Fuerte retroceso de las transferencias discrecionales a la provincias

Para algunos, eran un mecanismo para asistir a las provincias en tiempos de necesidad; para otros, una herramienta que tenía como único objetivo disciplinar a los gobernadores díscolos. El uso discrecional por parte de sucesivos gobiernos nacionales de fondos no incluidos en la coparticipación fue una constante en los últimos 20 años. Ahora, una carta de la Jefatura de Gabinete afirma que esa era llegó a su fin.

El texto, titulado Más provincia, más Nación: El camino de la Argentina hacia el federalismo fiscal , dice que al tomar posesión del Poder Ejecutivo, la actual administración se encontró con un sistema que, durante años, castigaba o beneficiaba a las provincias de acuerdo con su inclinación política. Entre 1993 y 2001 el promedio de transferencias discrecionales de Nación a provincias fue de medio punto del PBI por año, cifra que trepó hasta un punto y medio en el período comprendido entre 2003 y 2015.

Este esquema se construía sobre dos pilares: la creación de tributos que no se coparticipaban o solo se coparticipaban parcialmente, como las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque, en algún momento responsables por el 20% de la recaudación nacional. La otra fue la estatización del sistema previsional, que según el área comandada por Marcos Peña fue utilizada "para financiar una variedad de acciones en las provincias, también decididas discrecionalmente desde Buenos Aires, como la construcción de viviendas o el reparto de computadoras".

"Este sistema impredecible destruyó las capacidades de las provincias de planificar su presupuesto y realizar una gestión adecuada -detalla el documento-. Por eso no sorprende que algunas de las provincias más favorecidas por las transferencias arbitrarias, como Santa Cruz y Chaco, estaban entre las que peor situación financiera mostraban. En cambio, varias de las que habían sido ‘castigadas’, como Córdoba y San Luis, eran las que mostraban una situación financiera más robusta."

El plan del Gobierno para combatir esta modalidad comenzó en mayo de 2016, cuando acordó devolverle a las provincias el 15% de Anses en cinco años. En noviembre dio otro importante salto cuando firmaron el Consenso Fiscal con 23 provincias (exceptuando San Luis) que incluía un compromiso para reducir impuestos distorsivos y controlar los gastos de las gobernaciones, estableciendo asimismo cambios en el reparto de la coparticipación.

Jefatura de Gabinete afirma que gracias a su programa, las transferencias automáticas a las provincias llegarán este año al 43% de la recaudación federal (cifra que no incluye las contribuciones a la seguridad social), la mayor desde el 42% de 1998. Del total, el Gobierno administrará el 20% de los fondos, la mitad de lo que se quedaba entre 2003 y 2015. Otro 33% irá a las provincias, mientras que el 47% restante se destinará a jubilaciones y programas sociales.