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Fuerte aumento de las quejas de los usuarios de AySA
Entre junio y agosto se triplicaron los reclamos por las demoras en resolver problemas
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Las quejas y reclamos de los usuarios de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) se multiplicaron por tres entre junio y agosto. El servicio había sido reestatizado en marzo, luego de quitarle la concesión a Aguas Argentinas.
Según pudo saber LA NACION, en junio se presentaron unos 400 reclamos ante la oficina de atención al usuario del Etoss, ente regulador del sector. En la primera quince de este mes la cantidad de quejas trepó a 1200.
La mayoría reclama por el plazo que AYSA demora en resolver los problemas en el servicio. Consultadas fuentes de la empresa, ahora en manos del Estado, admitieron "demoras" en la atención de los reclamos, pero lo adjudicaron a dificultades propias de la transición entre la gestión privada de Suez (en Aguas Argentinas) y la nueva etapa. "No hay problemas de fondo con el servicio. Lo que está pasando es que estamos reformulando los contratos de tercerización, y eso pudo provocar algunas demoras", dijo un alto ejecutivo de la empresa.
Por su parte, fuentes de la Secretaría de Obras Públicas, que depende del Ministerio de Planificación Federal, dijeron que "hay que discriminar el tenor de las quejas", aunque coincidieron en que se trata de demoras en la firma de los nuevos acuerdos con las empresas contratistas.
En la empresa explicaron que los problemas surgieron con varios contratistas a los que les quedaron cuentas impagas dentro de la convocatoria de acreedores de Aguas Argentinas. Y AySA les habría exigido que siguieran trabajando, pero haciendo "borrón y cuenta nueva", lo cual generó mayores demoras en la reparación de averías. También una supuesta exigencia del sindicato que conduce José Luis Lingeri, acerca del encuadramiento de los trabajadores de las contratistas, habría sumado rispideces entre esas empresas y AySA.
El presidente Néstor Kirchner rescindió el contrato de Aguas Argentinas el 21 de marzo pasado; la propiedad de la nueva empresa que explota el servicio está en manos del Estado (90%) y el sindicato (10%).
En aquel momento el Gobierno anunció que en un mes estaría listo el plan quinquenal de obras para atender la demanda de los habitantes del conurbano, donde 2 millones de personas no tienen acceso al agua potable por red, y 4 millones no tienen servicio de cloacas. El ex director de Aguas Argentinas y actual presidente de AySA, Carlos Ben, había mensurado en $ 9000 millones el presupuesto necesario para la expansión del servicio. Sin embargo, fuentes de Planificación consultadas ayer dijeron que "el Gobierno nunca dio cifras", y precisaron: "En quince días estaremos en condiciones de dar definiciones".
Debate en Diputados
Ayer, la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, que preside Edgardo Depetri (Frente para la Victoria), convocó a legisladores y a especialistas para discutir sobre "El agua, recurso natural no renovable", una jornada que reunió a Carlos Vilas, presidente del Etoss; Fabián López, de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, y al ingeniero Raúl Biancuso, flamante gerente de Operaciones de AySA, en lugar de Carlos Ben, que se retiró del Palacio Legislativo por una indisposición.
Vilas expuso la situación del servicio en distintos países del mundo y subrayó la necesidad de que, sea estatal o privado, el proveedor debe ser controlado por el Estado. Recordó que la estatal Obras Sanitarias, "como era del Estado, nunca se reguló y la calidad del servicio se deterioró tanto que creó el clima propicio para la posterior privatización".
Vilas también insistió en que las tarifas deben responder a los índices de eficiencia de la empresa, así como a la realidad económica de los grupos de usuarios a los que abastece; e hizo hincapié en que, precisamente por tratarse de una empresa estatal, que no persigue la rentabilidad, "hay que vigilar la eficiencia con que la empresa utiliza los recursos que obtiene de los usuarios a través de la tarifa, y del Tesoro nacional para la inversión en el servicio".
Depetri, ex secretario general de ATE en Río Turbio y uno de los fundadores de la CTA, se pronunció en favor de una modificación de la actual normativa para redefinir el rol del ente regulador, y dijo a LA NACION que "AySA no es un problema de recursos, sino de definiciones políticas. Hay que ir a una normativa que contemple la calidad del agua, la tarifa justa para los usuarios, y los niveles de inversión necesarios y de participación comunitaria para la expansión del servicio. No porque sea estatal hay que dejar de controlar la empresa". El legislador culminó: "La estatización por sí sola no resuelve el problema del acceso al servicio, pero sí da mayores posibilidades de discutir el agua como derecho humano, y no como un negocio de unos pocos".
El ingeniero Biancuso enumeró las obras en marcha, que ya se habían anunciado cuando se reestatizó el servicio, como la ampliación de redes de agua potable en Lomas de Zamora, La Matanza, Quilmes, Esteban Echeverría, Tigre, Tres de Febrero, Almirante Brown, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, General San Martín y Morón, los distritos con las mayores necesidades por cubrir.
Por Por Josefina Giglio <br/> De la Redacción de LA NACION
