La Justicia de Estados Unidos permitió apelar el fallo en contra sin entregar acciones de YPF
La Cámara de Apelaciones suspendió la decisión de Preska; además, aceptó que el gobierno de Trump se presente como “amigo de la Corte”
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LA NACIONSofía Diamante
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York tomó una decisión clave con respecto al juicio por YPF: aceptó la solicitud de la Argentina y suspendió la orden que obligaba al Estado a entregar el 51% de la petrolera a manos de los fondos Burford e Eton Park hasta que se resuelvan las apelaciones. Además, aceptó que el gobierno de Donald Trump presente sus documentos como “amigo de la corte”.
El 30 de junio pasado, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la Argentina entregar las acciones de YPF a los fondos demandantes como forma de pago de la sentencia de primera instancia, que fijó una indemnización de US$16.100 millones más intereses a favor de Burford y Eton Park.
La defensa argentina apeló la orden y, mientras tanto, el tribunal concedió una suspensión administrativa temporal para frenar la transferencia de las acciones. A diferencia de lo que ocurre en la Argentina, en Estados Unidos la sentencia de primera instancia no se suspende automáticamente cuando se apela: es el juez quien decide si concede o no esa medida.
“La República Argentina recibió una muy buena noticia como consecuencia de un escrito que presentó el Estado junto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos”, dijo Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en juicios que enfrenta la Argentina en el exterior.
“Uno de los argumentos que utilizó la República Argentina fue decir que no puede entregar las acciones de YPF por muchos motivos, principalmente porque necesitaría la aprobación del Congreso y segundo porque es un país amigable a los Estados Unidos y no puede meterse con la soberanía de nuestro país. La verdad es que fue un fallo de cuatro líneas y no sabemos el razonamiento detrás de ese fallo“, agregó.
El artículo 10 de la Ley 26.741, que habilitó la expropiación de YPF, establece que el Estado argentino no puede transferir las acciones sin autorización previa del Congreso.
La noticia fue largamente celebrada en el Gobierno. “Esta decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos”, sostuvo la Procuración del Tesoro.
“La decisión de la Corte de Apelaciones se limita a la suspensión de la orden de entrega dictada el pasado 30 de junio, mientras se tramita la apelación correspondiente. No afecta el curso de la apelación de fondo contra la sentencia emitida en septiembre de 2023, que condena al país a pagar US$16.100 millones de más intereses", agregaron.
Actualmente, el Estado argentino sostiene dos apelaciones en paralelo: por un lado, la sentencia de primera instancia que obliga a pagar la indemnización a Burford Capital y Eton Park; por otro, el reciente pedido de Preska que exige la entrega del 51% de las acciones de YPF.
En la primera causa, todas las partes ya presentaron sus escritos y la Cámara fijó una audiencia para la semana del 27 de octubre próximo. Tras esa audiencia, la Cámara estará en condiciones de resolver esta apelación, pero no tiene plazo para hacerlo.
En la segunda, la Cámara dispuso que la defensa argentina presente su primer escrito con argumentos detallados el 25 de septiembre. Los fondos demandantes podrán responder semanas después. Hasta esa fecha, la Corte de Apelaciones dispuso hoy que se mantenga suspendida la orden de entrega de las acciones.
En octubre de 2023, cuando la Argentina apeló el fallo que establecía la indemnización, no depositó ninguna garantía para evitar embargos. Preska otorgó tiempo adicional, al justificar que en diciembre asumía un nuevo gobierno. Sin embargo, más de un año y medio después, la jueza señaló en su último escrito que “la República aprovechó al máximo el tiempo extra, pero no hizo ningún esfuerzo por satisfacer las condiciones requeridas por el Tribunal”.
Otras fuentes internacionales cercanas al caso indicaron que “la Argentina no debería utilizar esta demora para seguir postergando un acuerdo, ya que cada día que pasa aumenta el costo del fallo”. Según estimaron, el fallo actual de US$16.100 millones podría alcanzar los US$18.000 millones para fin de año debido a la acumulación de intereses. “Esto sin considerar el costo de oportunidad y el riesgo de que YPF sea incluida como co-demandada en un posible fallo de la Corte de Apelaciones. Además, no sentarse a negociar solo postergaría la resolución final del caso por unos meses”, agregaron.
Ante la pregunta de qué pasa si el país incurre en desacato si se mantiene la orden de Preska, Juan Ignacio Carranza, de la consultora Aurora Macro Strategies, consideró que el principal impacto sería reputacional: “Los tribunales estadounidenses no cuentan con mecanismos prácticos para forzar la entrega de acciones bajo jurisdicción extranjera, lo que ya limitaba significativamente el alcance legal de la ejecución”.
“Incumplir esa orden tendría un impacto reputacional, sobre todo ahora que el gobierno de Javier Milei busca volver a los mercados internacionales de deuda, aunque no tendría consecuencias prácticas inmediatas”, agregó.
La historia del caso
El 51% de las acciones de YPF fue estatizado en 2012. En ese momento, el fondo Eton Park era accionista de la petrolera, que cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 1993. Burford Capital, en cambio, compró el derecho a litigar en la Justicia española cuando las empresas Petersen –fundadas por la familia Eskenazi y accionistas de YPF– quebraron.
Los fondos sostuvieron que el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) por la totalidad de las acciones, tal como establece el estatuto de YPF presentado en Estados Unidos cuando comenzó a cotizar. Según el artículo 7º, si un inversor adquiere más del 15% de las acciones, debe ofrecer comprar el resto.
En su momento, la Argentina no hizo la OPA. El entonces viceministro de Economía e interventor en YPF, Axel Kicillof, argumentó en el Congreso, antes de la votación de la ley de expropiación: “Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento a un valor equivalente a US$19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto! ¿Si no, dónde está la seguridad jurídica?”.
Tanto los demandantes como Preska citaron esa frase para justificar sus posiciones. La jueza sostuvo que “la República obligó a los demandantes a otorgarle un préstamo masivo después de expulsar por la fuerza a los miembros del directorio de YPF, el 16 de abril de 2012, lo que provocó que los representantes de Repsol huyeran del país. El Sr. Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar sus estatutos’”.
La defensa argentina alegó que la Constitución está por encima de los estatutos empresariales y que actuó conforme a la Ley de Expropiación. Además, señaló que Burford pagó 15,1 millones de euros al fisco español y cedió un 30% de la indemnización futura por el derecho a demandar, tras la quiebra de Petersen Energía y Petersen Inversora en España.
Las compañías Petersen eran propiedad de la familia Eskenazi, también dueña del Banco de Santa Cruz. Aunque el expediente en Nueva York figura a nombre de Petersen, la familia sostiene que el grupo “es totalmente ajeno a la demanda”.
En febrero de 2008, Petersen compró a Repsol el 25% de YPF: primero pagó US$1100 millones por el 14,9% y luego US$2200 millones por el 10,1% restante. Los créditos obtenidos para la operación iban a cancelarse con utilidades de las acciones, pero cuando la Argentina tomó el control de la empresa, suspendió el pago de dividendos y las compañías quebraron.
Eton Park, por su parte, adquirió el 3,04% de YPF en noviembre de 2010 por US$458 millones. En mayo de 2014, Kicillof acordó pagar US$5000 millones a Repsol por el 51% expropiado.
La demanda contra YPF y la Argentina comenzó en abril de 2015. En 2023, el fallo de primera instancia ordenó al Estado pagar una indemnización y eximió de responsabilidades a la petrolera. La defensa apeló ante la Cámara del Segundo Circuito, que fijó audiencia para la semana del 27 de octubre próximo.
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