Jubilaciones: la reforma más compleja y políticamente incorrecta
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LA NACIONNéstor O. Scibona
Dentro de un mes (el 23 de marzo) vencerá la moratoria previsional vigente desde 2023 y que seguramente será la última, al menos durante el gobierno de Javier Milei. No solo anticipó su decisión de no prorrogarla, sino también de reemplazarla por una futura reforma integral del sistema jubilatorio, aún sin fecha y poco probable en un año de elecciones legislativas.
De hecho, el texto original de la Ley Bases preveía la eliminación de este plan de pago en cuotas de aportes no realizados que se descuentan del haber mínimo y sustituirlo por una prestación proporcional para quienes llegaran a la edad de retiro sin haber aportado 30 años. Pero en 2024 ese capítulo fue eliminado por el Senado y quedó excluido de la ley.
Con el próximo fin de la actual moratoria se habrá cerrado un ciclo de 20 años en que estos regímenes pasaron a ser la regla y no la excepción en el fragmentado y deficitario Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Según datos oficiales procesados por el Ieral, instituto de estudios de la Fundación Mediterránea, de un total de 9,2 millones de jubilados y pensionados, casi 4,3 millones obtuvieron la prestación por moratorias y, dentro de ellos, 952.000 un doble beneficio (jubilación y pensión). Solo en 2024 las jubilaciones por moratorias representaron 73% de esos beneficios, con un costo fiscal equivalente a 1,8% del PBI (30% del gasto previsional total). En 2023 las proporciones habían sido de 81% y 7,3% del PBI. El recorte de 2024 es atribuido a la licuación de haberes en el primer semestre debido a la inflación y a la demora en indexarlos por IPC.
Para quienes no trabajaron o registran pocos aportes, en adelante se mantendrá la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), creada en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri. Equivale al 80% del haber mínimo (con bono), unifica en mayores de 65 años la edad requerida (mujeres y hombres) para obtenerla y excluye la doble prestación (jubilación y pensión) para cada cónyuge, que debe optar por una de ellas. Si bien fue un avance para ampliar la cobertura previsional y racionalizar el gasto, esa ley tiene como objeciones no haber derogado las normas que permiten nuevas moratorias y equipararan a los que nunca aportaron con quienes lo hicieron menos de 30 años.
Las décadas con crisis económicas, alta inflación y crecimiento del empleo en negro hicieron que, a fuerza de parches, el sistema de reparto se fuera distorsionando y tornando más inequitativo y costoso. A esto se suma la proliferación de regímenes especiales: el Ieral contabiliza nada menos que 282, entre nacionales, provinciales y municipales; cajas no transferidas a la Anses; específicas para Fuerzas Armadas y de seguridad; complementarias para profesionales, etc.
Aunque la necesidad de una reforma previsional “que le aporte sostenibilidad al sistema y respete a los que aportaron” (sic) fue incluida en el Pacto de Mayo, para Milei se transformó en un tema sensible a medida que se acercan las elecciones legislativas. Así lo demuestra la dureza verbal que utilizó hace un par de semanas para eyectar del cargo al titular de la Anses, Mariano de los Heros, por señalar en una entrevista periodística que sería impulsada antes de fin de año. “Si yo pasé toda mi campaña hablando de la secuencialidad de las reformas, ¿cómo a un funcionario se le va a ocurrir modificar mi agenda? Es una falta de respeto”, afirmó.
A juicio del Presidente, una reforma previsional no se puede poner en marcha sin una reforma laboral que reduzca el empleo informal de casi 40% ni corregir los desequilibrios en el sistema que dejó el kirchnerismo.
El huevo o la gallina
Esta secuencia de reformas estructurales reabrió otro debate que lleva años y se asemeja al dilema del huevo o la gallina. Si primero la economía debe crecer sostenidamente y generar más empleos formales a través de una reforma laboral, o si antes debe reestructurarse el sistema previsional, que, además de su fuerte impacto sobre el gasto público, debe financiarse con parte de la recaudación de impuestos nacionales coparticipables y/o aportes del Tesoro. En los últimos cinco años, el financiamiento con impuestos osciló entre 31% y 38% del gasto en prestaciones, para bajar a 24% en 2024, principalmente por licuación de haberes.
Sin ir más lejos, en 2022 el economista Osvaldo Giordano –uno de los mayores especialistas en el tema– sostuvo en el libro Una vacuna contra la decadencia (en coautoría con sus colegas Jorge Colina y Carlos Seggiaro ) que “el encadenamiento de causalidades es inverso: es necesario mejorar la sostenibilidad financiera del sistema para tener una macroeconomía más sana y, con ella, la capacidad para acelerar la creación de empleos de mayor calidad”.
Vale recordar que Giordano –exministro de Finanzas de Córdoba y actual director del Ieral– fue removido arbitrariamente por Milei hace un año como titular de la Anses; no por su breve gestión, sino porque su esposa y diputada cordobesa había votado en contra de algunos capítulos de la Ley Bases.
