La revisión del FMI: la hoja de ruta de lo que viene pone a prueba la capacidad política del Gobierno en los próximos años
Hay menciones concretas a los proyectos del Congreso para aumentar el gasto y a la incertidumbre de la elección; el Consejo de Mayo, la esperanza para lograr acuerdos
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Por Diego Cabot y Ignacio Grimaldi
Si los números de una planilla de cálculo alcanzaran para cubrir todas las necesidades para desarrollar un país y lograr la estabilización, pues las revisiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) serían un trámite. Esas cifras son las que mejor maneja el Gobierno.
El punto es que, de acuerdo con lo que escribió el organismo en 103 páginas al aprobar la primera auditoría, aquella planilla parece ser una condición necesaria, pero de ninguna manera, suficiente. No lo dice el staff técnico, pero para gran parte de lo que sigue, la política empieza a ocupar un rol clave para el éxito del programa.
Sucede que al tiempo que se rescatan cada uno de los logros como el superávit fiscal, la baja de la inflación, la flotación del dólar o la eliminación de la brecha cambiaria, aparece la agenda pendiente. Y ahí sí surge la necesidad de la política, los consensos y la búsqueda de acuerdos como para poder avanzar en reformas claves. Por caso, la impositiva, cuyo borrador debería estar terminado a fin de año para aplicarse el que viene, pues no tiene posibilidad de estar en vigencia sin consenso en el Congreso. El brazo político aparece entonces.
Como se dijo, la mención nunca es explícita pero, por caso, en el reporte se puede leer que se utilizarán todas las formas posibles para mantener el gasto a raya. Según el documento, seguirá impugnándose legalmente -“Incluso mediante vetos”, dice el FMI- cualquier nueva iniciativa de gasto propuesta y aprobada por el Congreso que ponga en riesgo la estabilidad macroeconómica.
El mayor superávit se sustentará en controles de gasto más estrictos. También habrá mejoras en la eficiencia en los programas sociales, gracias a controles mejorados de elegibilidad para las pensiones por discapacidad y la Asignación Universal por Hijo (AUH). Para eso, tal como estaba en el acuerdo original, se mantiene la fecha de diciembre de 2025 para que esté terminado un registro único de datos de beneficiarios de planes sociales. “Mientras tanto, la disciplina continua del gasto sigue siendo esencial, lo que implicará que el Gobierno se resista a nuevas iniciativas de gasto sin financiación, especialmente considerando que ya se proyecta que el gasto primario total aumentará un 7 % en términos reales este año", agrega el Fondo en obvia referencia a la posibilidad de que desde el Congreso surjan iniciativas que intenten disponer de la chequera.
En los papeles de la revisión, además figuran algunas medidas que deberían continuar. Por caso, reducir los subsidios energéticos y, obviamente, para hacerlo es necesario acercar aún más las tarifas de electricidad y gas a los costos de producción, “al tiempo que mejorarán la calidad de los servicios y la eficiencia del mercado eléctrico”. Dicho de otra manera, las tarifas deberían subir por arriba de la inflación como para que el impacto sea real en la disminución de los subsidios.
Algo más sobre la política y el Fondo. Pese a que el Consejo de Mayo no ha tenido un papel preponderante desde que se creó, hace un año, el Fondo confía en los resultados a los que pueda arribar el grupo creado por el presidente Javier Milei como llave para abrir el consenso. “Las restricciones comerciales adicionales se levantarán con cautela, con mayor énfasis en políticas para reducir los aún elevados impuestos a las exportaciones que desalientan la competitividad, según lo permitan las condiciones fiscales. En este contexto, el recién creado Consejo para la Implementación del Pacto de Mayo —integrado por representantes del ejecutivo nacional, las provincias, ambas cámaras del Congreso, sindicatos y asociaciones empresariales— desempeñará un papel clave en el avance de la ambiciosa agenda de reformas de las autoridades".
Las reformas que el Gobierno promete y que el Fondo pretende para consolidar el plan también requieren de la política. En principio, se habla de que, en septiembre, el mes que viene, se entregará al Congreso el Presupuesto 2026. De aprobarse, sería el primer presupuesto de la era Milei ya que aún funciona con el elaborado en 2022 y que fue aplicado en 2023. El año pasado y este no hubo una nueva ley y se prorrogó dos veces un ejercicio. La mano de la política, cuándo no, dice presente.
