La pelea entre Cilfa y Caeme pone millones en juego

Las empresas nacionales y extranjeras cruzan acusaciones mientras se disputan un mercado que mueve más de 4000 millones de pesos anuales
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19 de marzo de 2000  

En la guerra de las patentes medicinales las cartas están echadas. Todo, o casi todo, fue dicho en las audiencias públicas en el Congreso de la Nación, donde el Centro Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme) expusieron sus verdades en la búsqueda del mejor remedio para sus intereses.

Martín Massini Ezcurra, director ejecutivo de Caeme, no duda en señalar que "en la Argentina hay una industria farmacéutica que está compuesta por laboratorios que investigan y otros que sólo se limitan a copiar, sin autorización, las fórmulas farmacéuticas".

Lo mismo piensan en los Estados Unidos y Europa, donde son menos diplomáticos para señalar el problema. El caso más reciente es el del representante comercial de Estados Unidos, Richard Fisher, quien días pasados durante su visita al país no tuvo pelos en la lengua para afirmar que "en la Argentina existe una industria pirata, que utiliza información robada de compañías legítimas".

Argumentos encontrados

Tras descalificar los "términos agraviantes" del funcionario norteamericano, en Cilfa, la entidad que preside Pablo Challú, quien no pudo ser contactado por La Nación por encontrarse hasta el cierre de esta edición fuera del país, aseguran que el objetivo de los laboratorios extranjeros es monopolizar la comercialización, y si no se frena este intento, sostienen, habrá que lamentar la desaparición de otro sector y el aumento de la desocupación.

Los representantes de los laboratorios nacionales afirman que la ley de patentes, antes del veto del ex presidente Carlos Menem, establecía que una de las obligaciones del titular era fabricar en la Argentina el producto sobre el cual se le daban los derechos monopólicos. En tal sentido sostienen que la lógica de la cláusula de fabricación local era impecable, porque demostraba que "el peor monopolio es el de la importación".

La cláusula de la discordia

Para los laboratorios nacionales esa cláusula es cuestión de vida o muerte, y no contradice los tratados que se refieren a los derechos de propiedad intelectual dentro del GATT.

Sin embargo, en Caeme la oposición a este punto es total, porque "una cláusula de fabricación local como la que proponen algunos legisladores -explica Massini Ezcurra- lo que hace es frustrar el derecho de exclusividad que da una patente al autor. Además -añade- va en contra de las reglamentaciones de la Organización Mundial de Comercio, de modo que nosotros no podemos avalar normas que se oponen a los acuerdos internacionales".

Este último punto es refutado por los representantes de Cilfa, al señalar que la obligación de fabricación local está prevista en países como Holanda, Gran Bretaña, Italia, Francia y Brasil, por nombrar algunos.

Y, con los números en la mano, agregan que aquellos países que no incluyeron esa cláusula sufrieron una fuerte desinversión, como es el caso de Chile, de donde se fueron los doce laboratorios de capitales internacionales que había. Otro tanto pasó con Perú, de donde se retiraron quince laboratorios, y con Colombia, donde cerraron sus plantas nueve compañías de capitales extranjeros."

Las cifras que manejan en Cilfa indican que las importaciones de los laboratorios extranjeros pasaron del 12% en 1992 a 43% en la actualidad. Y no dudan en afirmar que en 10 años sustituirán el 100% de su producción local por importaciones.

Esta posición es descalificada por Massini Ezcurra cuando señala que "esos datos son dibujados. De las exportaciones argentinas de productos farmacéuticos casi el 70 por ciento pertenece a laboratorios extranjeros, de modo que no comprendo de dónde sacan esas cifras".

Otro de los puntos en discordia es el precio de los medicamentos. Desde el búnker del titular de la bancada justicialista de Diputados, Humberto Roggero, se sostiene que la nueva ley provocaría aumentos de hasta un 300 por ciento. Una cuestión que irrita a los representantes de los laboratorios extranjeros, quienes afirman que eso es imposible porque los nuevos medicamentos no salen en masa al mercado, sino que son el producto de muchos años de investigación.

Al respecto, Martín Massini Ezcurra señala que "en 1999 los productos nuevos que salieron a la venta no llegaron al 5 por ciento del total de medicamentos que se venden en la Argentina. De modo que es imposible que un porcentaje tan pequeño produzca semejante incremento de precios en el mercado".

Mientras los empresarios protagonizan esta pulseada, el país espera una ley de patentes. En algo coinciden ambas cámaras: es hora de que los legisladores asuman la responsabilidad de encontrar el remedio más adecuado.

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