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Quiebre entre el Gobierno y empresas por Ganancias: un fallo clave definirá una deuda millonaria
ARCA inició fiscalizaciones masivas por la actualización de quebrantos; el caso de PCR ante el Tribunal Fiscal se convirtió en la referencia para todo el sector privado
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LA NACIONSofía Diamante
En medio de una caída de la recaudación que obliga al Gobierno a mantener el gasto contenido y le impide avanzar en una baja de impuestos, ARCA (exAFIP) reclama a las empresas deudas impositivas que en el sector privado consideran “confiscatorias”. Según estimaciones de contadores que asesoran a grandes compañías, el fisco exige al menos US$5000 millones que las empresas se niegan a pagar.
La disputa gira en torno a una decisión adoptada por el gobierno de Javier Milei que, según los privados, contradice los principios libertarios que proclama: impedir que las empresas actualicen por inflación los saldos a favor derivados de quebrantos al momento de liquidar el impuesto a las ganancias.
El mecanismo es técnico, pero clave. Cuando una empresa obtiene ganancias, paga el impuesto correspondiente. Si registra pérdidas, puede trasladarlas a ejercicios futuros para compensarlas con utilidades posteriores. Esos resultados negativos se denominan quebrantos impositivos. La controversia surge porque, en un contexto de inflación de tres dígitos durante 2023 (211%) y 2024 (118%), muchas compañías actualizaron esos quebrantos por inflación para evitar que perdieran valor real.
El conflicto se desató en noviembre de 2024, pero continúa hasta hoy. En ese entonces, ARCA inició inspecciones masivas sobre empresas que habían aplicado esa actualización. Las fiscalizaciones alcanzaron a compañías de sectores diversos, entre ellos el automotor, el alimenticio, el energético, el siderúrgico y el de servicios públicos.
El organismo ofreció distintos planes de pago para regularizar lo que considera una deuda tributaria. En el sector privado, en cambio, sostienen que no existe tal incumplimiento. Hasta ahora, pocas empresas adhirieron; entre ellas, YPF (que pagará US$1000 millones y ya afectó su balance anual de 2025) y Pampa Energía.
La presión impositiva que ejerce el Estado se da en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y el sector empresario por el ritmo de la apertura comercial. Según el empresariado, esa velocidad no avanza de igual forma en otras correcciones macroeconómicas pendientes, como la reducción de impuestos y la eliminación de los controles cambiarios.
Hoy las empresas siguen de cerca un caso testigo: el de la generadora eléctrica PCR, que recibió intimaciones y amenazas de denuncia penal por parte de ARCA. La compañía recurrió al Tribunal Fiscal de la Nación, un organismo administrativo que depende de la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía. A lo largo de su historia, el Tribunal tuvo etapas de mayor independencia y otras en las que fue señalado por su cercanía al gobierno de turno.
El Tribunal está integrado por siete salas —cuatro impositivas y tres aduaneras—, cada una compuesta por tres vocales (dos contadores y un abogado). Actúa como instancia contencioso-administrativa, con funcionamiento similar al judicial: sus miembros tienen rango equiparable al de camaristas. Mientras analiza los casos, ARCA no puede avanzar en la ejecución de la deuda.
“Todos estamos mirando qué pasa con PCR. ARCA continúa los procesos de fiscalización y determina la deuda de cada empresa, mientras el Tribunal analiza el caso. En paralelo, varias compañías acudieron a la Justicia para que se declare la inconstitucionalidad de la medida por considerarla confiscatoria”, explicó, bajo reserva, un tributarista. Según señaló, los montos en discusión son tan elevados que ni siquiera un plan de pagos a 10 años atenúa el impacto financiero.
Tensión ideológica
La subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini —funcionaria del área desde 2012—, encendió la controversia en 2024 al firmar un dictamen en el que el Estado sostuvo que los quebrantos no pueden actualizarse por inflación.
La mayoría de las compañías, igualmente, presentó sus declaraciones juradas informando que había actualizado los quebrantos por inflación, con el objetivo de evitar eventuales consecuencias bajo la ley penal tributaria, que sanciona el ocultamiento o engaño fiscal. Tras ello, ARCA profundizó las inspecciones.
En el reciente proyecto de Modernización Laboral, el Gobierno incluyó un artículo que habilita a partir de 2026 la actualización de quebrantos por inflación, pero dejó asentado que en ejercicios anteriores no correspondía aplicarla.
La medida generó críticas de cámaras empresariales como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (Ageera).
“Un desconocimiento de la actualización de quebrantos impositivos genera efectos confiscatorios, particularmente para aquellas empresas que realizaron inversiones significativas o que operan con financiamiento en moneda extranjera. Esta situación afecta la competitividad, desalienta la inversión y compromete la sustentabilidad de proyectos estratégicos de largo plazo”, sostuvo la UIA en una carta.
En la misma línea, Ageera advirtió: “Aplicar el Título VI sin permitir la actualización de los quebrantos genera distorsiones graves, lleva a tributar sobre rentas ficticias y perjudica especialmente a empresas que realizaron inversiones en el pasado reciente y que, por lo tanto, mantienen deuda financiera”.
