La banda de los expropiadores: cómo fue la estafa que le costó $ 100 millones al Estado

Enquistada y silenciosa. Así trabajaba dentro de Vialidad Nacional la banda de los expropiadores, una organización que operó sobre todo en 2014 y 2015 y que ahora está siendo investigada por haber causado un perjuicio al Estado por alrededor de 100 millones de pesos.

La metodología funcionó con fuerza los últimos meses de gobierno kirchnerista. Era burda, casi torpe, pero no por eso menos efectiva. Burócratas del organismo que maneja las rutas del país conocían de antemano la traza de las líneas viales proyectadas. En este caso, se trató de la autopista Juan Domingo Perón, una continuación del Camino del Buen Ayre y que será un tercer cordón circunvalar del conurbano bonaerense. Entonces llegaban a esos territorios con la ley de expropiaciones en mano y la lapicera cómplice de quienes decidían cuánto pagar por cada uno de los terrenos expropiados. Hicieron romerías en territorio bonaerense, especialmente en Merlo y en Ezeiza, donde el camino corre por zonas más urbanas.

El método empezaba con el conocimiento de la línea expropiatoria. Entonces, integrantes de la banda iniciaban la negociación con los tenedores de la tierra para que sea firmada la expropiación. La principal irregularidad que cometieron fue que en gran cantidad de los casos, jamás contactaron al dueño de la propiedad, es decir al titular de dominio. Livianos de formalidades, optaban por negociar directamente con el superficiario, en la gran mayoría de los casos, ocupantes ilegítimos de los terrenos.

Así empezaba a tejerse la maniobra que terminaba con ponerle un valor por encima del mercado, firmar la salida del lote y no pedir antecedentes respecto de la cantidad de años que habían permanecido en ese lugar.

La alarma saltó cuando, a principios de 2016, algunos dueños de los terrenos ocupados empezaron a golpear la puerta de Vialidad. Decían que por su propiedad pasaba una autopista y que nunca habían sido notificados ni indemnizados. Los nuevos funcionarios empezaron escarbar expedientes y encontraron que entre 2014 y 2015 se habían expropiado la gran mayoría de las tierras.

El 08 de abril de 2016 se inició el expediente 5330 de Vialidad Nacional, caratulado "Revisión de proceso de expropiación vigente a diciembre de 2015 y resoluciones 1642/2012 y 3076/2012". Una auditoría, que se adjuntó desde la página 36 del trámite, relata cómo funcionó en Vialidad el esquema que se completaba con dos normas firmadas por el entonces número uno del organismo, Nélson Periotti. La primera, estableció un procedimiento que se aparta de los vigentes (la ley de expropiaciones y la llamada "Ley Pierri) que flexibilizaba los requisitos para demostrar la permanencia como ocupante del lugar. La segunda, clave para realizar la maniobra, establecía una fórmula para calcular el valor por encima de lo que establecía el Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), organismo encargado de ponerle precio al bien. El herramental estaba listo.

Según consta en la investigación interna, que pasó a la Oficina Anticorrupción para que se inicie la denuncia penal, en el expediente 2486/14 se estableció un precio de 129.000 pesos por la vivienda pero Vialidad pagó, gracias a una de las resoluciones, 531.437 pesos. En otro ejemplo, expediente 12.843/14, la casa fue tasada por el TTN en 129.000 y se canceló en 725.204 pesos. El boom inmobiliario a pleno en el conurbano bonaerense.

El que paga mal paga dos veces, dice el refrán. Y así fue. "Yo vivo lejos de aquí y acá había un terreno en el que me habían ocupado la casa. Una vez, pasé a ver cómo estaba todo y me encuentro con que mi casa ya no estaba más. Por ahí pasaba la autopista", dice Roberto Goncálvez, parado donde alguna vez fue su lote. "Jamás me notificaron. Me dijeron que habían pagado al ocupante de la casa. Fui a Vialidad y entonces tuve que llevar toda la documentación que me acreditaba como dueño y recién entonces, pude cobrar", agrega.

No fue todo. La estafa se terminó de configurar con la colocación de conocidos en la traza para luego expropiarlos como ocupantes y en connivencia. Los funcionarios de Vialidad implicados, en varios casos, habían instalado personas cercanas pocos meses antes de la expropiación.

Casualmente, se encontraron a varios empleados de la constructora que tenía a su cargo la obra, CPC, una empresa de Cristóbal López, como ocupantes de terrenos y obviamente, se los indemnizó. Además, varios empleados de Vialidad también habían sido sujetos de un pago por vivir sobre la traza. Coincidencias.

Hicieron de todo. En varios expedientes de terrenos distintos se encontró la misma foto de la casa y se repitieron testigos que explicaban la antigüedad de otros ocupantes de terrenos. Amantes del desarrollo inmobiliario, varios expropiados tenían dos domicilios en diferentes lugares de la traza y fueron indemnizados por ambos.

Todo el andamiaje que terminaba con el Estado pagando más por estos terrenos estaba revestido de la legalidad que le daban las normas que Periotti había firmado. Por decisión de los propios funcionarios de Vialidad, el Tesoro pago hasta cinco veces el valor establecido por el TTN.

La operatoria duro hasta diciembre de 2015, cuando la nueva administración se hizo cargo y los antecedentes terminaron en una auditoría que inmediatamente se adjuntó y se remitió a la Oficina Anticorrupción. Según las cuentas del organismo vial, la maniobra le costó al Estado alrededor de 100 millones de pesos y aún queda más de 90% de la traza urbana ocupada y por expropiar. Años perdidos y millones malgastados.

La red funcionaba en las entrañas mismas de Vialidad Nacional, una maraña de complicidades intervenían estos expedientes para desviar dinero público que retornaba a los ahora millonarios burócratas viales. Fue una fiesta qué terminó en una denuncia.

Por Diego Cabot

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