¿Intentará California bloquear el próximo megacontrato de Hollywood?

Considérenlo como una historia aleccionadora. En 2022, la empresa Kroger anunció la compra de Albertsons, una cadena de almacenes rival, por casi US$25.000 millones, pero rápidamente el acuerdo se descarriló: los fiscales generales de Washington y Colorado impugnaron la fusión en sus respectivos tribunales estatales, argumentando que el impacto en los precios y la mano de obra perjudicaría a sus electores; poco después, la Comisión Federal de Comercio (FTC) presentó su propia demanda en un tribunal federal, y el acuerdo fue torpedeado por una avalancha de presentaciones judiciales. Tal vez los estados se hayan alineado con la FTC en contra de esa fusión, pero no esperaron a que los federales actuaran para lanzarse a la batalla. “Está claro que estamos dispuestos y somos capaces de impulsar estas causas por nuestra cuenta”, dice sin titubear Phil Weiser, fiscal general de Colorado.

Hollywood debería parar la oreja, porque la inminente gran fusión de la industria del entretenimiento corre el riesgo de convertirse en una secuela de aquella historia. Netflix y Paramount están librando una feroz batalla para quedarse con Warner Bros. Discovery, una de las joyas de la corona de Hollywood. David Ellison, CEO de Paramount, tiene tantas ganas de comprar el estudio que está por firmar una oferta pública de adquisición hostil de US$108.000 millones. El 17 de diciembre, la junta directiva de Warner instó a los accionistas a rechazar la oferta de Paramount, pero nadie cree que Ellison vaya a rendirse tan fácilmente: espera convencer a los accionistas de Warner de que, si la puja la gana Netflix, la megaempresa resultante combinaría películas y servicios de streaming y asustaría a las autoridades antimonopolio del gobierno federal, mientras que una fusión Paramount-Warner podría superar la prueba.

Ambos postores están enfocados en conseguir el apoyo de Donald Trump, del Departamento de Justicia (DoJ) y de la FTC. A la familia Ellison no le viene nada mal su relación de amistad con Trump, un presidente transaccional que además tiene un historial de intromisión en las fusiones de medios de comunicación. El presidente ya se ha referido al acuerdo, dando a entender que en última instancia será él quien elija al ganador. Pero tanto Ellison como Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, parecen estar pasando por alto la existencia de los fiscales generales de cada estado. Y en particular Rob Bonta, el fiscal general de California, es una variable impredecible que podría arruinar cualquier fusión de Warner, por más que quienes toman las decisiones en Washington lo consideren un acuerdo aceptable. Durante la subasta, un vocero de la oficina del fiscal Bonta dijo que “una mayor concentración de los mercados que son centrales para la vida económica de Estados Unidos no es buena ni para la economía, ni para los consumidores ni para la competencia”. Son palabras que no parecen dispuestas a ceder ante Washington.

Los estados tienen un largo historial de aplicación de las leyes antimonopolio. De hecho, antes de la Ley Sherman de 1890, base del régimen antimonopolio norteamericano, ya 12 habían aprobado su propia legislación sobre la competencia. Sin embargo, la concentración de mercado en diferentes sectores y el auge de las políticas antimonopolio entre la izquierda y los populistas económicos del movimiento MAGA ponen nuevamente el tema en el centro de la escena. Y los estados están respondiendo de dos maneras: aprueban leyes que refuerzan sus facultades antimonopolio e impulsan sus propias denuncias, independientemente de la actuación del gobierno federal. Durante una presidencia de Trump, “la posibilidad de que el gobierno federal haga una aplicación insuficiente de la ley antimonopolio preocupa cada vez más”, explica Prasad Krishnamurthy, jurista de la Universidad de California en Berkeley.

En 2025, ocho estados presentaron proyectos de ley que exigirían que las grandes empresas notifiquen al fiscal general de ese estado antes de una fusión. En Colorado y Washington esa ley fue aprobada. Colorado también está a la vanguardia en otros aspectos, quizás porque el fiscal Weiser es un exabogado antimonopolio. En 2023, Colorado aprobó una ley que aumentó las multas y le otorgó al fiscal general del estado mayores poderes de investigación, entre otras facultades. El fiscal Weiser dice que antes de la reforma su oficina estaba atada de pies y manos, al punto de haber cedido soberanía estatal. Pero ya no. “Que la FTC o el Departamento de Justicia actúen en una dirección no significa que yo no pueda actuar en otra”, advierte Weiser.

Hace tres años que la Comisión de Revisión Legal de California, que recomienda proyectos de ley a la legislatura, viene evaluando si ese estado no debería reforzar y endurecer su legislación antimonopolio. La legislatura podría abordar el tema el próximo año. Las grandes empresas californianas, temerosas de un panorama antimonopolio balcanizado, sin duda presionarán con fuerza contra cualquier reforma.

Pero hay otras señales de que los fiscales generales, los demócratas en particular, quieren que la aplicación de las leyes antimonopolio sea una prioridad. Rohit Chopra, exdirector de la de facto extinta Oficina de Protección Financiera del Consumidor, liderará un nuevo grupo de trabajo de protección al consumidor para la Asociación de Fiscales Generales Demócratas. Por otra parte, a los fiscales generales ambiciosos les rinde enfrentarse a las grandes empresas porque también ayuda a mejorar su imagen: el fiscal general que demandó a Kroger y Albertsons en Washington era Bob Ferguson, hoy gobernador del estado. Y Weiser es candidato a gobernador en Colorado. Parte de su discurso ante los votantes es que persiguió “a las empresas irresponsables que estafaron a los coloradenses”.

Y el fiscal Bonta tal vez tenga algo similar en mente: está considerando postularse para gobernador en 2026. El Departamento de Justicia de California ya ha presentado al menos 48 demandas contra el segundo gobierno de Trump, y seguramente no dejará pasar oportunidad de señalar que el estado de California se enfrenta a las grandes empresas mientras que el presidente no lo hace. Y si impulsa una causa judicial para frenar la fusión de Warner Bros., se ganaría el apoyo de los poderosos sindicatos de Hollywood, a quienes les preocupa que si hay menos estudios también haya menos compradores para el trabajo de sus empleados. La seccional Los Ángeles del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos describe la posible venta del estudio como “una catástrofe”. Sea cual sea la empresa que se imponga, la fusión tardará en concretarse. Este es apenas el primer episodio.

(Traducción de Jaime Arrambide)

The Economist

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