Hay más funcionarios del Senasa en la mira de la Justicia

A simple vista, Promsa es un nombre que no dice mucho. Pero tras él se esconde una oscura trama de presunta corrupción que ya involucra a siete funcionarios procesados por ñoquis, unos 30 millones de dólares en juego y una extensa lista de irregularidades que podrían costarle la cabeza a varias personas más, entre ellas, Carlos Lehmacher, ex vicepresidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Agroalimentaria (Senasa), que hoy prestará declaración indagatoria.

Como la punta de un ovillo, el disparador de la historia fue un procedimiento efectuado hace cinco meses atrás por el juez federal Carlos Liporaci en una de las oficinas del Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios, más conocido internamente como "el Promsa" y que aún sigue funcionando en el Senasa.

Allí se descubrió una larga lista de anormalidades en el manejo de los fondos provenientes de créditos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) supuestamente destinados a proyectos rurales. Digno de comentar resulta el hecho de que el Programa consta con otras siete unidades ejecutoras y se financia con un préstamo internacional de 122 millones de dólares.

Todo este gigante depende directamente de una oficina coordinadora que funciona en la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación, al mando de Martín Galíndez.

En esta última semana la causa cobró un nuevo impulso dado que se dictaron autos de procesamiento a siete de los ocho primeros funcionarios indagados y se les trabaron embargos de hasta 130.000 pesos. Además, ayer presentó un escrito y se negó a responder las preguntas del tribunal, Amanda Fuxman, la segunda dentro de la jerarquía de esta unidad.

Hoy es el turno de Patricia Martínez, titular de la oficina, y de Lehmayer, que había renunciado a la vicepresidencia del Senasa, el 10 de septiembre último, de una manera, según comentaron fuentes confiables, un tanto forzosa.

"Tengo diez días para analizar las declaraciones y luego tomar una decisión con respecto a estas personas", dijo Liporaci al tiempo que deslizó la factibilidad de nuevas citaciones. Y también aseguró que "hay posibilidad de más ñoquis y estamos haciendo los peritajes acerca de un estudio de suelos que habría realizado una empresa llamada Varonese, actualmente en quiebra".

En la fiscalía comentaron que en el caso de comprobarse los delitos podría caber la prisión para los involucrados. Al parecer, el dinero que pasaba por esta oficina del Promsa se manejaba "con asombrosa soltura", definió alguien vinculado con la causa.

"Por Patricia pongo las manos en el fuego", habría dicho Lehmacher a La Nación , días después del allanamiento, para precisar la confianza que le inspiraba su colaboradora de estos últimos cinco años en la oficina del Promsa-Senasa, Patricia Martínez.

En detalle, la Justicia incautó en esa oportunidad aparentes contratos laborales -firmados por Lehmacher-, facturas de compra de muebles por 100.000 pesos y dinero efectivo dentro de sobres con un nombre de pila en el lomo.

Curiosamente, la denuncia partió de una ex empleada de 32 años y con dos hijos, quien pidió no ser nombrada ya que ahora trabaja contratada en otro organismo estatal. "Es un sistema perverso porque estás obligada a ver cosas que no podés decir por miedo a que te echen", relató y, al cabo de una pausa, agregó: "Muchos no pueden hacer nada".

La idea de crear un programa de estas características surgió en 1989 cuando Felipe Solá asumió como secretario de Agricultura. Pero comenzó a funcionar -con el objetivo general de apoyar el desarrollo sostenido del sector agropecuario, tal cual señala una publicación de esa cartera- durante 1992, luego de aprobarse el proyecto.

El período de ejecución cierra a fines de 1998 -Solá dejó su cargo para catapultarse a la candidatura de la provincia de Buenos Aires el 28 de agosto- y quedan todavía, según Liporaci, muchas dudas del real destino de estos fondos que ya engrosan la deuda externa de la Argentina.

Por Franco Varise

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