La información del juicio por la expropiación de YPF podrá usarse en el Ciadi
Así lo decidió la jueza del distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, ante un pedido del fondo Burford, que llevó el caso al tribunal de arbitraje del Banco Mundial
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LA NACION
La jueza del distrito Sur de Nueva York Loretta Preska habilitó el uso de cierta información del juicio por la expropiación de YPF para que los demandantes puedan utilizarla en su presentación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal de arbitraje del Banco Mundial.
“Primer punto salió hoy. Juez Preska levanta la confidencialidad de cierta información utilizada en el juicio YPF para que los demandantes puedan utilizarla en el Ciadi”, dijo en su cuenta de X Sebastián Maril, analista de Latam Advisors y quien sigue de cerca estos casos.
Sin embargo, la Procuración del Tesoro indicó que la orden de la jueza Preska “no levanta la confidencialidad de los documentos, sino simplemente permite utilizarlos en un eventualmente arbitraje Ciadi”.
Y agregaron: “Los documentos no serán públicos. En efecto, la propia decisión de la jueza manifiesta que ‘las modificaciones propuestas mantienen las mismas protecciones en relación con la divulgación pública’”.
Burford Capital, el fondo que financió la demanda contra el país y cuyas acciones se desplomaron un 40% en Wall Street cuando se conoció el fallo favorable a la Argentina, no se rindió y lleva su reclamo al Ciadi.
En ese contexto, Burford había notificado recientemente su decisión a la Argentina y había solicitado a la jueza que autorizara usar en ese nuevo proceso toda la información que el gobierno argentino aportó durante el discovery (etapa previa en la justicia anglosajona donde se aportan pruebas) del juicio neoyorquino.
Consultado en aquel momento por LA NACION, en la Procuración del Tesoro habían comentado: “La verdad es que lo esperábamos, ya sabíamos qué iba a suceder, y ya estábamos trabajando en ese escenario. Desde el anteaño que nos anticipamos a trabajar en escenarios y preparar documentos. Así que el proceso seguirá su curso y veremos”.
Antes de que el arbitraje pueda empezar formalmente, quedan aún algunos pasos en la causa neoyorquina. Los demandantes —Burford y Eton Park— tienen plazo hasta el 8 de este mes para pedir una revisión ante la propia Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, un mecanismo por el cual no solo el panel de tres jueces que emitió el fallo, sino la totalidad de los magistrados del tribunal analizarían el caso. Recién 90 días después de esa instancia pueden presentar un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
Las chances de revertir el resultado son bajas en ambos casos. La Corte Suprema estadounidense recibe entre 7000 y 8000 peticiones por año y acepta revisar apenas alrededor de un centenar, generalmente vinculadas a cuestiones de derecho federal con amplias implicancias para el sistema jurídico. Un litigio centrado en la interpretación del derecho privado y público argentino difícilmente cumpla ese umbral. Los especialistas que siguen de cerca el expediente coinciden en que, salvo algo extremadamente inusual, el caso en Nueva York este año quedará como cosa juzgada.
La vía que habilita a Burford a llevar el caso al Ciadi es el tratado bilateral de inversiones que la Argentina firmó con España en 1991, que entró en vigor en 1992 y que facilitó el ingreso al país de empresas como Telefónica, Repsol, Marsans y Endesa. El acuerdo no tiene fecha de vencimiento y, a diferencia de otros instrumentos similares, no establece un plazo de prescripción para que una empresa pueda presentar una demanda por incumplimiento. Esto significa que, aunque la expropiación de YPF ocurrió hace 14 años –en 2012–, la puerta del arbitraje sigue abierta.
Tal como explicó LA NACION, el fondo puede valerse de este mecanismo porque las empresas Petersen, cuyos derechos litigiosos adquirió Burford por €15,1 millones, fueron constituidas y quebraron en España. Hay, sin embargo, un argumento que la defensa argentina podría esgrimir: que el tratado no debería habilitar un arbitraje cuando los inversores reales son argentinos. La familia Eskenazi, que controlaba las empresas Petersen, nunca tuvo una estructura operativa genuina en España.
Analistas que siguen el caso señalan que los tratados bilaterales de inversión firmados durante la presidencia de Carlos Menem fueron, en general, asimétricos a favor de los inversores. Ningún gobierno posterior los modificó ni acortó los plazos de prescripción, lo que los convierte en una herramienta disponible para cualquier parte que pueda acreditar la condición de inversor extranjero protegido.
El proceso ante el Ciadi no será ni rápido ni público. El tratado con España establece que, una vez que el inversor notifica su intención de demandar, se abre un período de seis meses durante el cual las partes deberían intentar resolver el diferendo de manera amigable. Recién vencido ese plazo, arrancaría formalmente el arbitraje, que en promedio demora entre dos años y medio y tres años hasta que se emite un laudo. A eso pueden sumarse uno o dos años más si alguna de las partes pide la anulación del resultado.
LA NACION
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