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La Rioja sigue en default, mientras Entre Ríos sale a colocar deuda
El gobierno riojano no pagará sus vencimientos; Rogelio Frigerio busta hasta US$500 millones en el mercado
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- La Rioja comunicó oficialmente a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la provincia no pagará un vencimiento y se mantendrá como el único distrito del país en default (al que ingresó hace dos años). En paralelo, la administración entrerriana de Rogelio Frigerio salió a ofrecer la suscripción de títulos públicos en dólares por hasta US$500 millones.
En noviembre, Frigerio en una conferencia de prensa que compartió con Diego Santilli, mencionó que la posibilidad de conseguir financiamiento le permitiría a las provincias ejecutar obras de infraestructura. Este lunes puso en marcha la emisión “a una tasa de interés fija a licitar, con vencimiento a siete años". El capital se amortizará en tres cuotas anuales y consecutivas, y los intereses se pagarán semestralmente, por períodos vencidos.
La emisión se usará para “mejorar el perfil de vencimiento de deuda de la provincia y efectuar pagos de servicios de deudas, incluida la recompra de cualesquiera y todos los títulos con vencimiento en 2028 y financiar el desarrollo de proyectos de infraestructura y obras públicas, incluyendo la infraestructura en relación con calles, puertos, hospitales, educación, sanidad y vivienda".
En los últimos meses ya emitieron deuda Ciudad de Buenos Aires; Córdoba y Santa Fe, todas con la garantía de coparticipación firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo.
Quintela no paga
El ministro de Finanzas riojano, Jorge Quintero, firmó la nota que anticipó: “El Gobierno de la Provincia de La Rioja informa que no se realizará el pago de capital e intereses de los bonos internacionales con vencimiento en 2028, cuyo servicio 9 opera el 24 de febrero de 2026 en razón de que se continúa con el proceso de negociación con los acreedores para reestructuración de la deuda".
Aportó que, “en oportunidad de producirse novedades relevantes en la mencionada negociación entre los tenedores de los títulos de cita y la Provincia, informaremos debidamente”.
El 24 de febrero de 2024, la provincia, que emitió cuasimonedas (conocidos como “Chachos”, que ya fueron rescatados), debía abonar US$16 millones de capital de un bono en moneda extranjera que fue emitido en 2017 para financiar un parque eólico, que terminó vendiendo. Más adelante tampoco pagó intereses.
En esa oportunidad, la administración de Ricardo Quintela argumentó que “enfrenta desafíos económicos sin precedentes” debido a “la contracción de la economía argentina, la alta inflación y la devaluación del tipo de cambio”. Sostuvo también que la deuda de fondos coparticipables por parte de la Nación, hace que “los ingresos de la Provincia sean insuficientes para cubrir los gastos relacionados con servicios y programas esenciales”.
En abril de ese año, el grupo de bonistas AHG emplazó a la provincia a cancelar la totalidad de la deuda en 14 días, pero no tuvieron novedades. Beauregarde Holdings y Sandglass Select, representados por Quinn; Emanuel Urquhart, representados por el estudio Quinn Emanuel y Urquhart y Sullivan, hicieron una presentación en la Justicia en la que señalaron que el distrito tiene un “historial particularmente atroz de incumplimiento de sus obligaciones financieras”.
Calificaron al incumplimiento de “oportunista” y aseguraron que la provincia no pagó “a pesar de tener un superávit presupuestario del 11% de los ingresos”. En 2021, La Rioja había sido la última provincia en conseguir una reestructuración de deuda.
Calificaron entonces al default como “particularmente escandaloso” porque La Rioja utilizó la mayor parte de los ingresos de los bonos verdes para construir parques eólicos a través de la empresa provincial Parque Eólico Arauco S.A y lo vendió completo a Vientos de Arauco Renovables por US$171 millones a Pampa Energía S.A. Aun así, no pagó.
Los bonistas intentan lograr un juicio sumario en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, un procedimiento rápido para cobrar la deuda, argumentando la violación de los términos de emisión de los bonos. Por el reclamo de Quintela -enfrentado desde el inicio de la administración libertaria con Javier Milei- la Corte Suprema de Justicia habilitó un proceso de conciliación. La provincia alega la pérdida de un punto de coparticipación desde 1988.
