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Investigan a bancos y casas de cambio por las compras de dólares en medio del cepo
El Banco Central analiza presentarse como querellante en una causa que cayó en el juzgado de Servini y que investiga a una red de entidades y dirigentes afines a la política
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LA NACIONFrancisco Olivera
La parte menos explorada de las últimas causas por lavado, algo así como la punta de esa madeja millonaria que va desde Sur Finanzas a la AFA o a la Agencia por Discapacidad, podría salir a la luz si prospera una investigación silenciosa del Banco Central y la Unidad Información Financiera (UIA) sobre compras de dólares oficiales que el propio ente monetario autorizó, en pleno cepo, durante los dos últimos años del gobierno de Alberto Fernández. Una bomba política y económica que, según información preliminar, involucra una operatoria de no menos de 1400 millones de dólares y a nueve bancos, 90 casas de cambio y unas 200 personas.
No hay dudas de que es información sensible para el sistema financiero. Tanto, que autoridades del Banco Central se estuvieron reuniendo en las últimas semanas con especialistas en lavado de activos para intentar avanzar en el tema. El universo de operaciones analizado excede además las compras por comercio exterior, cuestionado desde hace tiempo por la presunción de que hubo importaciones simuladas para obtener autorizaciones para acceder al dólar oficial. Pero, esta vez, en un 85% de los casos auscultados, se trata directamente de compras de dólares que bancos y casas de cambio requerían para tenencia o pago de préstamos mutuos de ahorristas en medio de las restricciones, cuando el resto de la economía funcionaba con escasos insumos y se acumulaba una deuda que llegó a los US$45.000 millones por el pago de importaciones.
Por eso es un escándalo de alcance ilimitado. Alguien en el Banco Central recordó en los últimos días que durante el invierno del principal año analizado para estas operaciones, 2023, Coldplay vino a la Argentina y tuvo dificultades para cobrar. Y no sólo eso: al sistema de salud entero le faltaban productos como consecuencia del cepo. El 27 de octubre de 2023, por ejemplo, las seis fundaciones y entidades médicas del sector de la cardiología alertaron en un comunicado: “Las sociedades científicas responsables de esta comunicación están extremadamente preocupadas por la escasez de insumos médicos y material de contraste que ya genera graves dificultades en la realización de estudios de diagnóstico y procedimientos cardiovasculares, sin medidas de solución hasta el momento”, publicaron.
Hay que recordar que, aun con cepo, la normativa cambiaria de entonces les permitía el acceso a divisas para dólar ahorro a quienes cumplieran determinados requisitos, que eran cada vez menos, y a bancos y casas de cambio para reponer depósitos o abastecer a ese mercado mínimo de ahorristas. Es decir, era común que estas entidades financieras participaran con ese propósito de la rueda diaria que organizaba la entonces célebre “mesa del Banco Central”, que dependía de Carlos Fabián Sgarbi, subgerente de Operaciones de la entidad. En realidad, las decisiones sobre quién autorizaba esas ventas, que quedaron registradas y con firma en el sistema, son ahora motivo de controversia porque entre los empleados de planta dicen que acataban órdenes del Directorio, integrado en esos años por un elenco que ya no está.
El BCRA estaba conducido por Miguel Pesce, que había sido designado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y estaba escoltado por dos vicepresidentes, Sergio Woyecheszen y Jorge Carrera, pero que convivía a su vez con un Directorio que, cuando asumió Sergio Massa como ministro de Economía, funcionaba también en permanente interacción con el Palacio de Hacienda. Lo integraban Claudia Berger, Zenón Alberto Biagosch, Pablo Manuel Carreras Mayer, Juan Agustín D’Attellis, Claudio Martín Golonbek, Lisandro Cleri y Betina Susana Stein.
Consultado por LA NACION, Pesce contestó que la entidad en la que estuvo a cargo cumplió con todos los controles. “Cerramos 136 operadores de cambio. Pusimos nuevas normas, entre otras, aumentamos la exigencia de capital, introdujimos un régimen informativo específico y una autorización para el traspaso accionario. No hay que olvidar que el gobierno de Macri había desregulado el sector y con eso abrieron 200 operadores de cambio nuevas. El mercado de cambios mueve 1000 millones de dólares. En momentos de incertidumbre cambiaria, no darle dólares a un banco que los solicita mete mucho ruido y puede generar una corrida. Después hay que seguir la trazabilidad, si los operadores de cambio cumplen con los requisitos. A las que no cumplieron, las cerramos y se llevaron adelante los sumarios y reportes correspondientes".
Lo que ahora queda por dilucidar es si hubo un circuito que, a través de contactos, se presentaba habitualmente y daba pie a una cadena de ventas que no cumplían los requisitos. Hay bancos, evalúan fuentes de la investigación, que tuvieron acceso a divisas un crecimiento inusual en esos meses.
