Las condiciones que necesita el país para que ingresen inversiones por US$2300 millones

Como cada año, el sector financiero vuelve a ilusionarse con la posibilidad de que en 2026 la Argentina deje atrás la categoría standalone (estado único) y recupere un lugar más favorable en la clasificación que elabora MSCI, la firma que construye los principales índices bursátiles del mundo. Esto habilitaría el ingreso de al menos US$2300 millones al mercado de capitales local, según el último informe del banco de inversión J.P. Morgan.

La degradación de la categoría se produjo en 2021, en un contexto de fuertes controles cambiarios y de deterioro en la relación con los grandes fondos de inversión. Cinco años después, con varios indicadores financieros más sólidos, en el mercado local crecen las expectativas de que el país pueda recuperar posiciones dentro del esquema internacional. Sin embargo, aún persisten obstáculos relevantes para los inversores institucionales que deberían despejarse para consolidar esa mejora.

El índice MSCI —sigla de Morgan Stanley Capital International— es una referencia clave para millones de inversores al momento de armar sus carteras de acciones. Clasifica a los países en cuatro categorías según su nivel de desarrollo y riesgo: desarrollados, emergentes, de frontera y standalone (independientes). Cuanto mayor es el riesgo asignado a una economía, menor es el volumen de fondos globales habilitados para invertir en ese mercado.

A diferencia de las calificadoras de riesgo como Moody’s o Standard & Poor’s, que determinan sus notas en base a análisis técnicos propios, en el caso de MSCI la decisión final surge del voto de grandes fondos de inversión. Estos se apoyan en informes técnicos elaborados por la firma, pero también ponderan su experiencia operativa y el trato que reciben en cada país. En su mayoría, no se trata de fondos especulativos sino de fondos de pensión.

Hoy la Argentina integra una categoría en la que figuran muy pocos países, entre ellos Trinidad y Tobago, Jamaica, Panamá, Nigeria, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Malta, Ucrania, Botswana y Zimbabwe. Dos escalones más arriba, en la categoría de emergentes, se ubican en cambio sus vecinos: Brasil, Chile, Colombia y Perú, entre otros.

En junio se realizará una nueva revisión. El mercado local espera que el país pueda entrar en la consideración internacional para ascender de categoría, lo que permitiría que un mayor número de fondos globales invierta en acciones argentinas.

Un informe de J.P. Morgan sostiene que las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei —como la reducción de los controles de capitales y la liberalización del mercado cambiario para personas— mejoraron de forma significativa el acceso al mercado argentino y lo posicionan mejor para una eventual reclasificación por parte de MSCI.

Sin embargo, el banco advierte que todavía existen obstáculos importantes, entre ellos ciertas restricciones que afectan a inversores institucionales extranjeros, así como “la necesidad de mayor transparencia regulatoria y estabilidad institucional”. Además, remarca que el cronograma de una posible mejora dependerá de que las reformas se sostengan en el tiempo y continúen después de las elecciones presidenciales de 2027.

J.P. Morgan estima que, si se concreta la reclasificación, podrían ingresar alrededor de US$2300 millones en flujos pasivos hacia acciones argentinas. Ese ingreso de capitales podría convertirse en un impulso relevante para el mercado, dice el banco, no solo por el volumen estimado sino también porque “atraerá a fondos activos que buscarían alinearse con el nuevo índice”.

En este contexto, el banco mantiene su recomendación de “sobreponderar” la Argentina, al considerar que el avance de las reformas podría actuar como catalizador para mayores flujos hacia las acciones locales, aunque insiste en que será clave seguir de cerca la evolución política y regulatoria. “Es cuestión de tiempo”, indicó.

Si se anuncia una consulta en 2026, la Argentina podría ser reclasificada entre 2027 y 2028. Aunque el banco señala que, las elecciones presidenciales de 2027 podrían influir en la fecha del MSCI.

Si bien con la llegada de Milei a la presidencia se flexibilizaron los controles cambiarios aún persisten restricciones para las empresas y no existe plena libertad cambiaria: quienes operan en el mercado oficial no pueden hacerlo en el financiero durante un período determinado, una limitación conocida como “restricción cruzada”.

“A nivel general, siempre se consideran criterios vinculados al país y luego aspectos cualitativos y cuantitativos de las empresas. La realidad es que la Argentina no liberó completamente el cepo. Si bien a partir del ejercicio 2025 las compañías internacionales podrán distribuir dividendos, todavía hay restricciones para las locales y sigue vigente la restricción cruzada”, explicó Norberto Sosa, economista y director de Invertir en Bolsa (IEB), conocedor del funcionamiento del índice.

El actual equipo económico ya tiene experiencia en este terreno. Durante el gobierno de Mauricio Macri, quienes encabezaron el roadshow ante inversores internacionales para impulsar la mejora de la calificación fueron el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y el hoy canciller Pablo Quirno. La estrategia dio resultado en 2018, cuando la Argentina ascendió de “mercado de frontera” a “mercado emergente”, aun en un año marcado por el inicio de la crisis financiera y el regreso al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ahora, bajo el mandato de Milei, el Gobierno organizará un roadshow el mes próximo en Nueva York, cuando se lleve adelante la “Argentina Week”, donde participará el propio Presidente, varios de sus ministros y algunos de los mayores banqueros del mundo como Jamie Dimon, CEO de J.P. Morgan, quien ayudó en la organización del evento.

Una vez definida la categoría de cada país, MSCI evalúa qué compañías cumplen con los requisitos técnicos para integrar el índice, en función de su liquidez y capitalización bursátil. Entre las firmas argentinas que suelen aparecer como candidatas figuran YPF, Vista, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, Pampa Energía, TGS, Central Puerto y BBVA Argentina.

Por Sofía Diamante

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