La Justicia y la AFIP investigan la filtración de datos del blanqueo de capitales

La filtración de datos del blanqueo de capitales generó un movimiento de pinzas: la Justicia empezó a investigar a un grupo de funcionarios de la AFIP y el organismo tributario puso a una firma auditora internacional para detectar el origen de la información.

Así lo informaron ayer a LA NACION calificadas fuentes judiciales y de la AFIP, en un contexto de tensión por la difusión de los datos de un grupo de contribuyentes que se sumaron al reciente sinceramiento de capitales.

Luego de que el ente fiscal se presentó en la Justicia anteayer, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral se hizo cargo de la causa y comenzó a posar su mirada sobre "ocho claves fiscales", según indicó una fuente del Poder Judicial.

El magistrado puso en marcha la investigación de la maniobra, pero no tiene demasiadas esperanzas de avanzar si el propio organismo tributario no descubre por su cuenta cómo se filtraron los datos publicados el domingo pasado por el diario Página 12.

En la AFIP, la energía del administrador federal, Alberto Abad, se colocó sobre el centro de cómputos, donde funciona la base de datos de los contribuyentes que ingresaron en el blanqueo.

A diferencia de una declaración jurada ordinaria de un contribuyente, a la que pueden acceder directores de las áreas regionales, en este caso la información estaba en pocas manos.

Por esta razón, Abad tomó dos decisiones: por un lado, le aceptó la renuncia al director del área informática, Jorge Linskens, a quien reemplazó por el subdirector de Auditoría Interna, Néstor Sosa, quien "está a cargo de una investigación interna para determinar las responsabilidades de la filtración", según las fuentes del organismo.

Por otra parte, se contrató a la auditora Deloitte para rastrear las "huellas informáticas" que ingresaron en el centro de cómputos en las últimas semanas.

En este sentido, las sospechas preliminares cerca de Abad están colocadas sobre funcionarios que están en la AFIP desde la gestión de Ricardo Echegaray.

Sosa se presentó anteayer en la Justicia para que se investiguen los delitos de violación de secreto fiscal y defraudación, por lo cual los responsables de la filtración podrían sufrir penas de dos años de prisión y cuatro de inhabilitación por violación referida al blanqueo que terminó a fines de marzo último.

Apoyo del Gobierno

En el entorno de Abad destacaron que el funcionario recibió numerosas muestras de respaldo por parte del presidente Mauricio Macri y de sus principales colaboradores.

De hecho, Abad y Macri se encontraron el lunes pasado, al día siguiente de la filtración, y conversaron sobre este tema. También el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se comunicó con el funcionario para expresarle su apoyo. "Hay malestar con la filtración, pero no con Abad", explicó un vocero de la Casa Rosada.

En el Ministerio de Hacienda pusieron un matiz en estas declaraciones: "Es un tema incómodo, pero la AFIP es un organismo autárquico", expresó una fuente de esa cartera.

Sin embargo, en algunos despachos oficiales hay dos temores: uno es que la filtración del domingo haya sido sólo la primera de una serie que pueda publicarse en las próximas semanas y, el segundo, más trascendente y relacionado con la primera, es la repercusión internacional del tema, dado que en pocas semanas más la AFIP comenzará a recibir información de cuentas argentinas en el exterior por el convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).