Ley de criptomonedas: qué dicen los proyectos que buscan regularlas

Licencias para operar, información obligatoria para los usuarios y sanciones a cargo de organismos oficiales son algunas de las pautas del proyecto de ley para regular criptomonedas que fue presentado recientemente por un diputado opositor. La reacción de los afectados fue mala, dado que generó sorpresa y rechazo en la comunidad de los traders y usuarios de estas plataformas.

La iniciativa propone generar un "marco legal" para la operación con criptoactivos y otras herramientas que operan en blockchain, la compleja estructura de datos descentralizada que acumula información en bloques utilizando elementos criptográficos para su registro. Sobre esa red funcionan activos como bitcoin, ethereum y otras monedas virtuales, foco regulatorio de la nueva norma.

En sus 13 artículos, la autodenominada Ley de Criptoactivos define los conceptos sobre los que se aplicará la normativa, y establece que las firmas que operen en el sector deberán contar con una licencia oficial, expedida por "la autoridad competente", mecanismo con el cual apuntan a brindar mayor transparencia al funcionamiento del sector.

Según Ignacio Torres (PRO), autor del proyecto, esto aplicará a las firmas que estén radicadas o tengan actividad en el país. Además, la norma designa al Banco Central, la Unidad de Investigación financiera o la CNV como las entidades que podrán sancionar o revocar las licencias operatorias si hubiera incumplimientos.

"No estamos creando impuestos o regulando, sino haciendo un marco legal donde se reconoce a los criptoactivos como activos financieros, para darles seguridad a los usuarios. No es el objetivo burocratizar, sino todo lo contrario", dice el diputado chubutense en respuesta a las críticas que generó su iniciativa en redes sociales y los usuarios activos de criptomonedas.

A su vez, la norma busca establecer una serie de mensajes, información y advertencias que las entidades deberán acercar a sus clientes, en un esquema similar al que rige para la operación de bancos y otras entidades financieras tradicionales.

El diputado insistió en que su iniciativa no implica costo fiscal. "No involucra ningún tema sensible o cuestiones sofisticadas que generen resistencia en el Ejecutivo y eso nos da lugar para avanzar en esta agenda blanda. No debería haber problemas para generar consensos", se entusiasmó el legislador, en referencia al diálogo dentro de Juntos por el Cambio y los bloques de otras fuerzas políticas.

El proyecto, indicó Torres, apunta a su aprobación en 2021. El plan del diputado es acelerar su tratamiento en comisiones para conseguir el dictamen y así insistir con su presentación para incluir la iniciativa dentro del temario de sesiones extraordinarias.

"Vamos a poder avanzar porque no va a tener tantos giros. Es probable que este año no salga la ley, pero sí a principios de 2021", dijo el chubutense, quien dijo haber mantenido reuniones con universidades, empresas del sector, startups y la Cámara Argentina Fintech. No obstante, consultada por este medio, la asociación que representa a los jugadores del sector alegó que no se reunió con el legislador.

Además del proyecto de Torres, en Diputados también ingresó una iniciativa para el sector que fue presentada por los legisladores Liliana Schwindt y Marcos Cleri, del Frente de Todos. La propuesta ingresó hoy en su trámite, toma fundamentos similares y designa a la Comisión Nacional de Valores (CNV) como autoridad de aplicación.

"Es un tema que irrumpió y se expande, pero sobre el que hay mucho desconocimiento en el mundo legislativo. Una forma de cambiar esto es presentar el proyecto para que se debata y que todos tengan conocimiento, y eso lleve a que empresas e inversores se interesen y puedan intervenir para mejorarlo", dijo Schwindt a LA NACION.

Según indicó la diputada nacida en Olavarría (Buenos Aires), su proyecto está basado en las conclusiones de un trabajo realizado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales (I.E.E.R.I.) del Circulo de Legisladores de la Nación Argentina, del que ambos legisladores son miembros. Ese proyecto, sostuvo Schwindt, condensó las ideas de alumnos de universidades, y apunta a cuatro principios: protección al consumidor; la prevención del fraude y otras actividades delictivas, promoción de la competencia privada y la innovación tecnológica.

Regulación o prohibición

Entre los fundamentos del proyecto de ley, Torres argumenta que son muchos los países que ya legislaron al respecto y establecieron parámetros para la comercialización de criptoactivos. Uno de los impedimentos para su adopción, dice, es la falta de normas que rigen su introducción en el área de los negocios. "La naturaleza constantemente cambiante del marco legal y el temor de verse atrapado en disputas legales con las autoridades reguladoras, especialmente las fiscales, está obligando a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas de todo el mundo a trabajar con la tecnología blockchain desde el ostracismo", añade.

En este sentido, Ignacio Carballo, director del Ecosistema de Programas Fintech & Digital Banking de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina (UCA) e investigador de finanzas alternativas, asegura que el debate por la regulación se está dando a nivel global desde hace algunos años, a medida que los bancos centrales de diversos países avanzan en la creación de monedas fiat digitales. Se busca cómo conjugarlas con el sistema financiero tradicional. La alternativa, en definitiva, es la prohibición, una medida que se analizó este año en países como India.

"En la Argentina todavía no sabemos qué es cripto, qué es un token ni qué es una moneda virtual", advierte Carballo. "El primer paso para pensar en la institucionalización del sector es definirlo, marcar los laterales", sigue, y añade que, hacia adelante, sería interesante ver si esto podría desembocar en la creación de un "peso digital" o en la inclusión de los bancos argentinos como agentes de resguardo, como sucedió o se debatió en otros países.

Solapadamente, en su proyecto el diputado menciona un riesgo relacionado con el lavado de activos y financiación del terrorismo. En la Argentina, y más recientemente, la Unidad de Información Financiera (UIF) puso el ojo sobre los criptoactivos. No es casualidad: este año, el uso de criptomonedas -y sobre todo de stablecoins como la DAI, USDC y USDT, atadas a la cotización del dólar- creció exponencialmente en el país.

Por caso, DAI llegó a picos de máxima popularidad en búsquedas de Google en mayo, julio y septiembre de este año, coincidentes con fechas en las que hubo anuncios de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central que restringieron la compra de dólares tanto en el mercado oficial como en el financiero.

Además, por su historial inflacionario y los problemas con su moneda, la Argentina es uno de los países que más interés demuestra por los criptoactivos. El sitio CoinMap, que recopila datos de varias ciudades del mundo, nombró a Buenos Aires la mejor "criptociudad" del continente, y aseguró que es una de las urbes con mayor adopción de este tipo de activos.

En mayo de este año, la UIF advirtió que hay maniobras con activos digitales que podrían haberse efectuado por personas que buscaban evitar el sistema preventivo de lavado de activos. En este sentido, el organismo liderado por Carlos Alberto Cruz comenzó a recabar información de los principales agentes involucrados en el mercado de criptoactivos, con el fin de identificar a los principales actores y el volumen de las transacciones realizadas.