Jubilados: una jueza rechazó un acuerdo de la reparación histórica

Una jueza resolvió rechazar el acuerdo que firmaron un jubilado y la Anses en virtud del plan de reparación histórica de los haberes previsionales aprobado por ley. La decisión, que será apelada por el organismo previsional, fue tomada por Elvira Muleiro, titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social número 5.

El argumento para no considerar válido el acuerdo fue que el jubilado Ramón Farías (a quien se refiere la causa) había obtenido ya una sentencia firme en el trámite de la demanda presentada contra el Estado por el reajuste de haberes. Entonces, la jueza entendió que el acuerdo transaccional pretendido "no recae sobre un objeto dudoso o litigioso ni existen concesiones recíprocas de los contratantes". La expresión citada se refiere a la forma en que el Código Civil define una transacción ("un acuerdo por el que las partes, para evitar un litigio o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas").

La sentencia de Muleiro agrega que, tras un lectura de las cláusulas de lo firmado, se pretenden "sustituir o modificar los alcances de lo decidido" en el proceso judicial.

Por el plan de reparación histórica, la Anses hace propuestas de pago a los jubilados que, según lo expresado por la Corte Suprema en varios de sus fallos, cobran desde hace años por debajo de lo que les corresponde. El programa, que requiere de la firma de acuerdos entre las partes que deben ser homologados por un juez, tiene alcance para personas que no habían hecho juicio, pero también para quienes iniciaron una demanda e incluso para quienes ya obtuvieron una sentencia firme. En estos casos, quien adhiere a la reparación renuncia a su reclamo judicial. Como en el recálculo de haberes que prevé la reparación se utilizan los criterios de la Justicia, pero no los mismos índices de actualización que se obtienen por los fallos judiciales, hay diferencias entre lo que podría lograrse por la reparación y el cobro de la sentencia por el procedimiento regular.

En la Anses, el secretario Legal y Técnico, Gonzalo Estivariz, afirmó que la decisión de la jueza va a ser apelada y cuestionó los argumentos expresados en el escrito. "Nos sorprende, porque hay una ley votada por el Congreso", afirmó el funcionario, al recordar que la norma legal incluyó a los casos con sentencia firme en la reparación. Según la explicación de Estivariz, si bien el Código Civil prevé la nulidad de una transacción cuando ésta se refiere a un pleito ya resuelto por una sentencia, esa nulidad es sólo (y según la letra del Código) "siempre que la parte que la impugna lo haya ignorado". "Aquí no hay impugnación de una parte; ambas actuaron voluntariamente y conocían el caso", dijo el funcionario de la Anses.

En defensa de la posición oficial, agregó que, en materia previsional, una sentencia firme deja cuestiones por resolver, concretamente porque, para dar cumplimiento al fallo, se requiere de un análisis puntual del caso en cuestión y de un cruce de la historia previsional con lo dispuesto por la Justicia, para determinar cuánto corresponde pagar.

"El de los casos con sentencia firme es el punto más crítico de la ley de reparación histórica", consideró, por su parte, el abogado previsional Adrián Tróccoli, quien agregó que la Anses debería pagar la sentencia si ya está firme. "Esos casos no debieron haberse incluido; sí cabe entender que hay situaciones en las que el jubilado puede verse afectado por una sentencia firme que lo perjudica frente a la reparación, y en tales casos la cosa juzgada sí debería ceder frente al espíritu de la ley".

Para el abogado, quien tiene una sentencia puede estar renunciando a derechos "claramente adquiridos" a través de la decisión judicial, como por ejemplo el de la no validez de los topes a los haberes. El plan de reparación, de hecho, dispone la suba de las prestaciones mensuales hasta los valores máximos que están dispuestos por el sistema.

Tróccoli recordó que, según lo establece la ley, un acuerdo de reparación es válido cuando obtiene la homologación de un juez, más allá de la obligación de pagar las sentencias firmes por parte del Estado.

Hasta mediados de la semana pasada, según el último dato oficial, se habían homologado 44.304 acuerdos por el plan de reparación, sumando los de la ciudad de Buenos Aires y los del interior del país. Pero como la Anses dispuso el pago anticipado del reajuste de haberes para diferentes grupos de jubilados, son ya más de un millón quienes están cobrando las mejoras.

Por Silvia Stang

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