Hubo acuerdo: Siderar tendrá tres directores del Gobierno

Un día se selló la paz, y ese día fue ayer. La controversia entre el Gobierno y Techint, que se originó por la conformación del directorio de Siderar -una de las estrellas del grupo industrial-, quedó saldada en la asamblea de accionistas que se hizo ayer. Ya estaba todo acordado de antemano. Los abogados de Techint y los que representan a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) llegaron a la reunión con todo listo. Sólo era firmar, votar y seguir.

Formalmente, el nuevo directorio de la empresa quedó conformado por ocho miembros que representan a Ternium (accionista mayoritario de Siderar) y tres en nombre de la Anses. Este fue uno de los principales puntos de la negociación: la cantidad y el nombre de los directores. A tal punto fue así, que dos de los tres nombres fue la única moción que no se votó por unanimidad.

Los que no se llevaron la aprobación de la empresa fueron el economista de La Cámpora, Axel Kicillof, nombre que se tornó una imposición del Gobierno para sentarse a negociar, y Damián Camacho, un contador de confianza del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. El tercer representante oficial, Francisco Cudós, un dirigente sindical de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ya era director de la compañía en nombre de las acciones en poder de los trabajadores. Cudós fue el único de los tres directores propuestos por el Gobierno que contó con el apoyo de la empresa; los otros dos fueron nombrados con los votos de la Anses.

El otro punto sobre el que había controversias era el reparto de dividendos por 1511 millones de pesos. En la anterior asamblea, el Estado se había opuesto a esa iniciativa de la empresa. Pero ayer no sólo aprobó la medida sino que aprobó por unanimidad los estados contables de Siderar.

Tercer factor

El tercer factor de discusión fue la aprobación de una reserva de dividendos futuros por 6500 millones de pesos. La Anses, tal como se había acordado en las negociaciones previas, pidió aclaraciones. La empresa las dio y todo quedó zanjado.

La Anses tiene acciones por el 25,97% del capital de Siderar, que llegaron al organismo después de la reestatización de los fondos previsionales que tenían las AFJP.

Entonces estaba vigente un tope que tenían las administradoras, por el cual, más allá de la cantidad de acciones, no podían ejercer derechos políticos por más del 5%. Mediante el decreto de necesidad y urgencia 441, la presidenta Cristina Kirchner autorizó a la Anses a hacer valer los derechos políticos por el total de las acciones, sin importar el tope que regía hasta entonces.

Ayer, ambas partes desistieron de la mayoría de las acciones cruzadas que habían sustanciado en la Justicia o en sede administrativa desde que se planteó la discusión. Sólo hubo una reserva de derechos futuros por el pedido de inconstitucionalidad del decreto 441 que fue solicitada por la empresa. Esa demanda quedó en pie y seguramente llevará mucho tiempo expedirse sobre el asunto.

Otro representante del Estado estará en el Consejo de Vigilancia, compuesto por tres miembros: dos en representación de la empresa y el tercero, en nombre de la Anses.

Más allá de que siempre fue el ministro De Vido el interlocutor oficial con el mundo empresario, y con Techint en particular, esta vez fueron el ministro de Economía, Amado Boudou, y el director de la Anses, Diego Bossio, los encargados de encaminar la negociación entre dos pesos pesados: el Gobierno y el grupo industrial más fuerte de la Argentina.

CLAVES DEL ACUERDO

• Directores. De los 11 que tiene Siderar, 3 representarán las acciones (29,5%) que tiene la Anses.
• La Cámpora. Axel Kicillof, que era muy resistido por la empresa, finalmente ocupará un cargo en el directorio. Damián Camacho, un hombre de confianza de De Vido, y Francisco Cudós, en representación de los trabajadores, son los otros dos.
• Dividendos. El reparto de 1511 millones de pesos, que había sido objetado por el Gobierno, finalmente fue aprobado por unanimidad. También se aprobó una reserva futura de dividendos por 6500 millones de pesos.

Por Diego Cabot

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