca de su objetivo, cerca del 30%. En esos primeros seis meses los salarios perdieron dos puntos y medio. Esa curva se invertiría en las elecciones. Se trata, sin embargo, de una política de parches, transitoria; todo lo contrario a lo sustentable que el discípulo de Stiglitz pregona.

Los que miran el corto plazo ven una desaceleración de la inflación para el momentum electoral. Se adivina analizando precios de bienes transables y tipo de cambio oficial, brecha cambiaria, política tarifaria, salarios y márgenes. Los que miran el mediano plazo ven una nueva aceleración de precios desde diciembre. Lo dice el propio BCRA en su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que prevé un 2022 con 42% de inflación. En esas expectativas influyen los $670.000 millones girados de la entidad monetaria al Tesoro en lo que va del año (no en su totalidad son inyección monetaria).

Diversos documentos de analistas privados estiman que el “shock de consumo” electoral costará entre $700.000 y $800.000 millones. Más leña al fuego. Además, en medio de la escalada del blue, el año pasado, Guzmán había prometido invertir la torta del financiamiento del déficit de 4,5% del PBI: si en el presupuesto explicitó un 60% de emisión y 40% de deuda, buscaría que la relación fuera la inversa para calmar a los mercados. Por ahora, se trata de otra promesa que se le hace cuesta arriba cumplir.

Los inversores ya sienten ese mediano plazo. La mitad de la deuda emitida por el Gobierno en pesos ya está indexada. En un 2022 de inflación garantizada la opción no será licuar pasivos sino, como en el primer semestre de este año, sufrirían haberes de los jubilados, salarios estatales, o la ayuda social. Fue el ajuste de Guzmán implementado para cerrar con el FMI en mayo, un hecho postergado por Cristina Kirchner. Vale registrar sí que una amplia gama de la política social está vinculada a lo transitorio a la hora de pensar en un nuevo achicamiento del rojo fiscal futuro. Muchos bonos, entre otras artimañas, dibujan un gasto efímero.

El Fondo será otro desafío para 2022. Los dólares en el BCRA no alcanzan para pagar la deuda con el organismo multilateral. Pero, además, los pesos tampoco serán suficientes para la actual política expansiva si los precios de la soja terminan siendo un boom pasajero de fondos especulativos o si algún engendro como el aporte a la riqueza no se reedita. Ya lo dijo Victoria Tolosa Paz: los impuestos no alcanzan.

Por Francisco Jueguen

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