Impuesto a la riqueza: por qué el campo y la industria consideran que afectaría al sistema productivo
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LA NACIONSilvia Stang
Que se le daría igual tratamiento a una Ferrari que a un tractor; que quedaría gravada la totalidad de los bienes de una persona sin que puedan descontarse las deudas pendientes de pagar que, en muchos casos, hicieron falta para adquirirlos; que la imposición alcanzaría a las participaciones societarias que tienen los individuos, y que posiblemente deberían venderse activos del sistema productivo para hacer frente a la nueva carga fiscal. Esas son las razones puntuales que dicen tener referentes de la industria, del campo y del comercio para considerar que el aporte extraordinario que promueven los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller perjudicaría al sistema productivo, aun cuando no esté destinado directamente a las empresas.
Tal como quedó el texto de la iniciativa que obtuvo dictamen el 25 de septiembre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, y que se trata hoy en el recinto, el "aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia" -más conocido como impuesto a la riqueza o a las grandes fortunas- alcanzará, en caso de ser aprobado, a las personas físicas con patrimonios que, valuados según las normas del impuesto a los Bienes Personales y a la fecha en que entre en vigencia la ley, superen los $200 millones. El proyecto aclara que, a diferencia del tributo anual sobre los bienes, en este caso no se prevé ninguna exención, sino que la totalidad de los activos, incluyendo participaciones societarias y títulos con los que se financia a la actividad y al Estado, quedarían gravados.
Tampoco se admitiría restar las deudas ni se dispondría un mínimo no imponible. Este último punto llevaría a que, por una mínima diferencia en el patrimonio, una persona podría quedar al margen de la carga (por estar cerca pero no llegar a los $200 millones) y otra debería pagar más de $4 millones (por superar aunque sea levemente esa cifra).
El monto más bajo a tributar en el caso de que la totalidad de los bienes esté en el país sería de $4 millones, ya que en la parte más baja de la escala de alícuotas se prevé una tasa de 2% para patrimonios de entre $200 millones y $300 millones. A partir de allí, las alícuotas suben en forma progresiva y las más elevada es para patrimonios de más de $3000 millones (en este caso se tributarían $88,5 millones más el 3,5% del monto excedente de $3000 millones). Si son bienes en el exterior, la imposición sería más elevada, con alícuotas del 3% al 5,25%.
En la reunión de la comisión de presupuesto en la que se le dio dictamen al proyecto, Heller reconoció que se gravarían los bienes productivos que forman parte de los patrimonios personales. Y dio su explicación, en respuesta a una observación que se le hizo sobre ese aspecto: "Si sacáramos [del monto imponible] las participaciones accionarias de los empresarios nacionales, que viven en el país, casi que les estaríamos pidiendo un aporte sobre las casas de los countries; sobre las casas que tienen para el fin de semana; no sé [en ese caso] sobre qué van a tributar". Y agregó que si bien no se quiso gravar a las empresas, el interés "parece quedar un tanto mezclado cuando se tiene en cuenta que las personas humanas son dueñas de las empresas; eso es un tanto inevitable".
Desde el sector industrial, una dirigente que expresó con mayor contundencia sus cuestionamientos fue Carolina Castro, integrante del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA). "No es solamente un aporte de las fortunas personales, sino de activos de empresas que invierten y dan empleo de calidad en el país", expresó en un hilo de tuits. Y agregó: "Se tributa por autos, casas, plata en los bancos, bonos; pero también por tornos, puentes grúa, galpones, inyectoras, transformadores, etcétera. En una industria, hasta el 70% de aporte puede ser por haber invertido en fierros que dan empleo".
En diálogo con LA NACION, Castro dijo que su foco está en lo negativo de que se ponga el impuesto sobre esos bienes productivos y sostuvo que algunos tendrían que vender activos para poder tributar.
En líneas generales, el diseño del aporte propuesto también es cuestionado porque, más allá de buscar alcanzar a las personas más ricas del país en un contexto de fuerte y creciente desigualdad social, tiene alícuotas que, sumadas a las de Bienes Personales, podrían ser consideradas confiscatorias. Cuando se trata de patrimonios que en parte están en el exterior, la imposición total sumadas ambas cargas puede llegar hasta 7% u 8%, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
"No existe en el mundo ni en la historia argentina una presión fiscal similar sobre los activos que la que se generará por la aplicación conjunta del impuesto a la riqueza y Bienes Personales", señala el abogado Diego Fraga, especializado en temas tributarios.
Ese sería uno de los argumentos por los que, se señala, la nueva imposición sería llevada a la Justicia. El argumento de la indebida retroactividad, que hasta antes de la aprobación del dictamen se invocaba como una razón posible para judicializar el aporte (se buscaba considerar los patrimonios al 31 de diciembre de 2019) quedó eliminado por un cambio hecho al texto. Pero esa misma modificación, según advierte el tributarista César Litivn, hará que más personas queden alcanzadas en caso de aprobarse el proyecto, porque por las tenencias en dólares o en el exterior, por cada unidad de la divisa, al último día de 2019 se contabilizaban $60, mientras que ahora este último valor es mayor, a causa de la suba de la cotización del dólar.
Desde el sector del campo, el diputado Ricardo Buryaile, exministro de Agricultura y también productor, fue quien, en uno de los debates de la comisión de Presupuesto, graficó sus críticas al decir que el proyecto equipara una Ferrari a un tractor, y también "un piso en Puerto Madero a un campo". Y agregó que, más allá de la industria o de la actividad rural, el gravamen también podría impactar sobre alguien "que tenga una cadena de hoteles o de restaurantes" y que por la pandemia "no la están pasando bien". En síntesis, concluyó, "una cosa es gravar las grandes fortunas y otra es gravar los activos productivos", mientras que la iniciativa hace las dos cosas midiendo con la misma vara.
Desde el sector mercantil, en tanto, la Cámara Argentina de Comercio expresó su rechazo al proyecto, en un comunicado emitido cuando se conoció el dictamen. Allí se señala que "la expansión de la actividad, la reducción de la pobreza y la corrección del déficit fiscal, para ser sostenibles, requieren de la existencia de un sector privado dinámico y moderno, lo que difícilmente se logrará si se siguen incrementando las cargas que sobre él recaen, con el riesgo adicional de generar algún grado de éxodo tributario a jurisdicciones con un tratamiento más favorable".
El posible incremento de la cantidad de personas que pidan su baja en el sistema tributario argentino para fijar su residencia en otro país, es el argumento por el cual se sostiene que la aprobación del proyecto podría, finalmente, tener un efecto paradójico para el fisco, traducido en una menor recaudación futura, tanto por el desincentivo a la inversión como por la salida de contribuyentes del sistema. Esa advertencia fue hecha por varios economistas y tributaristas.
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