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La herencia y la encrucijada del próximo gobierno
Existe consenso sobre los desbalances macroeconómicos que tendrá el próximo gobierno. Quizá menos claro es el panorama en materia de políticas sectoriales. Lo que no parece estar en la agenda, o al menos con la atención que lo requiere, es el desafío de gestión que enfrentará quien asuma. Hay preocupación y alerta. No sólo hay que tener buen diagnóstico y diseño apropiado del puente a tender entre la economía de hoy y la de las oportunidades del próximo ciclo, sino que además es clave saber cómo construirlo en el día a día.
Son muchos los frentes. Uno de los más importantes es el laberinto regulatorio y normativo que heredará el próximo gobierno. Aún cuando el escenario externo y las potencialidades domésticas configuran un horizonte de mediano plazo con oportunidades de inversión, estas no se materializarán sino se genera un marco regulatorio consensuado y estable.
Sólo así se podrá atraer al capital de riesgo. Si se quiere lograr seguridad energética se necesitarán capitales por US$ 11.250 millones anuales en los próximos ocho años sólo en el upstream. Este nivel de inversiones requerirá garantizar la libre disponibilidad y acceso a divisas, eliminar precios máximos, consensuar límites a ingresos brutos y regalías, garantizar la contratación y comercialización de gas y generar un régimen promocional a proyectos cuyas condiciones técnicas así lo requieran.
Será clave la inercia administrativa y de decisiones del actual gobierno. Buena parte de las definiciones ejecutivas que se toman hoy continuará en vigencia en 2016, condicionando el rumbo. Un ejemplo se da en la obra pública. La gestión actual generó un compromiso para el próximo gobierno de alrededor de $ 50.000 millones, entre los más de dos presupuestos de vialidad existentes en obras licitadas y/o adjudicadas y la deuda que se mantiene con las empresas contratistas. De continuar con los planes actuales, la nueva gestión verá reducida su capacidad para definir prioridades en infraestructura, además de tener que asumir compromisos de financiamiento. Si se interrumpen o redefinen esos planes, se deberá afrontar el costo de la renegociación.
A fin de año vencen las leyes de emergencia económica, sanitaria y los impuestos al cheque y a los cigarrillos. Podrían no estar vigentes para el próximo Poder Ejecutivo.
La de emergencia merece un párrafo aparte. Aun cuando es indiscutible que las facultades delegadas por esta norma deberían retornar al Legislativo, lo cierto es que sin ella, los márgenes de maniobra en el corto plazo se verán acotados.
Esta ley declara la "emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria", a partir de lo cual delega en el Ejecutivo facultades extraordinarias. Dos de ellas son relevantes: establecer el régimen cambiario y fijar tarifas y renegociar los contratos de los servicios. No queda claro el impacto potencial que se derivaría de no contar con otras facultades, como la regulación de los precios de la canasta básica y la potestad otorgada al Banco Central de operar como prestamista.
Una salida sensata a este laberinto normativo sería diseñar una ley de "normalización institucional". Así, el nuevo gobierno contaría con un herramienta fundamental, por un plazo acotado, para definir los hitos institucionales del plan económico.
Éstos son algunos de los desafíos. La mirada económica está centrada en la voluntad o no de los candidatos para resolver lo necesario, y las velocidades para hacerlo. Pero si no se pone en agenda el debate de la gestión, ninguna voluntad ni estrategia permitirán desenredar recuperar el crecimiento sostenido.
El autor es economista
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