La Justicia ordenó a AySA garantizar el servicio en 26 municipios bonaerenses
Así lo decidió el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata a través de una cautelar; afirmó que busca prevenir problemas con el suministro de agua
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LA NACIONMaría José Lucesole
LA PLATA.- En la previa de su privatización, el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de esta capital hizo lugar a una medida cautelar interpuesta con el objetivo de prevenir problemas con el suministro y con las condiciones de salubridad en el servicio que la empresa Aguas y Saneamiento Argentino (AySA), y frenó preventivamente recortes de inversiones.
Por la cautelar, los habitantes de 26 municipios de la provincia de Buenos Aires mantendrán plenamente resguardadas las garantías sobre el acceso al agua potable y el saneamiento ambiental. El juez Mariano López dispuso una medida de no innovar que obliga a AySA a abstenerse de cualquier acción que modifique, altere o suspenda sus obligaciones operativas y de infraestructura.
La justicia intervino de esta manera en el proceso de privatización de AySA, impulsada por el gobierno de Javier Milei, y ordenó evitar cualquier intento de recortar inversiones, postergar obras críticas o flexibilizar los controles de calidad del agua “hasta tanto se efectúe una evaluación integral ambiental, sanitaria e institucional suficiente”.
La resolución judicial responde a una acción preventiva de daños iniciada por la Defensoría del Pueblo bonaerense, conducida por Guido Lorenzino. Esta defensoría solicitó la intervención de los tribunales frente al riesgo inminente de que el actual proceso de reestructuración y privatización de la firma prestataria derivara en un deterioro de los servicios esenciales o en el abandono de trabajos planificados.
Además, es una acción que busca preservar el recurso hídrico de la provincia de Buenos Aires y el daño ambiental que puede generar la desregulación.
El fallo llegó en un contexto clave: tras la firma de un nuevo esquema contractual en mayo de 2026, el Ministerio de Economía de la Nación autorizó el llamado a licitación pública para vender el 90% del paquete accionario de AySA a un operador estratégico.
El 15 de mayo último, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en el Boletín Oficial los pliegos para la licitación con el objetivo de vender el 90% de las acciones de AySA y así avanzar con su privatización.
En la operación, la administración libertaria espera recaudar alrededor de US$500 millones que serán destinados al pago de la deuda.
La resolución 704/26 autoriza el llamado a una licitación nacional e internacional para vender estas acciones que hoy están en manos del Estado nacional. Por el momento no fue publicado un precio base. La medida se apoya en la Ley Bases, que declaró a AySA “sujeta a privatización”, y en decretos posteriores que modificaron el marco regulatorio del servicio de agua y cloacas.
El esquema previsto por el Gobierno tiene dos etapas: vender al menos el 51% de la compañía a un operador privado mediante licitación y luego colocar el resto de las acciones estatales en bolsas y mercados. El 10% restante seguirá perteneciendo a los empleados a través del Programa de Propiedad Participada.
La licitación se realizará en la plataforma Contrat.ar. El cronograma fija el cierre de consultas para el 12 de agosto, la presentación de ofertas hasta el 27 de agosto y la apertura de sobres para el 27 de ese mes a las 10.
Ante este panorama, la Defensoría alertó que el nuevo diseño tendía, en un análisis preliminar, a reducir exigencias regulatorias y diferir compromisos previamente asumidos. El juez contencioso giró el expediente a la justicia federal de esta capital para que se expida sobre la legitimidad de la privatización, cuestionada por la Defensoría del Pueblo.
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