Ese libro advierte que las actuales técnicas demográficas muestran que en las próximas décadas se acentuará la tendencia al envejecimiento de la población y que aferrarse al inmovilismo –con normas “intocables”– agravará el peso de jubilaciones y pensiones en los presupuestos públicos. También cuestiona las moratorias masivas desde 2005, que llevaron a los gobiernos de distintos signos a recurrir a la misma receta de ajustar haberes por debajo de la inflación manipulando la movilidad previsional. “Es la consecuencia de no haber actuado con previsión antes y hacerlo con hipocresía después”, enfatiza. En la actualidad, el SIPA registra más del doble de beneficiarios por estas leyes (4,3 millones de personas) que por el régimen general (casi 2 millones).
La jubilación mínima (sin bono) en la Argentina, medida en dólares, equivalía en diciembre de 2024 a US$258 (al tipo de cambio oficial) y US$228 (al blue), cifras similares a las de Chile (US$236) y Brasil (US$260). Y el poder adquisitivo del bono fijo de $70.000 para los mínimos cayó 33% en términos reales entre marzo de 2024 y el mes actual.
Un debate ultrapolitizado
Todos estos factores socioeconómicos e institucionales revelan la complejidad que supone diseñar una reforma de fondo del sistema previsional, que debe ser sancionada por el Congreso para aportar previsibilidad.
A esto se agrega que gran parte de la clase política prefiere mantenerse en la zona de confort de las propuestas “políticamente correctas” y, en épocas de elecciones, considera al universo de casi 10 millones de jubilados y pensionados como un “mercado” de votantes al que hay que seducir. De ahí que abunden las promesas de ampliar “derechos adquiridos” sin calcular y proyectar sus costos ni hacerse cargo de las consecuencias macroeconómicas (alta inflación) que terminan perjudicando a quienes dicen beneficiar.
El caso más extremo es el del kirchnerismo, que, además de estatizar en 2008 los aportes privados a las AFJP, mantuvo hasta ese año (aun con superávits fiscales) la inmovilidad de haberes previsionales aplicada en 2002, que generó cientos de miles de juicios perdidos por el Estado y que en su mayoría fueron pagados con los ingresos del blanqueo de 2016 dispuesto por Macri.
Sin inmutarse, Cristina Kirchner obtuvo su jubilación de privilegio junto con la pensión por la muerte de su esposo y llegó a cobrar el equivalente a US$15.000 mensuales netos (en dólares MEP), hasta que en noviembre de 2024 la Anses canceló su pensión tras su condena por corrupción en la causa Vialidad.
La crónica cuenta pendiente con los jubilados seguramente será motivo de debate como en cada año electoral; pero esta vez con la gran diferencia de un gobierno en ejercicio que predica y aplica una política de superávit o equilibrio fiscal. No habría que descartar que, en el mensaje del próximo sábado en el Congreso, Milei incluya el tema de la reforma previsional, cuyo primer paso es el fin de las moratorias masivas. Pero tampoco alguna medida de transición, ya que la PUAM sube de hecho de 60 a 65 años la edad de las mujeres para obtenerla.
En este contexto, los legisladores deberían interiorizarse sobre datos del deterioro estructural del sistema, que muchos parecen ignorar. Por ejemplo, que sobre un total de 21 millones de trabajadores ocupados algo más de un tercio (7,7 millones) son informales y no aportan. En cambio, hay 2 millones de independientes inscriptos como monotributistas cuyo aporte promedio al SIPA en la categoría A (la más baja y numerosa) es de $9780 mensuales, pero se necesitarían 35 solo para cubrir una jubilación mínima. Además, la proporción entre aportantes en relación de dependencia y beneficiarios, que hace 20 años se ubicaba en 1,8 por jubilado o pensionado, se redujo a 1,3/1,2 en la última década.
Consultado por LA NACION sobre reformas a futuro, Giordano propone una regla (denominada técnicamente “sistema de cuentas nocionales”) según la cual, en base a los aportes realizados por un trabajador activo y su expectativa de vida, se simula una cuenta de capitalización individual, aunque el sistema no capitaliza porque es de reparto. Si llegado a determinada edad (por ejemplo, 65 años) el haber resulta muy bajo –por mucho tiempo de inactividad, informalidad o salarios bajos), opera un complemento que sería la PUAM. Bajo esta lógica, el empleado decide cuándo retirarse y mientras más demore, más alto será su haber. Pero la ley no fija una edad de retiro ni un mínimo de años de servicio, lo cual evita la exigencia de jubilación por su empleador.
Otra idea, para reducir la elevada informalidad laboral en las pymes, es establecer un mínimo no imponible por empresa para determinar las contribuciones patronales. Sería la manera de focalizar el esfuerzo fiscal donde está el problema (las micro y pequeñas empresas), un segmento donde actualmente la informalidad es masiva, con lo cual es bajo el costo fiscal y alto el incentivo a formalizar.
Tipo de trabajo:
análisis
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