La paz y la prosperidad en Venezuela vendrán de la democracia, no del petróleo, escribe Ricardo Hausmann
Desear lo contrario, como hace Donald Trump, es una ilusión.
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“Tristeza não tem fim, felicidade sim”. La tristeza no tiene fin, pero la felicidad sí. Esta frase, inmortalizada en una canción de bossa nova que se hizo famosa gracias a la película “Orfeo Negro”, captura lo frágil, fugaz y preciosa que puede ser la alegría.
Durante unas horas extraordinarias el 3 de enero, los venezolanos la saborearon cuando se difundió como la pólvora la noticia de que Nicolás Maduro, el hombre que ha gobernado Venezuela con represión y ruina, había sido derrocado en una dramática operación militar estadounidense. La conmoción no fue solo política, sino también emocional. En Caracas y Maracaibo, en Miami y Madrid, los venezolanos se permitieron imaginar un futuro lleno de dignidad y esperanza, y el regreso a la vida normal.
Sin embargo, la felicidad dio paso rápidamente a la preocupación cuando el presidente Donald Trump celebró una conferencia de prensa en Mar-a-Lago pocas horas después de la incursión. Estados Unidos, dijo, ahora “dirigiría” Venezuela. Habló mucho sobre el petróleo, pero nada sobre la democracia, salvo para desestimar a María Corina Machado, premio Nobel de la Paz y líder de la oposición democrática. (Según él, Machado no inspiraba el “respeto” necesario para dirigir el país, a pesar de que los venezolanos habían votado abrumadoramente a favor de sus fuerzas en las elecciones de 2024, que Maduro robó). En cambio, Trump afirmó que Estados Unidos trabajaría con el propio vicepresidente del dictador. Habló como si fuera el dueño del país y de sus activos. Los venezolanos iban a ser beneficiarios de su benevolencia, no agentes de su propio destino.
Los venezolanos saben muy bien que derrocar a un dictador, especialmente si se deja a sus secuaces al mando, no es lo mismo que reconstruir un país. Y hay mucho que reconstruir. Cuando Maduro llegó al poder en 2013, los venezolanos eran aproximadamente cuatro veces más ricos que hoy. Lo que siguió fue la mayor contracción económica jamás registrada en tiempos de paz. Provocó la salida de ocho millones de venezolanos, una cuarta parte de la población. No fue el resultado de una invasión extranjera ni de un desastre natural, sino de una catástrofe autoinfligida. Y vino acompañada de mucha brutalidad, represión y corrupción en el país.
En el centro del colapso se encontraba un desmantelamiento sistemático de los derechos. Los derechos de propiedad quedaron vacíos de contenido; los contratos perdieron su significado; los tribunales dejaron de ser independientes; las elecciones dejaron de tener importancia y expresar la opinión propia se convirtió en un delito. A medida que los derechos desaparecían, también lo hacían la seguridad, la inversión, la confianza y el poder de imaginar. La gente dejó de hacer planes para el futuro porque el futuro ya no les pertenecía.
La lección es sencilla, pero profunda: la prosperidad no proviene del petróleo, de los decretos ni siquiera de los gobernantes benevolentes. Proviene de los derechos. Los derechos crean la propiedad privada. Los derechos crean seguridad. Los derechos crean debate. Los derechos permiten a las personas invertir, innovar, soñar y transformar la realidad. Si se eliminan los derechos, la sociedad se marchita. Si se restauran, la recuperación es posible.
Lo que los venezolanos necesitan ahora no es venganza contra Maduro, ni improvisación al estilo Trump, sino el retorno a la libertad y la paz. La humanidad ya ha inventado la tecnología que lo hace posible: la democracia. La democracia no se limita al voto. Es un sistema para agregar preferencias y proteger las libertades. Es el único mecanismo que conocemos que, a largo plazo, puede alinear la autoridad política con el consentimiento social. Venezuela lo disfrutó durante gran parte de la última mitad del siglo XX, y sigue siendo la fórmula global para la prosperidad sostenida.
