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La otra cara de la mora: pymes embargadas por ARCA que se quedan sin cuentas para operar
Las empresas no cuestionan las facultades legales del ente recaudador, pero advierten por la velocidad de las ejecuciones y el impacto de paralizar las cuentas bancarias
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LA NACIONMelisa Reinhold
Desde septiembre del año pasado, Constanza Sena tiene todas las cuentas bancarias de su pyme industrial embargadas por un total de $46 millones. En plena turbulencia por las elecciones legislativas, los bancos cortaron los descubiertos y las tasas para conseguir financiamiento volaron hasta tocar valores de tres dígitos, una situación que la llevó a no tener fondos en su cuenta y provocó que se le caigan los planes de pago que tenía vigentes con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Uno detrás de otro.
Actualmente, solo tiene la cuenta de Mercado Pago para poder pagar los sueldos (que durante un plazo de tiempo también estuvo embargada), lo que provocó que a los empleados les quieran cobrar mantenimiento bancario porque ya no son consideradas como “cuenta sueldo”. Y para mantener la empresa a flote que tiene en La Matanza, vende los cheques que recibe de sus clientes en financieras. “Tengo cheques de empresas de primera línea; y por un cheque de $7 millones a 60 días, pierdo $1,5 millones por hacerlo en una cueva; se quedan el 20% de comisión”, relata.
El caso de Sena expone uno de los reclamos que han hecho a lo largo de este año distintas cámaras empresariales: los embargos que está llevando adelante ARCA. Aunque está previsto en la Ley de Procedimiento Fiscal y el fisco cumple con la normativa al pie de la letra, desde el sector privado alertaron sobre la velocidad con la que se está utilizando esta herramienta y cómo pone en riesgo la cadena de pagos. Si un contribuyente incumple, el fisco notifica prácticamente al día siguiente que está en falta y arranca un procedimiento que está tan aceitado que en dos semanas se puede ejecutar un embargo.
“Se aceleraron muchísimo los tiempos. Desde lo estrictamente legal, si hay una deuda vencida, intimada y exigible, ARCA tiene facultades para iniciar la ejecución fiscal y pedir el embargo. El tema es que históricamente no salían a judicializar prácticamente enseguida, como sí sucede ahora. Y ahí me parece que está el problema. Muchas pymes vienen manejando la caja con los dientes y están acostumbradas a que exista cierto margen entre el vencimiento y una ejecución. Si ARCA cambia de hecho esa práctica y empieza a ejecutar y pedir embargos mucho más rápido, puede agarrar a muchísimas desprevenidas”, explicó Diego Fraga, abogado tributarista y socio de Expansión Holding.
En una reunión entre el Departamento de Política Tributaria de la UIA y autoridades de ARCA esta semana, la entidad fabril planteó la necesidad de “acompañar a las pymes industriales en un contexto de caída de la actividad y del empleo”. En ese marco, reclamó la suspensión por 180 días de embargos y ejecuciones fiscales a pymes como medida transitoria frente a “la asfixia financiera derivada de la suba de tasas, la caída de actividad y la restricción del crédito”.
“ARCA desarrolló una política de embargo de cuentas a cobrar de empresas que mantenían deudas fiscales. Este mecanismo generaba una situación inoportuna, en términos generales, restringiendo el flujo de fondos, lo que sumado a la caída de ventas que diversas empresas experimentaban, derivaba en un agravamiento de la situación, especialmente para las mipymes”, señalaron desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) a LA NACION.
A mediados de mayo, la entidad le había mandado una carta a ARCA y explicó que hubo casos en los que los clientes fueron notificados para que retuvieran los pagos y los depositaran a favor de ARCA hasta completar la suma embargada. Tres meses después, desde la CAC consideran que la solicitud “dio resultados positivos”, pero admitieron que la utilización de la medida cautelar continuó, aunque en menor medida, lo que “no se compadece con la situación general”.
“La causa fundamental de la situación de mora se encuentra en la disminución de los niveles de actividad en ciertas ramas de la economía, con sus lógicas consecuencias financieras. Sin llegar a una ruptura de la cadena de pagos, es innegable que hay dificultades financieras en numerosos sectores, que son aún más complejas por el nivel de las tasas de interés y la incursión en los nichos informales”, sumó la CAC.
En junio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó un pedido similar ante el Congreso, y le pidió a los legisladores que haya una suspensión temporal de las ejecuciones fiscales y medidas cautelares, incluidos los embargos. Como respuesta, ARCA lanzó un plan de facilidades de pago para mipymes para regularizar deudas vencidas hasta el 30 de junio de este año, en hasta 18 cuotas y con una tasa de financiación del 2,75% mensual. El régimen no condona intereses ni multas, pero permite que las empresas se pongan al día con sus deudas.
“El Gobierno hizo un plan de pago para la mora, pero es muy corto, de 18 meses y con un anticipo. Tengo que poner $7 millones y no puedo porque tengo las tres cuentas bancarias embargadas. Los bancos sí están refinanciando; el año pasado me daban crédito a una tasa del 170% y 12 cuotas, y ahora ofrecen un 25% a 36 cuotas. Así como los bancos dan un plan acorde, el Estado debería hacer lo mismo. Yo no pido que nos financien, ni que nos den subsidios; sino que quiero un plan de pago acorde para levantar la cabeza. Quiero pagar, seguir contribuyendo”, aseguró Sena.
La contadora pública Miriam Roldán señaló que uno de los principales problemas para las empresas es que el embargo se aplica sobre todas las cuentas bancarias por el monto total de la deuda. Es decir, si una pyme tiene cuentas en distintos bancos, cada una puede recibir la orden de inmovilizar fondos por el total reclamado, sin que exista un mecanismo automático de compensación entre las entidades. “No hay un clearing bancario de que un banco te embargó $10 millones, entonces el embargo era de $20 millones y el otro te tiene que embargar los otros $10 millones. Es como que todos te embargarían $20 millones”, explica.
El efecto puede ser especialmente grave para una empresa que necesita esas cuentas para seguir funcionando. Los fondos quedan inmovilizados y la compañía puede quedarse sin dinero para pagar salarios, proveedores o incluso las cuotas de una moratoria que venía cumpliendo.
“Si yo tenía una moratoria que venía pagando y me veo imposibilitado de pagarla, se me cae la moratoria y pierdo los beneficios. ARCA está cumpliendo la Ley de Procedimientos, que establece plazos y tiempos. Pasa que años anteriores hubo planes de facilidades de pago y, si tenías un embargo, te presentabas con el plan y te lo liberaban. Hoy, los fondos quedan efectivamente retenidos y aplicados a la deuda”, explicó.
“No cuestiono tanto que tengan la herramienta legal, sino cómo y con qué velocidad la están usando. Porque por una demora de pocos días podés terminar sumándole a una pyme que ya está complicada un juicio, honorarios, costas y hasta un embargo de cuentas. Si decidieron cambiar tan drásticamente los tiempos, como mínimo deberían avisarlo claramente y con anticipación. Si no, terminan agravando el problema financiero que supuestamente quieren cobrar”, cerró Fraga.