Lo que el Banco Central analiza ahora es presentarse como querellante en una causa que, por los mismos motivos y a raíz de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), cayó hace un año en el juzgado de María Romilda Servini. Esa investigación, que la UIF elaboró a partir de reportes del BCRA, se centra en las compras de dólares que 18 casas de cambio hicieron a través de dos bancos en un lapso políticamente sensible, el comprendido entre enero y octubre de 2023, justo antes de las elecciones presidenciales. Según el texto de la denuncia, “por el modo en que se canalizaron las sumas de dinero en cuestión, la UIF estimó que pondrían en crisis su origen y licitud”. Traducido: podría haber desde delitos cambiarios o defraudación a la administración pública hasta lavado.
Lo extraño es que la causa lleva más de un año, avanzó poco y no tuvo filtraciones hacia afuera. Fue remitida al juzgado de Servini el 13 de noviembre de 2024 por Diego Velasco, fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y desde entonces casi nadie se enteró.
El fiscal, Carlos Stornelli, le hizo el 20 de diciembre a la jueza un requerimiento de información que fue contestado, según fuentes de la causa, con algunos allanamientos. Stornelli, que no tiene delegada la investigación por la jueza, pide ese documento averiguaciones sobre las empresas y, en particular, sobre 13 personas que integran los directorios y que parecerían integrar una red de sociedades afines. El nombre más conocido es Elías Piccirillo, operador financiero que trabajó con Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y involucrado en otro expediente relacionado con la AFA, pero hay otros que al mundo de la política del conurbano tampoco deberían resultarle extraños. El texto menciona, por ejemplo, a Carlos Emilio y Juan Bautista Melzi, padre e hijo, registrados como accionistas de Karuna Group, una de las casas de cambio de mayor actividad en los últimos años e investigada en esta causa.
Los Melzi son dirigentes del Frente Renovador de La Plata y cercanos a Rubén Eslaiman, del mismo partido y vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense. Ambas familias, los Melzi y los Eslaiman, conocen la política y las finanzas. Natalia Carolina Eslaiman, hija de Héctor, fue contratada por Karuna Group durante 8 meses y en 2015 en la Cámara de Diputados bonaerense. Carlos Melzi está además casado con Rosana María Laplace, vicepresidenta de la agencia Multicambio SA, ubicada en el barrio de Gran Bourg, Salta, y otra de las casas de cambio mencionadas en la causa.
Otro de los nombres sobre los que Stornelli pide datos es Juan Ignacio Agra, director de Mega Latina, la casa de cambio que, junto con Stema Cambios, compró más dólares oficiales entre enero y agosto de 2023 en este conjunto auscultado por la UIF: ambas adquirieron 508 millones de dólares en esos 8 meses. Pero lo más sugestivo del texto de Stornelli es que traza interconexiones entre las sociedades y varios de sus protagonistas. Como si se tratara de un conjunto de conocidos. Es probable que eso sea lo que viene envalentonando a algunos directivos del Banco Central con la figura de la “asociación ilícita”.
Según el requerimiento judicial, Agra “contaría con un poder de Multicambio SA” y registra participaciones en sociedades junto con Valeria Fabiana Fernández, una contadora que firmó los estados contables de al menos 10 de las 18 casas de cambio investigadas en esta causa, incluidas Mega Latina SA y Stema Cambios SA. Nombra también a Marina Alejandra Bocca, que certificó los estados contables de al menos cinco casas de cambio, incluida Mega Latina, y que habría sido síndico suplente de Stema Cambios. A Maximiliano Eric Mitrof, que habría auditado al menos cinco de las casas de cambio. A Loreley Cielo Dixon, “que sería pareja de Juan Ignacio Agra, habría adquirido en 2020 el paquete accionario de Multicambio SA junto a la madre de Juan Bautista Melzi y registraría empleo en relación de dependencia con Karuna Group”, y a Lucas Bautista Cora, “quien sería hijo de la aludida Dixon y resultaría ser presidente de Multicambio SA desde 2020”. Completan la nómina Carolina Luján Medina, “que sería accionista y presidente de Stema Cambios SA, directora suplente de Áurea Inversiones SA y registraría relación de dependencia con Karuna Group”; Lola Berrocal, que “sería directora suplente, apoderada y registraría relación de dependencia con Stema Cambios SA y sería hija de la presidenta de Áurea Inversiones SA, Mónica Liliana Bruzzone”; Julieta Berrocal, quien “habría sido administradora suplente y registraría relación de dependencia con Gallo Cambios SA, sería hermana de la anterior e hija de la mencionada Bruzzone”; Sergio Sebastián Vladimir González Pereyra, “quien habría sido director suplente de Mega Latina SA”; Matías Ezequiel Bocca, “cotitular de ARG Exchange y también presiente de GIS Cambio SA”, y Elías David Piccirillo, socio de Arg Exchange.
La intención del Banco Central es sumar pruebas a las que ya existen. Podría aportarlas porque mantiene todavía la facultad de convertirse en querellante. Una condición institucional que perdió la UIF luego de un decreto que en 2024 provocó una enorme controversia interna en el Gobierno y que, entre otras consecuencias, le costó en enero de este año el cargo a Ignacio Yacobucci, director del organismo. Es un tema explosivo.
