La venta de Impsa: se complica la primera privatización de la era Milei, pero el factor Trump puede ayudar
La empresa estadounidense Arc Energy, interesada en adquirir esas acciones, busca reestructurar la deuda de la firma fundada por la familia Pescarmona; según fuentes al tanto del proceso, en caso de no refinanciar “la mayor parte” de los US$572 millones, el traspaso se demoraría o la firma entraría en quiebra
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La primera privatización de la presidencia de Javier Milei transita horas de incertidumbre en medio de una operación financiera que necesita cerrarse “a contrarreloj” para evitar la quiebra de Impsa, según informó una fuente al tanto del proceso. El 15 de diciembre se espera que el Gobierno dictamine sobre la oferta de casi US$30 millones que recibió de Arc Energy y la acepte con el fin de desprenderse de sus acciones. Pero surgió un problema que puede demorar la venta: la deuda de la firma fundada por los Pescarmona. Ese pasivo es de US$572 millones y, en caso de no reestructurarla, los interesados manifestaron que sería “muy difícil operar la compañía el día después sino hay un reacomodamiento de plazos y reducción del stock”.
Según pudo saber LA NACION, casi el 40% del pasivo de la empresa corresponde a bonos internacionales. “La firma está quebrada totalmente y el Gobierno no quiere poner un peso más”, describieron. De esta manera, Arc Energy debería afrontar esa deuda, en caso de finalmente adquirir el 84,9% de las acciones de la empresa que el Estado y la provincia de Mendoza pusieron a la venta.
Representantes de la firma norteamericana aseguraron a LA NACION que la compra no está en peligro. “Somos optimistas”, dijo una fuente que sigue de cerca la negociación entre Arc Energy y los acreedores de Impsa. De hecho, esta segunda persona afirmó que la compañía estadounidense ya presentó su plan de negocios, incluida su propuesta de reestructuración de deuda. “Los acreedores saben que el final de la historia es esto o nada”, determinó.
Otra arista en medio de esta historia es la que observa la fuente al tanto de ese proceso de reestructuración que, de todas maneras, no resulta sencillo. De hecho, Arc Energy debió contratar en octubre pasado a Adcap Securities para que se encargue de la propuesta de pago de la deuda. “Lo que se necesita es encontrar inversores que quieran comprar esa deuda”, explicaron.
Consultados sobre si necesitan refinanciar la totalidad de los US$572 millones que informaron, respondieron: “La mayor parte”. Y más allá del monto, el tiempo actúa como una dificultad ya que, según indicó esta fuente al tanto del proceso de privatización, el Gobierno tiene tiempo hasta el 15 de diciembre para aprobar la venta. “El proceso licitatorio cuenta con fechas muy exigentes por su corta duración, lo que obliga a todas las partes a negociaciones aceleradas durante estos días”, afirmó.
Pero más allá de esa fecha, desde Arc Energy consideraron que puede haber tiempo hasta febrero inclusive para sellar el final de la negociación con los acreedores de Impsa. Incluso, confirmaron que en caso que el 15 de diciembre el Gobierno adjudique a su favor la venta de acciones, ellos estudian no completar el 100% de ese traspaso hasta tanto no se resuelva la reestructuración.
El trabajo de Arc Energy sobre el pasivo millonario de Impsa comenzó en julio, luego de firmar la carta de intención para adquirirla y después de acceder al data room de la empresa. Esto es como la caja negra, el sitio donde está toda la información sensible de la compañía. Dos meses más tarde, la firma americana presentó la oferta y actualmente trabaja en la sede de la firma fundada por los Pescarmona en Mendoza. Sus representantes estuvieron allí el jueves y el viernes de la semana pasada.
Incluso, al revés de la preocupación financiera, expresaron entusiasmo por los proyectos que presentaron en su plan de negocios, así como por el “alineamiento entre Estados Unidos y Argentina”. Según sostuvo una de las fuentes, algunos accionistas de Arc Energy “tienen buena relación con el círculo íntimo de Donald Trump”.
La historia de la deuda de Impsa
La deuda millonaria tuvo su origen en 2014, producto principalmente de “malos negocios” con Venezuela, cuando se tuvo que hacer un plan para restablecer operaciones, con un pasivo superior a los US$1000 millones, que finalmente se redujo a menos de la mitad. En abril de 2018, el empresario Enrique Pescarmona, de 78 años, tuvo que dar un paso al costado.
El 25 de junio de 2020, el CEO de Impsa le envió una carta al entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para solicitarle ayuda para “garantizar la continuidad de proyectos nacionales de importancia estratégica para la Argentina”.
En diciembre de ese año, el Ministerio de Desarrollo Productivo confirmaba que la empresa había ingresado en el Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos (Paeerp) y que, por lo tanto, el Estado iba a pagar durante cuatro meses el 75% de los salarios de los trabajadores. Finalmente, en mayo de 2021 la gestión del Frente de Todos anunció la capitalización de Impsa junto a la provincia de Mendoza. Tras años y medio después, el Gobierno busca desprenderse de su participación en la compañía.
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