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En las quiebras, los trabajadores tendrán prioridad para cobrar
Se aprobó ayer la reforma de la ley para facilitar el pronto pago a los empleados
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LA NACIONJaime Rosemberg
En un rápido trámite, y por unanimidad, el Senado aprobó ayer y convirtió en ley el proyecto del Poder Ejecutivo que reforma la ley 24.522 de concursos y quiebras, norma que apunta a priorizar el pago al trabajador en caso de quiebra de una empresa y establece que los juicios laborales se resuelvan en el contexto de la justicia laboral en lugar del fuero civil y comercial, como hasta ahora.
La iniciativa, aprobada en menos de dos horas de debate y con 52 votos positivos, venía en segunda revisión desde la Cámara de Diputados, que la había modificado y aprobado el 22 del mes último. El oficialismo en el Senado, que encabeza Miguel Angel Pichetto (FV-Río Negro), insistió en la versión original del proyecto, aprobada en agosto del año pasado, y logró los dos tercios necesarios para sancionar la norma.
La nueva ley facilita el "pronto pago" de los créditos en favor del empleado cuando la empresa ingresa en el proceso de concurso, aun antes de los acreedores de créditos hipotecarios o prendarios.
También según el proyecto, los trabajadores no estarán ya expuestos al fuero Civil y Comercial, y ante el cierre de su fuente de trabajo deberán litigar en la justicia laboral, como ocurre con el resto de las demandas del personal en relación de dependencia. Un juez podrá ordenar, a partir de allí y de oficio, el pago del crédito al trabajador, aun antes de que el síndico de la causa culmine el proceso de verificación de las deudas de la empresa.
El síndico deberá hacer, en un plazo no mayor de 10 días, un estudio de la disposición de pronto pago del juez, y ordenar entonces el desembolso de ese crédito. También deberá vigilar, mes tras mes, que ese pago al empleado se cumpla, y, en caso de que el dinero no alcance para pagarles a todos los beneficiarios, se retendrá a ese efecto el 1 por ciento del ingreso de la empresa concursada.
La modificación a la ley de quiebras era respaldada por la dirigencia de la CGT que encabeza el líder de los camioneros, Hugo Moyano, asociaciones de magistrados y abogados laboralistas.
Consenso político
La modificación de la ley de quiebras, que rige desde 1995, fue impulsada por los propios fueros comercial y laboral, y apunta a "descomprimir la situación de muchos trabajadores que tardan en cobrar sus créditos", según indicó la senadora Liliana Negre de Alonso (PJ-San Luis), una de las principales impulsoras del proyecto.
El miembro informante por el oficialismo, Nicolás Fernández (FV-Santa Cruz) destacó el "altísimo consenso" del que gozaba la iniciativa y recordó una auditoría reciente de la Corte Suprema que daba cuenta de que, hasta principios de 2005, se encontraban en el fuero comercial 431.409 causas atendidas por sólo 26 juzgados, mientras que 25.000 causas eran atendidas por 80 juzgados en el fuero laboral.
"En la practica, esta desproporción es una evidencia de denegación de justicia a los trabajadores", afirmó Fernández para justificar el traspaso.
Según el diputado santacruceño, con la sanción de esta norma "se está cumpliendo con el principio de especialización que requiere un buen servicio de Justicia", y brindando "seguridad, justicia y celeridad procesal" ante los conflictos laborales.
Desde la oposición también apoyaron la modificación. Para el radical Norberto Massoni (UCR-Chubut), "el proyecto satisface las necesidades judiciales para dictar sentencias" y lo calificó de "práctico y moderno". Para el socialista Rubén Giustiniani (PS-Santa Fe), "la ley es positiva porque modifica una norma que se hizo pensando más en las empresas que en los trabajadores".
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