El proyecto chavista, que comenzó en 1999, erosionó ese sistema de forma gradual pero implacable, socavando los controles y equilibrios, las libertades individuales y, por último, la propia democracia.
El camino de regreso es seguir el proceso a la inversa. No hay atajos para la restauración de los derechos y el Estado de derecho. Lo más importante es que la sociedad venezolana ya ha hecho lo más difícil. El país ha demostrado paciencia y valentía, uniéndose a lo largo de un largo proceso. En 2023, los venezolanos se unieron de manera abrumadora detrás de la señora Machado como líder de la oposición democrática, solo para ver cómo se le prohibía arbitrariamente postularse a la presidencia.
Al año siguiente, sin embargo, dieron una victoria aplastante a su colega, Edmundo González Urrutia, votando en contra de la dictadura en casi todos los rincones del país. La voluntad de los venezolanos no podía haber sido más clara. Lo que se frustró fue su traducción en poder.
Por lo tanto, el camino crítico a seguir comienza con una idea simple: honrar esa voluntad. Venezuela necesita un gobierno civil limitado por la ley, respetuoso de las libertades individuales, responsable ante los votantes y capaz de reconstruir las instituciones.
El señor Trump parece no entenderlo. Habló como si las vastas reservas de petróleo de Venezuela hicieran innecesaria la democracia: la inversión extranjera, sobre todo de las compañías petroleras estadounidenses, puede sustituir a la normalización política. Es una ilusión, incluso en los propios términos del presidente estadounidense. El petróleo no es riqueza hasta que la producción se puede monetizar; eso, a su vez, requiere una inversión a largo plazo. Y para ello, es imprescindible la seguridad jurídica: derechos de propiedad, contratos exigibles, una fiscalidad clara y normas predecibles que regulen las concesiones y los pagos. Las compañías petroleras, que no responden ante los presidentes, sino ante los accionistas, los reguladores y los tribunales, no invertirán capital en un vacío legal. Sin un sistema jurídico legítimo, la idea de que las reservas de petróleo pueden rescatar a Venezuela y generar dinero para Estados Unidos se desmorona bajo el escrutinio.
Un riesgo más profundo es el geopolítico. Venezuela no debe convertirse en una colonia, una idea de último momento o un proyecto transaccional impulsado por los intereses estadounidenses a corto plazo. Los mayores éxitos de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial no provinieron de la extracción de recursos de Europa o Japón, sino de la provisión de bienes públicos: seguridad, reconstrucción institucional y un orden basado en normas que permitió prosperar a las sociedades. La estrategia generó enormes beneficios para los receptores y para el propio Estados Unidos.
Venezuela necesita la misma fórmula liberal: paz, justicia, democracia y derechos. Necesita que se aproveche el valiente deseo de democracia de los ciudadanos, no que se deje de lado. De lo contrario, crecerán las semillas de futuros conflictos, especialmente si las aspiraciones nacionales chocan con las prioridades estadounidenses.
La tristeza, como nos recuerda la canción, no tiene fin. Venezuela ha soportado más de lo que le corresponde. Pero esas fugaces horas de felicidad revelaron algo esencial: los venezolanos no han renunciado a la democracia, ni a los unos a los otros. La tarea ahora es crear a partir de eso una realidad duradera: no mediante la fuerza, ni mediante fantasías petroleras, sino restaurando la voluntad del pueblo para que pueda iniciar la ardua y paciente labor de restaurar los derechos y reconstruir las instituciones. Ese es el único camino por el que la felicidad, por frágil que sea, podría finalmente encontrar la manera de perdurar.
El profesor Ricardo Hausmann es director del Laboratorio de Crecimiento de Harvard en la Escuela Kennedy de Harvard y exministro de Planificación de Venezuela.
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