Expropiación de YPF: el verdugo de la Argentina va por otra víctima
El fondo Burford apeló el fallo que había dejado absuelta a YPF de responsabilidades por la estatización del 51% de las acciones
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LA NACIONSofía Diamante
Luego de que la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, absolviera a YPF por el caso de la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera, los demandantes, liderados por el fondo Burford Capital, apelaron ayer la sentencia. El caso pasará ahora a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, que suele demorar entre nueve meses y un año en dar un nuevo veredicto. Es la penúltima instancia antes de apelar a la Corte Suprema. Esto genera un problema adicional para la petrolera.
YPF anunció hoy la noticia de la apelación a través de un hecho relevante que presentó en el mercado financiero local. “(...) En la sentencia final dictada el 15 de septiembre de 2023, el tribunal del Distrito Sur de Nueva York ordenó, sentenció y decretó que todos los reclamos de los demandantes contra YPF quedaron desestimados, decretando que YPF no tiene responsabilidad contractual y no debe ningún daño a los demandantes por incumplimiento contractual”, escribió Margarita Chun, responsable de relaciones con el mercado de YPF.
“El 18 de octubre de 2023 [por ayer], los demandantes apelaron la sentencia final del tribunal de distrito con relación a YPF y a aquellas decisiones que, a los efectos de la apelación, se ven incluidas en la sentencia final. En este contexto, YPF continuará defendiéndose conforme el procedimiento legal aplicable y las defensas disponibles”, agregó.
Los demandantes sostienen que YPF es responsable también por el daño producido a los demandantes, al no haber obligado al nuevo accionista mayoritario -el Estado argentino- a que cumpla con el estatuto de la empresa y que hiciera la oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas minoritarios cuando estatizó el 51% de las acciones. En el fallo, la jueza Preska había indicado que YPF no tenía responsabilidades al respecto.
La apelación de Burford y del fondo Eton Park llega unos días después de que el Estado argentino apelara también el fallo que lo obliga a pagar US$16.100 millones en concepto de capital e intereses por indemnización a los demandantes.
La Procuración del Tesoro argentino realizó la apelación sin presentar un fondo de garantía, con lo cual se podría exponer a que los demandantes embarguen activos estatales en el exterior, como ocurrió en el pasado, cuando fue retenida durante 77 días la Fragata Libertad en el puerto africano de Tema, en Ghana, en 2012.
“La Corte de Apelaciones acepta siempre los casos y determina si la corte inferior estuvo correcta o no en el fallo. Para avanzar, primero la Argentina y los demandantes deben presentar sus estrategias, que consisten en tres preguntas que deben hacerle a la Corte de Apelaciones. Luego hay que ver también si se consolidan las dos apelaciones en un solo tribunal, o si van por caminos paralelos, pero con distintos jueces a cargo”, explicó Sebastián Maril, director de Research for Traders, quien sigue de cerca los juicios contra la Argentina en el exterior.
La historia del fallo
Al momento de la estatización, Eton Park era accionista de YPF. La petrolera cotiza en la bolsa de Nueva York desde 1993. Burford Capital, en cambio, compró el derecho a litigar en la Justicia española, cuando las empresas Petersen –que habían fundado la familia Eskenazi en ese país y que eran accionistas de YPF– entraron en quiebra.
Los fondos sostuvieron que el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una OPA sobre el total de las acciones, como dice el estatuto de YPF presentado en Estados Unidos cuando salió a cotizar en Bolsa. Según el artículo 7º del estatuto, cuando un inversor compra más del 15% de las acciones, debe hacer una oferta de adquisición al resto de los accionistas.
En su momento, la Argentina no hizo la OPA y el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, que era interventor en YPF, dijo en el Congreso, antes de votarse la ley de expropiación: “Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento a un valor equivalente a US$19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto! ¿Si no dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron: ‘¿Cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía?’”.
Tanto los demandantes como la jueza Preska citaron esa frase para justificar los alegatos y el fallo. “La República obligó a los demandantes a otorgarle un préstamo masivo después de expulsar por la fuerza a los miembros del directorio de YPF, el 16 de abril de 2012, lo que provocó que los representantes de Repsol en YPF huyeran del país. El Sr. Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar sus estatutos’”, dijo la magistrada.
La defensa argentina planteó en todo momento que la Constitución está por encima del estatuto de una empresa y que se rigieron por la ley de Expropiación. Durante el juicio, el Estado también detalló que Burford pagó 15,1 millones de euros al fisco de España y un 30% de la indemnización que resulte de la sentencia por el derecho a demandar, luego de que las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora quebraran en ese país, donde fueron constituidas.
Las compañías Petersen eran propiedad de la familia Eskenazi, dueña también del Banco de Santa Cruz, donde trabajó durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri el actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini, encargado de liderar la defensa jurídica del Estado argentino. Pese a que el expediente de juicio en Nueva York figura que los demandantes son las empresas Petersen, la familia Eskenazi dice que el grupo, con operaciones en el país, “es totalmente ajeno a la demanda”.
Las empresas Petersen habían comprado el 25% de las acciones de YPF a Repsol, el 21 de febrero de 2008, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Primero pagaron US$1100 millones por el 14,9% de las acciones y luego US$2200 millones por el 10,1% restante, según los valores de mercado de ese entonces. Para ello, habían obtenido créditos por parte de un grupo de bancos europeos, que se iban a devolver con las utilidades de las acciones. Cuando la Argentina tomó el control de la firma, se suspendieron el cobro de dividendos y las empresas quebraron.
El fondo Eton, por su parte, había comprado el 3,04% de las acciones de YPF en noviembre de 2010 por un total de US$458 millones.
En mayo de 2014, Kicillof arregló una indemnización de US$5000 millones a la petrolera española Repsol por el 51% de las acciones que tenía cuando fueron expropiadas.
La demanda contra YPF y la República Argentina comenzó en abril de 2015. Actualmente, el 100% de YPF vale US$5100 millones, según su cotización en Nueva York. Pero la Argentina deberá pagar el triple de ese valor por la expropiación de 2012.
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