Más allá de la reforma impositiva, el documento habla de la necesidad de sancionar un nuevo régimen previsional y otro laboral. Para que estén sobre la mesa los borradores, el Fondo puso una fecha: fines de 2026. Es decir, en pleno año de elección presidencial, la Argentina debería debatir dos reformas postergadísimas y que, desde siempre, cruzan a fuego el debate político.
Tampoco pasan desapercibidas las elecciones de medio término. En el frente interno, hasta el punto de que el Fondo habla de que podría llegar ruido económico desde ese frente. “Las incertidumbres políticas antes de las elecciones legislativas de medio término de octubre podrían aumentar la volatilidad del mercado, aunque deberían mantenerse bien contenidas dada la fortaleza de los fundamentos subyacentes y el compromiso con el ancla fiscal“, confía el organismo. Además, dice que no se puede descartar la “intensificación de las presiones de gasto externas al gobierno, especialmente antes de las elecciones de medio término”.
La infraestructura y el efecto Trump
La revolución arancelaria que inició desde principio de año el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene impacto en todo el mundo. Y claro, la Argentina, con una economía que recién empieza a hacer los primeros palotes en la estabilización, no podría quedar indemne. Aunque, hay que decirlo prevén que no será grave para el país. “La mayoría de las exportaciones de bienes de Argentina a Estados Unidos están sujetas a un arancel de 10%. Si bien las importaciones de energía y oro (de aproximadamente US$3000 millones) están exentas, el acero y el aluminio (de aproximadamente US$600 millones) tienen un arancel de 25% desde mediados de marzo, el análisis del personal sugiere que el impacto directo sería pequeño, ya que las exportaciones argentinas a Estados Unidos disminuirían tan solo entre US$300 y US$500 millones al año”, estima.
Pero, semejante cambio en el comercio mundial dice el Fondo, podría terminar por beneficiar al país. Se trata de una eventual desviación del comercio de socios afectados por aranceles más elevados en otros países (en particular, Brasil, China y la UE), ya que los fabricantes podrían optar por reubicarse en Argentina para evitar los aranceles más altos. “De igual manera, dados los aranceles de represalia impuestos a las importaciones de bienes norteamericanos por otros países (como China), la demanda de productos argentinos (en particular, productos agrícolas como la soja) podría aumentar aún más”, dice el trabajo de los técnicos del Fondo.
Quizá, uno de los números que más miran los economistas locales es la cuenta corriente. El organismo también posó la vista en el lugar. Admitió que el déficit por cuenta corriente para 2025 se revisó al alza y quedó en torno a 1,7 % del PBI, frente a 0,4% anterior. Esta situación, básicamente, se debe a un aumento de las importaciones, especialmente de bienes de capital. ¿Cómo se financia esa suba? “Se espera que sea compensado parcialmente con un sólido volumen de exportaciones manufactureras, energéticas y agrícolas. Se prevé que este mayor déficit se financie con mayores entradas de capital privado, respaldadas por la reciente flexibilización de las restricciones cambiarias, el acceso continuo a los mercados de capital, la privatización de empresas estatales y las entradas de inversión extranjera directa (IED).
Para el final, la infraestructura y la obra pública, uno de los temas donde más interrogantes tiene no solo el Fondo sino los argentinos. La fórmula para que la inversión llegue, para el organismo de crédito, va a requerir “una implementación efectiva, transparente e imparcial del régimen RIGI, el cual busca proporcionar predictibilidad fiscal y regulatoria y fomentar el desarrollo de sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria y economía del conocimiento".
Pero con el RIGI no alcanza. De hecho, establece que deberá complementarse con esfuerzos para finalizar a tiempo de proyectos prioritarios de infraestructura pública, por caso, la segunda fase de los gasoductos, y para involucrarse con el sector privado y las provincias para abordar las grandes brechas de infraestructura de la Argentina. El Gobierno informó que dará prioridad a la estructuración de concesiones de rutas (en septiembre estará el primer corredor en manos del ganador de la licitación), vías navegables y puertos a través de asociaciones público-privadas (APP).
“Se podría considerar el establecimiento de un nuevo marco legal general para las APPs, así como la estandarización de plantillas de contratos, la creación de protocolos de planificación de contingencias y el desarrollo de instrumentos de financiación alternativos y mecanismos de cobertura de riesgos para atraer inversores institucionales y ampliar la base de financiación”, finaliza.
El informe hace un enorme repaso sobre los números que dejó esta primera revisión y una hoja de rutas respecto de cómo deberían evolucionar. Pero en la Argentina no solo “es la economía, estúpido”. Y el Fondo, lo sabe.
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