
Las paradojas del ajuste
La etapa económica, política y social de la Argentina está atravesada por el ajuste que el Gobierno despliega frente al cuadro de escasez de divisas, (donde los vencimientos de deuda son de casi US$ 20.000 millones y las reservas netas de menos de US$ 18.000 millones) a partir de dos medidas precisas: a) La devaluación de principios de año (de 23% en enero y con un acumulado anual de 60%), y b) la duplicación de la tasa de interés (de 14% a 28/30%), que impactan reduciendo el salario en dólares y achicando el nivel de actividad doméstica. No se trata de efectos no deseados, sino por el contrario, del objetivo explícito que busca la estrategia del ajuste en tanto intenta garantizar los dos requerimientos básicos de los factores de poder de la Argentina: 1) recomponer las rentas en dólares de los principales actores económicos (y en primer lugar de la cúpula empresarial, y por eso es el ajuste en el salario en dólares); y 2) garantizar el saldo comercial necesario para afrontar los compromisos de deuda (de ahí que el aumento de la tasa de interés busque ajustar el nivel de actividad y reducir el volumen de las importaciones).
Al ser el ajuste una estrategia de la comunidad de negocios, las expresiones políticas que configuran la oposición conservadora al gobierno nacional se enfrentan con una dificultad: la de no poder rechazar esta estrategia. Más aún, estas variantes opositoras enarbolan una crítica respecto de lo incompleto del ajuste en curso. Es común escuchar sus demandas en dos aspectos precisos: 1) Plan antiinflacionario de la mano de los programas conocidos como "metas de inflación", y 2) Ajuste fiscal, traducido en términos de quita de los subsidios a la energía, gas y agua, con el consiguiente aumento de las tarifas de estos servicios públicos. Medidas éstas que completarían el ajuste profundizando la recesión, y que implicarían "hacer el trabajo sucio" para el próximo gobierno, dilapidando el menguado consenso social que aún le queda a la presente gestión gubernamental.
Ahora bien, al inscribirse en un escenario electoral el compromiso con el ajuste por parte de la oposición conservadora, queda impedido cualquier acuerdo explícito del oficialismo con opositores. La paradoja radica en que, acordando con el ajuste, el sistema político dominante no es capaz de cerrar filas expresas en torno a él. Es esta imposibilidad de bancar el ajuste la que le agrega un rasgo de inestabilidad a la estrategia, puesto que no es capaz de ilegalizar del todo el conflicto social que trae aparejado.
En términos sociales, lo que ha sido el reflejo del ajuste fue el crecimiento de la conflictividad, cuyas expresiones más claras en los últimos días lo constituyen: la dificultad para resolver el conflicto docente; el reciente paro y movilización de la CTA de Pablo Micheli y el paro previsto para abril por Moyano y Barrionuevo. Mayor conflictividad que, a pesar de aprovechar las fisuras que el sistema presenta al no poder "Pactar el Ajuste", se enfrenta con una solapada estrategia represiva que busca criminalizar la protesta social. En efecto, desde el resultado objetivo del acuartelamiento policial (mayor financiamiento y salarios), pasando por la mayor presencia de fuerzas represivas en el territorio, y con la coronación de Milani al mando del Ejército (lo cual supone la subordinación de la inteligencia civil a la conducción militar), el argumento del combate al narcotráfico y a la delincuencia se va transformando en un control represivo concreto por parte de las fuerzas de seguridad. Tales fueron los casos de represión en los conflictos de Misiones, Chaco y Chubut, entre otros. Se trata de una estrategia represiva que incluso empieza a observarse en el plano del discurso presidencial con la idea de "protestas en las veredas sin molestar, como en Nueva York". O, con el pretendido intento de instituir normas que regulen los cortes de calles o rutas.
A las paradojas del ajuste que producen inestabilidad, se le agregan las contradicciones y dificultades que esta estrategia conlleva. Al realizar el Gobierno un ajuste incompleto para las demandas de la cúpula, le abre la puerta, por vía de la suba nominal de salarios (de 30%, o sea por debajo de la inflación que de mínima es de 35%) a una nueva presión para que se devalúe, por parte de la cúpula empresarial, con el objetivo de recuperar las rentas en dólares que el aumento nominal de los salarios tiende a disminuir. Al mismo tiempo, al no practicar o postergar el ajuste que los acreedores le demandan sobre las tarifas de servicios públicos, el Gobierno dificulta la obtención del superávit primario que los acreedores pretenden para comprar el saldo comercial, sin recurrir a la esterilización monetaria con su impacto en el aumento de la tasa de interés y o en la de la inflación.
Está claro cuáles son las contradicciones sociales y dilemas que constituyen el punto ciego de la estrategia del ajuste, en tanto su despliegue no sólo no las resuelve sino que las exacerba. Sólo con una renovación y una democratización del sistema político se puede dar cuenta de los desafíos que se ciernen sobre nuestra sociedad. La Argentina no necesita "perfeccionar el ajuste", sino trabajar en un acuerdo político que siente las bases para una salida popular y democrática de la crisis.
El autor es diputado nacional






